El fatal siniestro que dejó
16 adultos mayores fallecidos en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) en
Pitrufquén, Región de La Araucanía, ha puesto el debate en las condiciones de estos hogares, su regulación y fiscalización.
De acuerdo a datos del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), hay 23 Eleam públicos con cupo para 1.318 personas.
Sin embargo, según consignó El Mercurio, hay otros 900 hogares privados autorizados por resolución sanitaria, que en algunos casos reciben subvenciones, y una cifra indeterminada de hogares de acogida irregulares.
El Eleam "El Edén", de Villa Comuy, era de carácter privado, y tras la tragedia se conoció que acumulaba al menos cinco sumarios desde 2019 a la fecha. Asimismo, existían denuncias por presunto maltrato a uno de los adultos mayores que residían en el lugar y multras por infracciones al decreto regulatorio.
Este caso también pone sobre la mesa la duda sobre si existe suficiente fiscalización y apoyo estatal a los hogares de adultos mayores, especialmente en un contexto donde Chile envejece aceleradamente.
Medidas y propuestas de autoridades
El sábado, el Presidente José Antonio Kast se refirió a la tragedia a través de su cuenta de X. Junto con tildar como "devastadora" la tragedia, anunció que instruyó que "se adopten medidas urgentes destinadas a revisar las condiciones de los hogares de nuestro país, fortalecer la prevención y fiscalización, y acelerar las propuestas necesarias para mejorar su funcionamiento y seguridad".
Por su parte, la alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero (RN), ha señalado que el Estado no está preparado para el envejecimiento de la población y que esta tragedia refleja una crisis estructural de abandono institucional y familiar.
"Ningún gobierno ha tomado una decisión de cómo enfrentar esta situación. Entonces, claro, se van armando estas casas (irregulares) de adultos mayores a nivel país, donde se ha denunciado maltrato", cuestionó.
Desde el Congreso, un grupo de diputadas de la UDI llamaron al Gobierno y al Congreso a impulsar, en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027, un aumento de los recursos destinados a los Eleam, y para ello, propusieron que los dineros salgan de lo que reciben los municipios por concepto de royalty minero.
"Por supuesto que entendemos que los municipios tienen múltiples urgencias y que estos recursos cumplen un rol fundamental. Por lo mismo, estamos planteando una medida excepcional y acotada, porque la magnitud de este problema nos obliga a buscar recursos desde distintas fuentes y esta puede ser una de ellas", plantearon las parlamentarias Ximena Naranjo, Marlene Pérez, Natalia Romero y Alejandra Valdebenito.
Con todo, señalaron que "el Gobierno tampoco puede desentenderse y esperamos que en el Presupuesto 2027 venga un aumento significativo que se haga cargo de la falta de oferta que actualmente existe en nuestro país".
Mejorar los estándares de las residencias
En conversación con Emol, expertos enfatizan que si bien existe una regulación para los Eleam, se hace necesario mejorar los estándares de estos, ya que la normativa por si sola no basta. Asimismo, enfatizan que el cuidado es un tema de Estado, pero donde hay responsabilidades compartidas.
El exministro de Salud, Dr. Enrique Paris, comenta que lo que ocurrió en Pitrufquén es "una gran tragedia", y que junsto con acompañar a las familias, "hay que revisar con rigor cómo estamos protegiendo a las personas mayores. Se debe comprobar que existan condiciones reales para cuidar y responder ante una emergencia, con personas durante el día, noche y fin de semana, capacitación y capacidad de evacuar a las personas que necesitan ayuda".
"El cuidado es una responsabilidad compartida, es un tema de Estado, y las familias necesitan un respaldo y seguridad para que sus adultos mayores se sientan comprendidos y atendidos de forma humana", subrayó.
Paola Herrera, magíster en Familia de la U. Andes y analista de Escuela de Desarrollo Social y Servicio Público de Iplacex, comenta que "si bien nuestro país dispone de una regulación para los establecimientos de larga estadía en cuanto a infraestructura, personal, protocolos de atención y seguridad, entre otros, la experiencia demuestra que por sí solo no bastan. Supervisar entidades privadas es un desafío complejo para los gobiernos y organismos reguladores debido a una combinación de factores jurídicos, operativos y económicos".
En febrero de este año se publicó la ley 21.805, que reconoce el derecho al cuidado, creando el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. "La implementación de esta ley debe traducirse en una mayor y más efectiva coordinación institucional, en relación a financiamiento y exigir servicios de calidad", subrayó Paris.
Fiscalización
Herrera señala que si bien la normativa establece las mismas exigencias sanitarias y los mismos procesos de fiscalización para residencias públicas y privadas, "es posible que las privadas enfrentan un control menos permanente".
"Esto no necesariamente responde a una diferencia legal, sino a las dificultades que implica supervisar una gran cantidad de establecimientos dispersos a lo largo del territorio, muchos de ellos ubicados en sectores alejados o con escasa visibilidad institucional", precisa.
Asimismo, detecta que "en la práctica, gran parte de la fiscalización suele ser reactiva. Muchas inspecciones ocurren a partir de denuncias realizadas por familiares, municipios, vecinos o los propios trabajadores. Cuando estas alertas no existen, pueden transcurrir largos períodos sin una revisión profunda, especialmente considerando que los equipos fiscalizadores disponen de recursos humanos y financieros limitados".
"Existe una brecha preocupante entre la detección de las irregularidades y su corrección efectiva. Identificar una falencia es un paso importante, pero si los procesos administrativos son lentos o las medidas correctivas tardan en implementarse, las personas mayores continúan expuestas a situaciones de riesgo", subraya.
Sara Caro Puga, Investigadora miembro del Centro de Estudios de Vejez y Enjevecimiento (CEVE UC), comenta que a raíz de esta tragedia "es importante ir a revisar reglamentos y decretos del Ministerio de Salud y poder analizar los requisitos que tenemos como país para que se constituyan estas residencias, la capacidad de las instituciones para cumplir esos requisitos, y si estos están acorde al escenario sociodemográfico que tenemos hoy".
A juicio de la experta, "hoy el Minsal no tiene la capacidad institucional o el equipo profesional ni los recursos humanos para fiscalizar todas las residencias de todas las regiones. Cada día se crean residencias nuevas a propósito del envejecimiento. Y asimismo, se abre otra capa, que es ¿qué hago luego de fiscalizar y una residencia no cumple?, ¿vamos a clausurar?, ¿y dónde van todas esas personas de esa residencia? Esas capas me parece importante discutirlas y mostrarlas".
Las urgencias en un país que envejece
En un país que envejece aceleradamente, cada vez más familias requieren apoyos y cuidados de largo plazo. Sin embargo, expertos advierten que las capacidades institucionales para supervisar, acompañar y garantizar estándares de calidad no siempre crecen al mismo ritmo que esta demanda, y que sobre todo, se trata de un "desafío estructural".
"Este es un desafío estructural para el Estado de Chile, que exige planificación desde siempre, ahora y en el futuro. Chile necesita una red que permita a las personas mayores permanecer en sus hogares mientras lo deseen, y mientras sea posible, con cuidados domiciliarios o centros de atención diurna, y apoyo a quienes cuidan -que muchas veces son mujeres, quienes también se enferman- y una residencia digna. A ello se suma la necesidad de asegurar disponibilidad en la red de salud y una vigilancia oportuna de las residencias", señala el exministro Paris.
Herera pone el acento en que cuando el sistema de cuidados se expande más rápido que la capacidad del Estado para regularlo y fiscalizarlo, inevitablemente aparecen brechas que terminan afectando a quienes más protección necesitan. "Por eso, la discusión no debe centrarse únicamente en quién tiene la responsabilidad frente a una tragedia, sino también en cómo construimos una sociedad que valore el cuidado como un derecho y que garantice a las personas mayores condiciones de vida dignas, seguras y humanas en esta etapa de sus vidas", plantea.
La experta sostiene que es importante importante mirar alternativas distintas a las residencias tradicionales. "Las viviendas tuteladas y los programas de convivencia intergeneracional, por ejemplo, representan formas más humanas de acompañar el envejecimiento, porque permiten mantener la autonomía, rutinas y su sentido de comunidad", destaca.
También hay ejemplos en el extranjero que pueden implementarse en un arco estatal, "donde se promueve la convivencia entre personas mayores y jóvenes estudiantes, las que son especialmente valiosas porque ponen en el centro los vínculos humanos. No se trata únicamente de cuidado, sino de compañía, intercambio de experiencias y apoyo mutuo", subraya.
