Ayer miércoles quedó formalmente constituida la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que revisará las actuaciones de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, durante los 69 días que permaneció al frente de la cartera.
La instancia eligió como presidente al diputado Raúl Leiva (PS) y acordó invitar a la exsecretaria de Estado para que comparezca el próximo lunes 17 de agosto a las 19:30 horas.
La citación adquiere especial relevancia debido a que un día después, el martes 18 de agosto,
vence el plazo constitucional para que los diputados presenten una eventual acusación constitucional en contra de la exministra, herramienta que hasta ahora no ha sido descartada por sectores de oposición.
Tras asumir la presidencia de la comisión, Leiva sostuvo que la comparecencia de Steinert resulta necesaria porque "la corporación aprobó la constitución de esta Comisión Especial Investigadora" y porque existe "un informe en la Contraloría General de la República que da cuenta de un actuar fuera de las atribuciones de la autoridad que presidía el Ministerio de Seguridad".
Cabe recordar que el dictamen de Contraloría concluyó que Steinert excedió sus atribuciones y vulneró su deber de abstención al solicitar información a la PDI respecto de funcionarios vinculados a la investigación del denominado "Clan Chen".
El parlamentario agregó que también buscan revisar las decisiones adoptadas durante el breve paso de Steinert por el ministerio. "Nos parece también importante abordar las materias de seguridad. El que solo 69 días estuvieran en un mandato la propia ministra Steiner y sus dos subsecretarios da cuenta de la improvisación en materia de seguridad", afirmó.
Leiva fue más allá y vinculó la discusión con la agenda que actualmente impulsa La Moneda. "Hoy día, a mi juicio, y esto es una opinión política, el gobierno está tratando de sentar un manto de duda o de opacidad presentando reformas constitucionales que no dicen relación con la problemática de seguridad", señaló.
Respecto de una eventual acusación constitucional, el diputado indicó que se trata de una facultad autónoma de los parlamentarios. "Es un ejercicio autónomo que tienen las y los diputados de presentar, y se verá. Se requieren solo 10 firmas", sostuvo, insistiendo en que la comisión busca otorgar a la exministra la posibilidad de entregar explicaciones antes de que expire el plazo.
En la misma línea, la diputada Tatiana Urrutia (FA) aseguró que la decisión sobre una eventual acusación será evaluada durante los próximos días. "Siempre dijimos que cerca de la fecha que se cumple este martes íbamos a tomar la decisión. Nosotros decidimos, para hacer memoria, interpelar a la ministra. Este Congreso había decidido ingresar una interpelación. Al día siguiente el gobierno la sacó de su cargo", afirmó.
La parlamentaria agregó que "hemos sido muy prudentes con el gobierno, dado todos los espacios para la conversación", aunque advirtió que "valoremos en su momento la acusación constitucional. Es algo que no hemos descartado".
Ingreso de la reforma al Senado
El escenario se produce justo cuando el Ejecutivo busca instalar en el Congreso la discusión de la reforma constitucional que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
La iniciativa, la cual se debería dar cuenta en la Sala del Senado ese mismo martes, contempla cambios de amplio alcance, entre ellos la incorporación de la seguridad pública como deber del Estado, la creación de un nuevo estado de excepción para enfrentar organizaciones criminales, regímenes penitenciarios diferenciados para condenados por narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, registros de organizaciones criminales y nuevas herramientas para la incautación de bienes.
Sin embargo, en el Congreso algunos observan que una eventual acusación constitucional contra quien estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad podría terminar desplazando el foco político y mediático desde la reforma impulsada por Kast hacia las responsabilidades de la exministra.
El escenario también podría tener efectos sobre el "debut parlamentario" del actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien se espera que durante las próximas semanas tome el protagonismo de la agenda de seguridad del Ejecutivo.
De concretarse la ofensiva parlamentaria, la discusión sobre la responsabilidad política de la exministra podría instalarse en paralelo al inicio del debate de una de las principales apuestas legislativas del Gobierno en materia de seguridad, generando un nuevo frente para La Moneda en momentos en que busca concentrar la atención en su agenda contra el crimen organizado.
