El proyecto de reforma constitucional en seguridad impulsado por el Presidente José Antonio Kast podría tener efectos en una de las iniciativas que más dificultades ha encontrado durante su discusión en el Congreso: el Registro de Vándalos e Incivilidades.
La propuesta del Ejecutivo que ingresará este martes al Senado con suma urgencia, contempla incorporar un nuevo artículo 9 bis a la Constitución, destinado a establecer un marco para que la legislación pueda fijar determinadas restricciones respecto de personas condenadas por ciertos delitos y la pérdida de derechos o beneficios sociales.
El punto podría adquirir relevancia en la discusión del registro, considerando los cuestionamientos que han surgido respecto de la proporcionalidad de las conductas que se incluirían y de las consecuencias asociadas a ellas.
El proyecto del Registro de Vándalos fue aprobado en general por la Comisión de Seguridad con siete votos a favor, cinco en contra y una abstención. Sin embargo, durante su discusión la instancia recibió a 23 entidades y expertos, sin que ninguno respaldara íntegramente la iniciativa. Además, los siete votos favorables no fueron acompañados de una fundamentación durante la sesión.
En ese contexto, la reforma constitucional podría entregar un nuevo marco para que el legislador establezca diferencias de trato y determinadas restricciones, siempre que estas no sean consideradas arbitrarias y no afecten los derechos "en su esencia".
La materia cobra especial importancia por un antecedente reciente: durante la tramitación de Escuelas Protegidas, el Gobierno intentó establecer una inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria para determinadas personas, disposición que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional por siete votos contra tres.
El nuevo artículo 9 bis y las restricciones a condenados
La reforma constitucional contempla, además, una inhabilidad de 15 años para acceder a mecanismos como la libertad condicional y otros beneficios penitenciarios. También busca establecer un marco para permitir tratamientos diferenciados respecto de personas condenadas por determinados delitos.
Entre las materias que podrían quedar comprendidas se encuentran los regímenes penitenciarios especiales para condenados por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.
El alcance de esta disposición, sin embargo, deberá ser definido durante la discusión legislativa. Uno de los puntos que deberá resolverse es si las restricciones quedarán limitadas a ese tipo de delitos o si el nuevo marco permitirá al legislador extenderlas a otros ilícitos.
El Presidente Kast defendió la inclusión de esta materia en su reforma y planteó el debate sobre la posibilidad de que personas condenadas por delitos particularmente graves mantengan determinados beneficios estatales.
"Se va a discutir si es que un asesino en serie tiene un beneficio del Estado, si corresponde o no que lo siga recibiendo, pero ahora todo va a ser parte del debate parlamentario", señaló el Mandatario en entrevista con 24 Horas.
En la misma línea, Kast sostuvo que la reforma tiene un carácter integral y que junto con las modificaciones relacionadas con los beneficios y el régimen penitenciario abordará otras herramientas para enfrentar al crimen organizado y el terrorismo.
"El tema del régimen penitenciario, el tema de la destrucción, el decomiso, el uso de algunos bienes del crimen organizado, un estado de excepción especial y acotado para combatir el terrorismo y el crimen organizado. Todo eso ahora entra a un debate legislativo y espero que prime siempre el interés de Chile", agregó el Mandatario.
