Por segunda vez, la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert se excusó de asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga sus actuaciones y las interacciones que sostuvo con el alto mando de la PDI, luego de que la Contraloría General de la República concluyera que excedió sus facultades y vulneró su deber de abstención.
La instancia recibió este lunes solo a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien expuso ante los parlamentarios los principales antecedentes considerados por el organismo para elaborar el dictamen que cuestionó un oficio reservado enviado por el Ministerio de Seguridad Pública a la policía civil.
Según explicó Pérez, el documento fue emitido el 13 de marzo de 2026 y solicitaba antecedentes sobre funcionarios de una brigada policial específica, en el marco de una investigación penal determinada. La información requerida incluía su individualización, números de cédula, grados jerárquicos, traslados, destinos y antecedentes disciplinarios, administrativos y eventualmente penales.
La contralora precisó que el requerimiento se justificaba en la "alta complejidad" de la causa, que involucraba aristas de crimen organizado y otras actividades irregulares.
Pérez explicó que la Contraloría recibió cuatro solicitudes de parlamentarios para pronunciarse sobre distintas materias vinculadas al caso, entre ellas la legalidad del oficio reservado, un eventual conflicto de interés de la entonces ministra, la situación de la ex prefecta general de la PDI Consuelo Peña y la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad Pública.
A partir de esos antecedentes, el organismo analizó las atribuciones del Ministerio de Seguridad establecidas en la Ley 21.730. Pérez destacó que, si bien la normativa permite al ministro solicitar antecedentes e informaciones a otros organismos públicos, existe una limitación expresa: no puede requerir información cuya divulgación afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso.
En ese sentido, sostuvo que el dictamen concluyó que el oficio cuestionado excedió las facultades del Ministerio porque solicitaba información respecto de funcionarios vinculados a una causa penal específica que se encontraba en desarrollo. "La Contraloría concluyó que este oficio requirió información de funcionarios en relación a una causa específica que se encontraba en curso", explicó.
Pérez también abordó el deber de abstención que pesa sobre las autoridades públicas. Al respecto, señaló que la Contraloría consideró que existía un conflicto de interés relacionado con el desempeño anterior de la entonces ministra como fiscal regional y la información que posteriormente solicitó desde su nuevo cargo.
"La Contraloría en este dictamen concluye que la autoridad entonces no ajustó su actuación a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico le asignaba", afirmó Pérez, agregando que la autoridad sí tenía facultades para requerir información, pero que estas encontraban un límite cuando se trataba de antecedentes que la ley impedía solicitar.
La contralora también descartó cuestionamientos respecto del retiro de la ex prefecta general de la PDI Consuelo Peña. Explicó que el decreto correspondiente fue tomado de razón por la Contraloría, por lo que el organismo consideró que se encontraba ajustado a derecho. Asimismo, sostuvo que la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad no fue disuelta, sino que mantuvo su dependencia directa del ministro, aunque registró modificaciones en su dotación.
Finalmente, Pérez defendió la actuación de la Contraloría y aseguró que el organismo se ajustó a sus atribuciones constitucionales y legales al emitir el dictamen. También descartó que existiera demora en su elaboración: indicó que la última solicitud parlamentaria ingresó el 28 de abril de 2026, mientras que el pronunciamiento fue emitido el 1 de julio, después de que el Ministerio de Seguridad entregara antecedentes complementarios el 22 de junio.
