El traspaso de Gendarmería de Chile desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública ya se encuentra vigente, luego de la publicación de la Ley 21.810 en abril de este año.
Sin embargo, la implementación completa de la reforma todavía está pendiente de una serie de adecuaciones legales, en un proceso que el Ejecutivo sitúa actualmente en una etapa intermedia de transición técnica y legislativa.
La reforma constitucional incorporó a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y estableció su dependencia del Ministerio de Seguridad. A su vez, contempla que el Ejecutivo envíe, dentro de un plazo de 12 meses desde la publicación de la norma, los proyectos necesarios para adecuar la legislación vigente y crear un servicio especializado en reinserción social.
Desde el Gobierno explican que el proceso busca separar las dos funciones que hasta ahora coexistían bajo el Ministerio de Justicia: la custodia y seguridad penitenciaria, que quedará radicada en Seguridad, y la reinserción social, que permanecerá en Justicia a través de un nuevo servicio especializado.
En ese marco, actualmente se trabaja en dos proyectos de ley para completar el proceso.
El Ministerio de Seguridad prepara una nueva Ley Orgánica de Gendarmería, que deberá adecuar los aspectos administrativos, laborales, previsionales y de gestión de personal, mientras que Justicia trabaja en la iniciativa que creará el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social para Adultos. Ambos textos son coordinados por la Segpres con el objetivo de que ingresen de manera sincronizada al Congreso.
Mientras esas modificaciones no sean aprobadas, Gendarmería continúa desarrollando las funciones de reinserción social bajo coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad Pública.
Además, desde el punto de vista del derecho público, el director nacional de Gendarmería continúa respondiendo al ministro y subsecretario de Justicia para materias como sumarios, permisos e ingresos a las escuelas, pese a que la tuición técnica ya forma parte de las atribuciones de Seguridad.
Para coordinar esta etapa, ambos ministerios mantienen una mesa semanal entre sus subsecretarías, destinada a abordar los traspasos operativos. El Gobierno sostiene que la reforma establece un plazo de 12 meses desde su publicación, es decir, hasta abril de 2027, para realizar las adecuaciones legales necesarias. La infraestructura penitenciaria, en tanto, no será traspasada y continuará bajo el Ministerio de Justicia.
La propia norma contempla, además, la disolución de las asociaciones de funcionarios desde su publicación. En paralelo, la implementación del cambio de dependencia ocurre en medio de cuestionamientos y dificultades que ha enfrentado la institución penitenciaria.
Uno de los episodios recientes fue la fuga de Juan Flores Valenzuela, conocido como "El Indio Juan", quien escapó en febrero desde la ex Penitenciaría de Santiago junto a otro reo, utilizando vestimentas que aparentaban ser de funcionarios de Gendarmería. El primero fue recapturado seis meses después en San Ramón, mientras el segundo continúa prófugo.
A esto se suma que este domingo, un interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca murió luego de intentar escapar del recinto vestido de gendarme. Según informó la Fiscalía, el hombre logró burlar los controles, llegó hasta el cierre perimetral y fue advertido por un funcionario, quien efectuó un disparo. El interno cayó desde una gran altura y posteriormente falleció en el Hospital Regional de Talca.
En regiones también se han registrado otros episodios vinculados a la seguridad penitenciaria. Según los antecedentes recogidos por Emol, en Copiapó un interno condenado por homicidio se fugó durante una salida autorizada que debía ser custodiada. A ello se suma el caso de cuatro gendarmes acusados de ingresar drogas y celulares a la cárcel de Collipulli. Además, a julio de 2026 permanecían abiertos 5.393 sumarios administrativos.
La visión de la comisión de Seguridad
En ese escenario, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, diputado Cristián Araya (Republicanos), defendió el cambio de dependencia y cuestionó que no se hubiera concretado antes.
"Desde el Partido Republicano propusimos que el traspaso ocurriera cuando se creó el Ministerio de Seguridad. Pero el gobierno anterior, por temor a las asociaciones de funcionarios, no se atrevió y lo dejó para última hora. Se fueron sin avances. En estos 6 meses se está haciendo lo que antes no hicieron y los cambios son visibles", aseveró.
Una mirada distinta planteó el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi (IND), quien cuestionó que el traspaso entre ministerios pueda ser entendido como una solución a los problemas estructurales de Gendarmería.
"En su momento lo señalé: los problemas institucionales de Gendarmería no se solucionan haciendo un ‘trasvasije’ desde un Ministerio a otro. Que Gendarmería hoy esté en manos del Ministerio de Seguridad, para así dotarlos de competencias de orden público, no arregla en nada una serie de problemas que hoy existe en Gendarmería, a nivel de preparación, corrupción, implementación, infraestructura etc. Lo dije en su momento y no fui atendido", sostuvo.
Bianchi también apuntó al plazo de 12 meses contemplado por la reforma para realizar las adecuaciones legales. Si bien reconoció que el actual gobierno todavía se encuentra dentro del plazo establecido, sostuvo que no debería esperarse hasta su vencimiento para avanzar. "Se debe acelerar las adecuaciones legales y reglamentarias, ser tratadas prioritariamente por el ministerio, ya que los hechos indican que así se debe actuar", afirmó.
El senador además puso el foco en la reinserción social y en los recursos que serán necesarios para asumir las nuevas funciones. "Por lo pronto, la norma señala que mientras no se hagan las adecuaciones, Gendarmería atenderá los requerimientos de reinserción social, pero la pregunta es ¿con qué?", planteó. En esa línea, preguntó si el próximo Presupuesto contemplará recursos adicionales y cuál será el plan del Ejecutivo para esta etapa de transición.
Desde RN, el senador Andrés Longton planteó una evaluación más favorable respecto del proceso y llamó a no atribuir las dificultades actuales exclusivamente al actual gobierno. "Lo que está viviendo Gendarmería no es ni producto de este gobierno ni del anterior, son décadas donde no había sido prioridad las cárceles y la modernización de Gendarmería, entendiendo que los delitos fueron mutando y nos fuimos quedando muy atrás", afirmó.
Longton sostuvo que sería "muy injusto" responsabilizar a la actual administración, considerando que la reforma está vigente desde hace pocos meses y que el Ejecutivo todavía se encuentra dentro del plazo establecido. A su juicio, durante este período ha habido avances en algunas cárceles, en los sistemas de seguridad y en las condiciones en que los funcionarios desarrollan sus labores, aunque reconoció que se trata de un proceso profundo que requiere tiempo y gestión.
Asimismo, el diputado Mauro González (RN) indicó que "el proyecto para integrar a Gendarmería en las Fuerzas de Orden y Seguridad es el correcto. Pero ante la compleja situación de los recintos penitenciarios, necesitamos que el cronograma de transición avance con un sentido de urgencia estratégica. Respaldamos el camino trazado por el Ejecutivo, y precisamente por eso hacemos un llamado a priorizar los esfuerzos técnicos para que el Ministerio de Seguridad asuma el control estratégico a la brevedad".
El diputado Eduardo Cretton (UDI) aseveró que "el traspaso de gendarmería al ministerio de seguridad es necesario para que sean tratados como una policía más, por el contexto que hoy día estamos viviendo en nuestras cárceles, donde vemos que el crimen organizado ha logrado entrar en la institución y ha logrado transformar la universidad en verdaderas cárceles del delito".
"Es urgente que empecemos a discutir la nueva ley orgánica de gendarmería. Esperamos en esa discusión tener, por ejemplo, el debate respecto de los regímenes diferenciados en materia penitenciaria, para que el crimen organizado esté en celdas separadas, incomunicados, que tengan que usar uniforme, y así poder recuperar el control al interior de nuestras cárceles", agregó.
Desde la oposición, en tanto, el diputado Bernardo Salinas (IND-PC) calificó la implementación como "una muestra más de la inoperancia del gobierno de Kast" y cuestionó que todavía estén pendientes definiciones sobre personal, presupuesto, competencias y la nueva institucionalidad de reinserción.
El parlamentario también criticó la disolución de las asociaciones de funcionarios contemplada en la reforma. "También advertimos desde el inicio que no se podían sacrificar los derechos de los trabajadores en nombre del cambio institucional", sostuvo, agregando que el nuevo escenario dejó a funcionarios sin los mecanismos de representación que tenían anteriormente.
Salinas puso además el foco en la reinserción social y advirtió que esta no puede quedar subordinada a la dimensión de seguridad penitenciaria. "Si queremos menos reincidencia y más seguridad, la reinserción tiene que ser una prioridad y no una tarea que quede para después", afirmó.
En la misma línea de exigir celeridad, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) sostuvo que el Gobierno está "completamente al debe" en las modificaciones legales necesarias para implementar la reforma. "Hacemos un llamado al Ministro de Seguridad a poner el pie en el acelerador en la dictación de estas modificaciones legales, porque no basta sólo la declaración constitucional", señaló.
Araya advirtió que la demora deja a Gendarmería en "un verdadero limbo", especialmente en un contexto que calificó como complejo debido a la amenaza de penetración del crimen organizado en la institución penitenciaria. "Desde ese punto de vista es responsabilidad del Ministro de Seguridad darle celeridad a las iniciativas legales necesarias para implementar esta reforma constitucional", concluyó.
Desde el Frente Amplio, la diputada Tatiana Urrutia también cuestionó el ritmo de implementación de la reforma y sostuvo que el cambio de dependencia no puede limitarse a una modificación administrativa.
"El traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad no puede reducirse a cambiar un membrete. Han pasado cinco meses y seguimos sin conocer la hoja de ruta del Gobierno frente a una crisis que no espera, tenemos más de 64 mil personas privadas de libertad en cárceles diseñadas para 42 mil y, de aquí al término de este Gobierno, cerca de 30 mil recuperarán su libertad", afirmó.
Urrutia apuntó además a la necesidad de definir cómo se abordará la sobrepoblación y la reinserción. "Necesitamos saber cuál es el plan para enfrentar la sobrepoblación y asegurar una reinserción efectiva. Al Ejecutivo le quedan cerca de siete meses para ingresar la nueva institucionalidad y, como oposición, hemos manifestado nuestra disposición a construir una reforma seria, con trabajo prelegislativo y mirada de Estado, no como ha sido hasta hoy".
Dictamen a la Contraloría
Desde el Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva planteó una crítica más directa respecto de la implementación del cambio de dependencia. A su juicio, el traspaso comenzó a regir inmediatamente con la publicación de la Ley 21.810 y el régimen transitorio solo contempla las funciones de reinserción social.
"La reforma constitucional al artículo 101 por la Ley 21.810, traspasa Gendarmería de Chile al Ministerio de Seguridad rige in actum a partir del 16 de abril pasado, el propio texto constitucional dice que esas fuerzas ‘dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública’. La Constitución no dejó un plazo de espera para eso, el único régimen transitorio que se contempló fue acotado exclusivamente para la función de reinserción social, mientras no se cree un servicio especializado. Para todo lo demás -dependencia orgánica, presupuestaria, de personal- no existe ninguna cláusula que difiera el cambio", aseveró.
En esa línea, Leiva acusó una "demora injustificada" y cuestionó que el Ministerio de Justicia haya continuado actuando respecto de Gendarmería. "Han pasado meses desde la promulgación de la reforma y el Ministerio de Justicia ha seguido actuando como si nada hubiera cambiado, dictando actos y resoluciones respecto de Gendarmería que hoy le corresponden al Ministerio de Seguridad Pública. Esa indefinición no es inocua: en un servicio jerarquizado como Gendarmería, no saber con certeza qué cartera tiene el mando genera un vacío de autoridad que se ha visto reflejado en la crisis que la institución ha enfrentado en este período. La cadena de mando y la gestión del personal no pueden operar con esa ambigüedad", manifestó.
Por ello, recordó que en julio solicitó un dictamen a la Contraloría y pidió que se suspenda de inmediato la facultad del Ministerio de Justicia para continuar dictando actos respecto de Gendarmería, además de requerir que el pronunciamiento se tramite con carácter de urgente. "La gravedad institucional de mantener a una autoridad actuando sin la competencia que ya perdió por mandato constitucional no da espacio para seguir esperando", sostuvo.
