En prisión preventiva quedó un hombre que es acusado de un brutal episodio de violencia contra su expareja, a quien habría secuestrado, violado y agredido gravemente en Santa Bárbara, comuna del Biobío.
Según los hechos acusados por la fiscal Ana María Molina, la agresión se registró el pasado 7 de julio, cuando la víctima concurrió junto a sus padres al domicilio de su expareja, ubicada en el sector rural La Peña, con el propósito de recuperar una motosierra que le fue prestada al imputado.
Como excusa para entregar la herramienta , el sujeto impuso que la víctima debía quedarse conversando con él, instando a los padres a abandonar el inmueble.
Desde esa jornada y por un periodo superior a 15 días, la mujer estuvo privada de libertad.
"También recibió una gran cantidad de maltratos de diversa índole, entre ellos, fue amenazada, insultada, golpeada; también se utilizaron diversos elementos como herramientas y cuchillos para amenazar y herir", relató la fiscal.
"De acuerdo al relato de ella, fue drogada y, en un hecho particularmente grave, el imputado le rasuró la cabeza, le cortó el pelo al ras, lo que ya es un elemento de agresión que habla de un machismo, de un sometimiento, de querer denigrarla y maltratarla hasta con su imagen", agregó.
La víctima fue golpeada con un martillo en su cabeza, además de recibir heridas en sus piernas con un alicate.
Además, le lanzaba un palo de coligüe que tenía una punta cortopunzante, tipo lanza, que ella debía esquivar.
La mujer logró liberarse cuando unos familiares fueron hasta la casa del imputado para comunicarle que la madre de ella había fallecido.
El Ministerio Público atribuye al imputado responsabilidad en calidad de autor de secuestro con violación, en contexto de violencia intrafamiliar y de violencia de género; amenazas de muerte, en el mismo contexto, y lesiones, conforme a las disposiciones del Código Penal y de las leyes sobre violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.
El Juzgado de Garantía de Santa Bárbara le impuso la prisión preventiva al imputado y otorgó un plazo de cuatro meses a la Fiscalía para finalizar la investigación.