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La agenda de seguridad de Kast vuelve a dividir a la oposición: Las diferencias que podrían favorecer al Gobierno

El Socialismo Democrático anticipa disposición para tramitar las iniciativas, mientras el FA y el PC expresan reparos al contenido de la ACOT.

06 de Agosto de 2026 | 15:45 | Por Gabriela Valdés, Emol
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ATON Chile.
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) aún no ingresa del todo al Congreso, pero ya comenzó a evidenciar las distintas posturas que existen al interior de la oposición en materia de seguridad.

Las primeras reacciones tras la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast mostraron un escenario que se ha repetido en los últimos meses: mientras el PS y el PPD manifestaron disposición a discutir las iniciativas y alcanzar acuerdos con el Ejecutivo, el Frente Amplio y el Partido Comunista cuestionaron el contenido de los anuncios y advirtieron que el plan deja fuera materias que consideran esenciales.

Se trata de una diferencia que podría resultar clave para el Gobierno. La ACOT contempla más de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional, la que requerirá un quórum de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, superior a los votos con que hoy cuenta el oficialismo, por lo que La Moneda deberá necesariamente conseguir apoyos en la oposición para sacar adelante uno de los ejes de su agenda de seguridad.

Dos miradas


Desde el Partido Socialista, el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad Raúl Leiva valoró que el Ejecutivo pusiera la seguridad pública como prioridad, aunque sostuvo que hubiese sido preferible desarrollar un trabajo prelegislativo con las comisiones especializadas antes del anuncio.

"Los anuncios que realiza el Presidente dan cuenta, de manera inconexa, de muchos proyectos de ley que están en actual tramitación y otros proyectos que esperamos poder conocer. Idealmente, el haber tenido un trabajo prelegislativo con las comisiones de Seguridad de manera transversal en ambas cámaras hubiera sido ideal para avanzar", afirmó.

Pese a ello, manifestó disposición a tramitar las iniciativas, señalando que "esperamos conocer los proyectos de ley y darles una adecuada tramitación, pero proyectos que entreguen mayores herramientas de persecución criminal y no solo un aumento de penas que, en definitiva, no tiene una sanción efectiva".

Una postura similar expresó el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, quien aseguró que existe una "predisposición positiva" para analizar el paquete legislativo.

"Vamos a analizar cada proyecto en su mérito, punto por punto", sostuvo. No obstante, advirtió que "el gran ausente de esta megarreforma de seguridad es el alzamiento del secreto bancario. No se puede perseguir la ruta del dinero, no se puede atacar el corazón del crimen organizado si no debilitamos su poder económico".

Los reparos


Una visión distinta manifestaron el Frente Amplio y el Partido Comunista.

La diputada Tatiana Urrutia (FA) cuestionó que entre los anuncios no se incluyeran medidas para fortalecer el control de armas, los puertos, el combate a la corrupción o la persecución financiera de las organizaciones criminales.

"Sin golpear el corazón financiero y logístico del crimen organizado, los anuncios pueden generar expectativas que no den resultados. Ojalá el Gobierno escuche, porque nosotros estamos disponibles para legislar bien", sostuvo.

Por su parte, el diputado Bernardo Salinas (PC) afirmó que el Ejecutivo "ha perdido un tiempo valioso" y acusó que la agenda presentada corresponde a "acciones y programas inconexos", insistiendo además en que el levantamiento del secreto bancario debe ser parte de la estrategia para enfrentar al crimen organizado.

Un patrón que se repite


Las diferencias que comenzaron a aflorar tras la presentación de la ACOT no son nuevas.

Por el contrario, reflejan un comportamiento que se ha repetido durante los primeros meses del Gobierno de José Antonio Kast, donde las principales iniciativas en materia de seguridad han encontrado una oposición dividida entre el Socialismo Democrático y el eje conformado por el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Uno de los primeros episodios se produjo con la renovación del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur.

En esa oportunidad, mientras parlamentarios del PS y el PPD respaldaron la medida argumentando la necesidad de entregar herramientas al Estado para enfrentar la violencia en la zona, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista surgieron reparos al uso permanente de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior.

La misma dinámica se repitió durante la discusión del proyecto de Escuelas Protegidas, impulsado por el Ejecutivo para fortalecer las facultades de directores y sostenedores frente a hechos de violencia en establecimientos educacionales.

Nuevamente, el Socialismo Democrático terminó entregando votos clave para la aprobación de la iniciativa, mientras sectores del Frente Amplio y el PC cuestionaron el alcance de las medidas propuestas.

Algo similar ocurrió con la reforma constitucional que permitió ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas durante estados de excepción y, más recientemente, con la denominada Ley Naín-Retamal 2.0, que extiende la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales y de Gendarmería cuando actúan de franco.

En ambas discusiones, el PS y el PPD respaldaron mayoritariamente los proyectos del Ejecutivo, mientras que el Frente Amplio y el Partido Comunista mantuvieron una postura crítica o derechamente votaron en contra.

Las diferencias, de hecho, trascienden el actual período legislativo. Hacia el final del gobierno del expresidente Gabriel Boric, la absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo reabrió el debate sobre la Ley Naín-Retamal y terminó profundizando las tensiones entre ambas almas de la izquierda.

Mientras dirigentes del Frente Amplio responsabilizaron al Socialismo Democrático de haber facilitado la aprobación de esa legislación, desde el PS defendieron su decisión, argumentando que fortalecer las herramientas de las policías era una demanda ciudadana que no podía seguir postergándose.

Con ese antecedente, la tramitación de la ACOT aparece como un nuevo test para la oposición. Si bien todos los sectores han manifestado disposición a combatir el crimen organizado, las primeras reacciones evidencian que persisten diferencias respecto de las herramientas que debe privilegiar el Estado para enfrentar la delincuencia y el terrorismo.
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