La Contraloría General de la República detectó que más de 143 mil pacientes clasificados en las categorías de mayor gravedad no recibieron atención dentro de los tiempos establecidos en unidades de urgencia de hospitales de la Región Metropolitana, según un análisis realizado entre enero de 2024 y mayo de 2025, durante el Gobierno de Gabriel Boric.
El informe identificó 2.417 pacientes clasificados como C1, es decir, con riesgo vital, y 140.620 categorizados como C2, de alto riesgo, que fueron atendidos fuera de los tiempos máximos definidos. Entre los casos revisados, hubo pacientes C1 que esperaron hasta 73 horas y 41 minutos para recibir una primera atención, mientras que en C2 se registraron esperas de hasta 84 horas y 45 minutos.
En total, 634.587 personas, equivalentes al 27,7% de los pacientes incluidos en la revisión, fueron atendidas fuera de los tiempos establecidos para su respectiva categoría. Entre los establecimientos que concentraron más casos aparecen el Hospital Sótero del Río, con 83.009; el Félix Bulnes, con 76.575; el Hospital El Carmen, con 74.675; y el Barros Luco Trudeau, con 73.517.
A raíz de los resultados, la Contraloría instruyó a los establecimientos y servicios de salud adoptar medidas para mejorar la gestión y asignación de recursos en las urgencias, considerando la demanda, la categorización de los pacientes, los estándares de oportunidad y la disponibilidad de personal. Además, ordenó verificar los tiempos registrados y, cuando se confirmen demoras en pacientes de mayor gravedad, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes.
La visión de los parlamentarios
Desde la oposición, el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la comisión de Salud, advirtió que "el estudio de Contraloría es muy delicado porque establece que personas con riesgo vital esperaron hasta 3 días para poder ser internadas o resuelta su situación".
"Esto es extremadamente delicado y grave ya que los servicios de urgencia, que son la puerta de entrada a los hospitales y que reciben justamente a la gente más grave, ya sea por una herida, un accidente de tránsito, una caída, gente con un infarto al corazón, una hemorragia, son situaciones en las cuales el tiempo es oro y no se puede esperar", cerró.
El diputado César Valenzuela (PS), por su parte, cuestionó que "el colapso absoluto de las urgencias de los servicios de salud público es una situación que se arrastra hace años, pero que lamentablemente hemos visto que se ha ido agudizando en el último tiempo".
Asimismo, afirmó que "me he reunido personalmente con el Ministerio de Salud para abordar esta situación dramática y lamentablemente solo hay planes en el mediano y el largo plazo. El gobierno no ha tomado con la emergencia, con la urgencia necesaria abordar esta situación que afecta a la calidad de vida y a la salud de millones de chilenos".
El diputado Fernando Zamorano (PPD) alertó que "lo que revela Contraloría es gravísimo, porque detrás de estas cifras hay personas que llegaron a una urgencia con miedo, con dolor y, en algunos casos, con su vida en riesgo. No estamos hablando de una demora cualquiera, sino de pacientes que necesitaban atención inmediata y que tuvieron que esperar horas".
Además, planteó que "el Congreso está ad portas de discutir el Presupuesto del próximo año y ahí tenemos que mirar con mucha atención qué recursos se están destinando a salud y cómo esos recursos impactan realmente en la atención de los pacientes".
La diputada Lilian Betancurt (PDG), integrante de la Comisión de Salud, calificó los antecedentes como "una falta de respeto hacia los usuarios de la salud pública". En ese sentido, sostuvo que "podemos entender que existan dificultades económicas y presupuestarias, pero cuando hablamos de una urgencia médica, la atención no puede esperar horas o incluso días. El ciudadano común también tiene derecho a una salud digna, oportuna y de calidad. Resulta inaceptable que una persona llegue con riesgo vital a un hospital y deba seguir esperando. Aquí se necesitan respuestas, recursos y una mejor gestión".
Desde la UDI, la diputada Alejandra Valdebenito manifestó que "sin duda son datos preocupantes de los años 2024 y 2025 y esto demuestra serios problemas de gestión en esa época". A la vez, expresó su expectativa de que "esas dramáticas cifras de espera en pacientes de riesgo vital se normalicen" y aseguró que "estamos seguro que la Ministra Chomalí quien a demostrado tener una gestión de eficiencia no vista en anteriores ministros de salud sino lo a corregido ya implemente las medidas necesarias para que estos pacientes reciban la atención en el tiempo y con la urgencia necesaria".
La diputada Macarena Santelices (Republicanos) puso el foco en el impacto de las cifras para las familias y respaldó las medidas impulsadas por el Ejecutivo.
"Este informe de Contraloría nos muestra una realidad dolorosa que viven miles de familias. La salud y la vida humana no pueden seguir atrapadas en la burocracia. Por eso, apoyamos con total fuerza el plan de eficiencia en hospitales públicos que está impulsando el gobierno del Presidente Kast. Necesitamos modernizar la gestión de las urgencias de inmediato, optimizar los recursos y asegurar que la primera atención médica sea oportuna. La salud de los chilenos es la prioridad número uno", remarcó.
Por último, la diputada Catalina del Real (Republicanos) sostuvo que "los datos del período analizado por Contraloría son categóricos y nos obligan a actuar con sentido de urgencia. No podemos permitir que pacientes clasificados en riesgo vital o alto riesgo pasen horas e incluso días esperando en una urgencia".
En esa línea, defendió que "el camino correcto es el que ha trazado el gobierno con su plan para mejorar la eficiencia hospitalaria" y llamó a "avanzar con celeridad en esa reestructuración de la gestión pública para que los hospitales funcionen bien, los tiempos de espera bajen y garanticemos una atención digna y rápida a cada persona".
