Con la plena consciencia de que no están llegando al mínimo de votos necesarios en el Senado para aprobar la reforma constitucional en seguridad, el gobierno abrió la negociación con los parlamentarios oficialistas en orden a modificar aspectos del proyecto.
El sector no solo ha sincerado diferencias con la propuesta del Ejecutivo, sino que ha acusado falta de trabajo prelegislativo. "Se antepuso lo comunicacional", reprochó hoy el senador Andrés Longton (RN), tras reunirse con el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
En la línea de reforzar ese diálogo, el secretario de Estado recibió esta mañana a parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI en aras de recoger las propuestas de modificación a la reforma. Esto, a un día de que el oficialismo abriera el debate sobre indicaciones al proyecto.
Las principales propuestas, son las presentadas ayer por Longton y el senador Arturo Squella (Rep), ambos integrantes de la comisión de Constitución del Senado y representantes de las posturas más disímiles del oficialismo sobre el proyecto. Mientras el presidente de republicanos defiende la iniciativa a fuego y hasta aseveró que no hay que descartar la opción de convocar a plebiscito en caso de rechazarse, el senador RN ha sido la principal voz díscola de la reforma.
Este jueves, los legisladores pidieron acortar los tiempos del estado de excepción constitucional de seguridad pública. En lugar de los 120 días de plazo, decretados por el Presidente de la República, con capacidad de prorrogarlos por el mismo tiempo, los senadores piden que se decrete con acuerdo del Mandatario con el Congreso desde el primer momento y sujeto a revisión cada 30 días.
También manifestaron como conveniente el dejar fuera de la propuesta la afectación a las comunicaciones, que incluye la herramienta.
En el Ejecutivo dicen estar llanos a negociar cambios a la reforma con tal de que logre aprobarse con celeridad en el Congreso. En La Moneda son conscientes del flanco político que se ha abierto con la reforma, tanto por su contenido, como por el "hermetismo" con el que se diseñó en el ministerio de Seguridad. De ahí que la negociación busca, en paralelo, bajar el volumen al conflicto.
Sí hay una condición que explicitan en el Ejecutivo, y es no alterar el objetivo del instrumento. En el caso del estado de excepción de seguridad pública, dicen, es definir un plazo que permita una "intervención íntegra de los territorios".
En ese sentido, relevan la situación de la Macrozona Sur, donde el estado de emergencia constitucional, que se extiende 15 días la primera vez al ser decretado por el Presidente, ha estado vigente por años, con constantes renovaciones del Congreso.
El proyecto, dijo el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, "lo hemos planteado pensando que es necesario habilitar instrumentos para combatir de mejor manera la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero también tenemos la claridad suficiente para entender que no solamente se trata de una reforma constitucional de un gobierno, tiene que ser una reforma constitucional para Chile".
"En ese sentido, vamos a defender el propósito que nos motiva a presentar esta reforma constitucional, pero también estamos dispuestos, y lo hemos hecho siempre, a escuchar todas las propuestas, todas las miradas, todas las posiciones que permitan mejorar el diseño, fortalecer los controles y asegurar que tenga un respaldo amplio y permanencia en el tiempo", sostuvo.
En ese sentido, aseveró que "dialogar sobre los instrumentos no significa que renunciemos a nuestro objetivo de dotar, a través de una reforma constitucional, al país de los mejores instrumentos para combatir el crimen organizado".
"Perfeccionar la reforma en el Congreso significa hacerla más eficaz, más legítima y más duradera. Por lo tanto, con esto le quiero señalar de que la disposición del gobierno para escuchar, atender, tener en consideración los planteamientos y los requerimientos, está siempre abierta la puerta, y así lo vamos a hacer", remató.
A su vez, tras las reuniones con parlamentarios, Arrau aseveró que "estamos muy abiertos a hacer cambios como esos y otros para que esto tenga una rápida tramitación, para no perder el foco".
"Aquí qué es lo que necesitamos, es tener un listado de organizaciones criminales y terroristas, que tenga un régimen penitenciario duro, tener herramientas como este estado de excepción policial para intervenir barrios específicos, donde haya crimen organizado, donde pueda haber terrorismo", expuso.
Y apuntó: "Si hay que ser flexibles en las formas, en los tiempos, en la forma en cómo se entra a una u otra cosa, estamos totalmente llanos a ir mejorando para que esto se tramite rápidamente, para tener la herramienta, para darle solución a los vecinos".
Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, atendió las críticas sobre falta de trabajo prelegislativo, comentando que "estamos con una enorme cantidad de proyectos de ley, 40 iniciativas de ley en el Congreso. Siempre estamos conversando con los parlamentarios, siempre estamos escuchando sus inquietudes, sus aportes, siempre estamos haciendo trabajo prelegislativo, pero claramente siempre se requiere más".
