La fiscal Constanza Encina, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, indicó este jueves que la causa sobre eventuales irregularidades en la licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) podría extenderse a otras regiones del país.
La indagatoria se centra actualmente en la Región de O'Higgins, donde se detectaron pagos por hasta $14 mil millones a la empresa SOSER S.A. por raciones de alimentos que no se entregaron a estudiantes. No obstante, Encina advirtió: "Creemos que la investigación va a dar cuenta de que también ocurría en otras regiones del país".
Esta mañana, un equipo de fiscales, liderados por Encina, y la Policía de Investigaciones,
llevó a cabo una orden de medidas intrusivas en las oficinas de la Junaeb en Santiago Centro.
"Esta diligencia tiene como fundamento una orden judicial de entrada y registro de varios domicilios, de más de 10. Fue una diligencia que catalogamos como exitosa, logrando obtener todos los medios que necesitábamos", manifestó la persecutora.
La causa fue declarada reservada e indaga los delitos de fraude al fisco, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y otros delitos de corrupción.
Las medidas intrusivas también se ejecutaron en el Congreso Nacional, donde se incautaron documentos y equipos desde los despachos de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Ind.).
"En este caso, la solicitud que se efectuó con los parlamentarios tiene relación con delitos que nosotros consideramos que pueden enmarcarse en cohecho", dijo Encina.
Cabe mencionar que el director de la Junaeb, Fernando Peña declaró más temprano que los legisladores habrían recibido coimas, aunque no profundizó los detalles.
Por su parte, el prefecto David Castro, jefe de la Brigada de Investigación de Delitos Económicos Metropolitana señaló: "Este es un trabajo multidisciplinario que está haciendo la PDI con la fiscalía, además de trabajar con la Brigada de Delitos Económicos, la Brigada de Anticorrupción y la Brigada de Delitos Contra la Salud y Medio Ambiente".
"Se desplegaron más de 80 funcionarios a nivel de Chile específicamente en diferentes comunas de la Región Metropolitana y también en las ciudades de Iquique, de Copiapó, de La Serena y de Coyhaique. Se logró finalmente la incautación de diferentes dispositivos móviles como computadores, teléfonos y también documentos de relevancia", agregó.
