La actual Mesa del Senado, encabezada por Paulina Núñez (RN) y con Iván Moreira (UDI) en la vicepresidencia, comenzó a desplegar una especie de plan ante el eventual escenario que podría abrirse si alguno de los parlamentarios que actualmente están siendo investigados por el Ministerio Público pierde su fuero y debe dejar temporalmente sus funciones.
Entre los senadores que han sido mencionados en investigaciones se encuentran Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (ind.) por el caso Junaeb. A ellos se suman Camila Flores (RN), Alejandro Kusanovic (ind.), Loreto Carvajal (PPD), Matías Walker (Demócratas) y Karol Cariola (PC), aunque en causas y etapas procesales diferentes. Ninguno ha perdido actualmente su fuero parlamentario.
El caso que aparece como más próximo a un eventual desafuero es el de Calisto. La Fiscalía ya había solicitado esta medida en una investigación por presunto fraude al Fisco vinculado a asesorías parlamentarias, pero la audiencia respectiva fue suspendida luego de que se reabriera la indagatoria, por lo que el Ministerio Público deberá volver a plantear la solicitud en la oportunidad procesal correspondiente.
Si bien la mayoría de estas investigaciones tiene carácter reservado, por lo que ni el Senado ni el Ejecutivo pueden anticipar si alguno de los parlamentarios terminará siendo desaforado, en la corporación existe la percepción de que, de ocurrir, el primer caso podría ser el del senador Calisto. El resto de las causas, en cambio, podría extenderse por meses o incluso años, o eventualmente no derivar en un desafuero.
Una mayoría oficialista que depende de pocos votos
El escenario cobra especial relevancia para el Gobierno debido a la estrecha correlación de fuerzas que existe actualmente en el Senado.
De los 50 escaños, el oficialismo cuenta en teoría con 23 votos y necesita recurrir a apoyos de oposición para alcanzar la mayoría absoluta de 26.
En votaciones relevantes, ese respaldo ha incluido a los senadores Matías Walker, Miguel Ángel Calisto y Vanessa Kaiser (PNL), quienes han permitido al Ejecutivo alcanzar los 26 votos necesarios para sacar adelante iniciativas como el Plan de Reconstrucción Nacional.
Así, aunque un eventual desafuero reduciría el número de senadores en ejercicio y, con ello, el quórum de mayoría absoluta -si fueran 49 senadores, se requerirían 25 votos-, en la corporación reconocen que la mayoría oficialista sigue siendo frágil y depende de acuerdos con un grupo acotado de parlamentarios.
En este contexto, la actual Mesa del Senado, solicitó al Ejecutivo en marzo, una vez iniciado su periodo, que enviara con la mayor rapidez posible sus principales proyectos para aprovechar el tiempo disponible y facilitar su tramitación.
A este escenario político se suma el trabajo que está desarrollando la Mesa del Senado junto al Consejo para la Transparencia para elaborar un nuevo reglamento de la corporación y, dentro de ese proceso, revisar con mayor detalle los procedimientos que deberían aplicarse frente a un eventual desafuero de un senador.
Las conversaciones se encuentran en una etapa inicial, pero la intención es contar con una propuesta para discutirla una vez finalizado el año legislativo. La idea es anticiparse a un escenario que, si bien no está confirmado para ninguno de los senadores investigados, podría tener efectos tanto en el funcionamiento de la corporación como en la correlación de fuerzas de la Sala.
En algún momento también se evaluó entre algunos senadores impulsar una reforma que permitiera reemplazar a un parlamentario que fuera desaforado. Sin embargo, esta alternativa habría sido descartada debido a los plazos disponibles.
Y es que el Senado enfrenta un calendario particularmente estrecho durante los próximos meses: dispone de cerca de cinco meses -descontando las semanas regionales- para abordar y despachar proyectos considerados prioritarios, entre ellos la reforma constitucional de seguridad, la iniciativa sobre mercado de capitales y la Ley de Presupuestos.
A esto se suma que el próximo periodo de la Cámara Alta, según el acuerdo administrativo alcanzado al inicio del periodo legislativo, estaría siendo encabezado por el senador Alfonso de Urresti (PS), mientras que la vicepresidencia correspondería al senador Rojo Edwards (IND-RN), por lo que la actual Mesa busca dejar encaminados los cambios reglamentarios antes del cierre del año legislativo y que la presidencia pase a manos opositoras.
