Abiertos a acoger las propuestas parlamentarias para modificar la reforma constitucional de seguridad, se ha manifestado el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y las autoridades de la cartera, luego de la resistencia que el proyecto encontró en el Senado.
El secretario de Estado volvió a abordar la iniciativa la noche de este viernes en Concepción, tras encabezar una ronda nocturna conjunta, con Carabineros, la PDI, Senda y Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otros organismos fiscalizadores.
Uno de los puntos que defendió, fue la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que contempla la reforma. "Es algo tremendamente valioso", dijo, pese a que se mostró llano a hablar "los plazos, los mecanismos de control, algunas penas anexas que se habían establecido".
"A nosotros, lo que nos interesa, y somos tremendamente pragmáticos, es lo medular. Tener el listado con su régimen penitenciario, tener un estado de excepción policial para tener algunas facultades que hoy día no tenemos, pero el resto, por supuesto, que es todo conversable para buscar los acuerdos para contar con esta herramienta", aseveró.
"La
idea es que tengamos una discusión técnica"
En entrevista con El Mercurio, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, ahondó en el estado de excepción, explicando que "esto debiera operar como un golpe, tal cual. Pero al mismo tiempo no es tan solo eso, sino que también es la sensación de inseguridad. Entonces, lo que uno ve en los barrios es que la gente quiere mayor presencia policial, no tan solo en el antes, no tan solo en el durante, sino que también en el después".
Sí acotó sobre la interceptación de las comunicaciones que "evidentemente los 120 días no van a ser 120 días de escuchas telefónicas, pueden ser dos, tres, cinco días de escuchas telefónicas, y el resto del tiempo también es presencia policial, acompañamiento para asegurar y devolverles la paz y la tranquilidad a esas personas. De hecho, en La Araucanía lo que más pide la población es que no saquemos los militares, y llevamos cuatro años y un poco más".
En cuanto a la inhabilidad de acceder a prestaciones estatales, como cirugías de salud, Guerrero indicó que "la idea es que tengamos una discusión técnica respecto a este punto. Nosotros desde el Ministerio de Seguridad podemos pensar esto desde una dimensión total y absolutamente intensiva. Podría decir yo: "Esta cirugía no me parece de primera necesidad", y la verdad es que desde la lex artis médica y los médicos van a decir que es de primera necesidad. Entonces, tenemos que tener una discusión técnica".
Además, relevó que "estamos hablando de aquellas que sean condenadas por delitos terroristas y crimen organizado, delitos sumamente graves, también sumamente específicos y que son respecto de cuestiones también que no afecten en una condición humanitaria".
