A poco más de dos años de la promulgación de la Ley Karin, un grupo de diputados ingresó un proyecto de ley que propone suspender por cinco años los efectos de la normativa, argumentando que su diseño ha provocado un colapso en el sistema de denuncias laborales y ha dificultado la protección efectiva de las víctimas.
La iniciativa fue presentada por el diputado Erich Grohs junto a las firmas de Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré (Partido Nacional Libertario), Diego Vergara (Partido Republicano) y Daniel Valenzuela (independiente de la bancada de RN). Además, cuenta con el respaldo del diputado Patricio Briones (PDG), aunque su firma no pudo incorporarse por un problema digital.
El proyecto plantea suspender transitoriamente las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.643 y restablecer, durante ese período, las normas laborales que regían antes de su entrada en vigencia.
No obstante, establece que los derechos adquiridos y todas las denuncias e investigaciones ya iniciadas continuarán tramitándose conforme a la legislación vigente al momento de su ingreso.
Argumentan saturación del sistema
Entre los fundamentos de la moción, los parlamentarios sostienen que la Ley Karin permitió visibilizar situaciones de acoso que antes permanecían sin denunciar, pero aseguran que la respuesta institucional superó ampliamente la capacidad de los organismos encargados de aplicarla.
Según se expone en el proyecto, a diciembre de 2025 el sistema acumulaba más de 66 mil denuncias, manteniendo un promedio cercano a las 22 mil por semestre, lo que, a juicio de los autores, evidencia que el problema responde al diseño de la normativa y no únicamente a dificultades de implementación.
Asimismo, citando antecedentes de la Dirección del Trabajo y de la Superintendencia de Seguridad Social, la iniciativa señala que entre agosto de 2024 y junio de 2025 ingresaron 44.212 denuncias, de las cuales solo un 42% fue preclasificado como materia propia de la Ley Karin. Además, en las investigaciones concluidas, únicamente un 21,3% terminó constatando la existencia de una vulneración.
Los diputados atribuyen esta situación, entre otros factores, a la eliminación del requisito de reiteración para configurar el acoso laboral, la amplitud de conceptos como "violencia en el trabajo" y la inexistencia de una etapa de admisibilidad que permita filtrar denuncias que no corresponden al ámbito de la ley. A su juicio, ello ha convertido el procedimiento en una vía para canalizar conflictos laborales de diversa naturaleza, saturando a la Dirección del Trabajo.
El texto agrega que esta sobrecarga ha generado demoras que, en algunos casos, alcanzan entre seis y nueve meses para concluir una investigación, afectando tanto a quienes presentan denuncias fundadas como a las personas denunciadas, al prolongar innecesariamente los procedimientos.
"Abrir una discusión responsable"
El diputado Erich Grohs sostuvo que, si bien la Ley Karin nació para enfrentar un problema real, la evidencia demuestra que el sistema "está funcionando con serias dificultades".
"Cuando una parte importante de las denuncias termina no correspondiendo a materias propias de la ley y las investigaciones se extienden durante meses, tenemos la obligación de revisar si el diseño normativo está cumpliendo efectivamente su objetivo", afirmó.
El parlamentario enfatizó que la propuesta no busca dejar desprotegidos a los trabajadores, sino generar un período que permita corregir las falencias detectadas.
"Lo que proponemos no es desproteger a los trabajadores, sino abrir una discusión responsable sobre una legislación que ha generado una carga muy superior a la prevista para las instituciones encargadas de aplicarla. Necesitamos una normativa que proteja eficazmente a las víctimas, pero que también entregue certezas jurídicas, procedimientos oportunos y resguardos frente a denuncias que no corresponden al espíritu de la ley", concluyó.
De acuerdo con el proyecto, durante el período de suspensión el Congreso podría revisar aspectos como el umbral para configurar el acoso laboral, la definición de los conceptos incorporados por la ley, la creación de un mecanismo de admisibilidad para las denuncias y la incorporación de resguardos frente a acusaciones de mala fe, manteniendo mientras tanto la protección laboral contemplada en la normativa anterior.
