Rechazo generó este martes una norma establecida en el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal que fija por decreto una causal para destituir alcaldes. Algunos jefes comunales han manifestado que la norma sería inconstitucional y llaman al Gobierno a corregirla.
Dicha disposición se plasma en el decreto supremo que el pasado 2 de septiembre ingresó a Contraloría el Ejecutivo y donde se señala, según consignó hoy La Tercera, que "le corresponderá a la municipalidad, previo a proceder a la designación del director de seguridad pública o del nombramiento de los inspectores de seguridad municipal, verificar los requisitos" para su designación.
En caso de que esto no se realice, el reglamento establece: "La infracción a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a una sanción administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley N° 18.883, pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo dispuesta en el literal c) del inciso primero del artículo 60 de la ley N° 18.695".
Al respecto, el alcalde de Lo Barnechea y presidente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), Felipe Alessandri (RN), expresó su preocupación por el reglamento, afirmando que "quienes hemos respaldado decididamente la agenda de seguridad del Gobierno también tenemos el deber de advertir cuando se comete un error".
"No corresponde que un reglamento avance sobre una materia tan delicada como la eventual destitución de una autoridad elegida democráticamente. Las causales de cesación de un alcalde deben estar claramente definidas en la ley y no pueden ampliarse ni configurarse por medio de un decreto", sostuvo Alessandri.
El jefe comunal cuestionó, además, el proceso de elaboración del reglamento: "¿Qué pasó con el trabajo previo que debía realizarse con las asociaciones de alcaldes y municipios? Una disposición de esta gravedad tenía que ser discutida, advertida y despejada antes de llegar a la Contraloría. No basta con informar o escuchar formalmente a los municipios si sus observaciones finalmente no quedan reflejadas".
Alessandri también llamó al Ejecutivo a corregir la norma, añadiendo que "aquí nadie está pidiendo impunidad ni pretende eludir responsabilidades. Los alcaldes debemos cumplir la ley y responder por nuestras decisiones, pero las reglas tienen que ser claras, proporcionales y respetar la Constitución. Espero que la Contraloría revise este artículo con especial rigurosidad y que el Gobierno tenga la disposición de corregirlo. Apoyar al Gobierno también significa decirle con franqueza cuando algo está mal".
En entrevista con el canal 24 Horas, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (IND), opinó que "es absolutamente inconstitucional que esto esté un reglamento, primer punto, como abogado. Segundo, no siendo yo constitucionalista, comparto 100% que no puede estar en un reglamento. Ese tipo de medidas deben estar en una norma y de ese estándar de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, creo que hay un error del Gobierno en dónde lo plantea".
Asimismo, Desbordes consideró que "también es una exageración" y descartó que les hayan consultado. "Por supuesto que abre un flanco con los alcaldes, que hay molestia, porque, ¿cuáles son las causales de de cesación de funciones de los parlamentarios, de los ministros, de otras autoridades?, casi cero. Constantemente se agregan contra los alcaldes, yo hago mi trabajo, no tengo problema que me fiscalicen".
El alcalde aseguró que ellos revisan los datos de todos los guardias municipales, a la vez que se les hace una formación. Ante ello, preguntó: "El equipo de asesores presidenciales que está a cargo de la designación de los seremis pierde el cargo si se se le cae un seremi por tener un problema de antecedentes?. No (...) no entiendo esta propuesta"
Y agregó que "tiene que corregir eso, evidentemente, conociendo el estándar que tiene la Contraloría, que es un alto estándar hoy día, es bien probable que eso sea rechazado. Y y es complejo cuando la Contraloría te dice, 'oiga, ¿cómo se le ocurre plantearme esto?', no hay que ser constitucionalista para saber como abogado que esta norma no puede estar en un reglamento".
A través de su cuenta de X, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), comentó que "la Ley de Seguridad Municipal tiene por objetivo fortalecer el rol de los municipios en materia de seguridad, y no amenazar con quitarles autonomía".
"Por supuesto que se nos debe exigir responsabilidad en esta materia, y sancionar debidamente cuando eso se incumpla. Pero preocupa que un reglamento vincule una falla administrativa con la posible destitución de un alcalde electo democráticamente. Y más aún enterarnos de esto por la prensa, sin ningún tipo de trabajo previo con alcaldes", recalcó Vodanovic.
Con esto, dijo que "esperamos que esto se pueda aclarar desde el Ejecutivo. La autonomía municipal también debe respetarse".
Por su parte, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), expresó a Emol que "aquí hay un problema técnico grave. Y no es primera vez".
A su juicio, "es inaceptable e inconstitucional pretender destituir a alcaldes mediante decreto, imponiendo una causal que no es parte de la potestad reglamentaria, sino que debiera ser expreso en una Ley Orgánica Constitucional. Es una amenaza innecesaria que sólo hace más compleja la implementación de la norma".
"Esperamos que Contraloría observe este error y corrija el reglamento, para poder tener una Ley de Seguridad Municipal que proteja a nuestros patrulleros y no ponga más trabas para su aplicación", precisó.
En la misma línea, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), comentó a este medio que "el Gobierno comete un error gravísimo. Pretende vía reglamento, tomar atribuciones que no corresponden. Eso es inconstitucionalidad pura. Es sorprendente, amenazante y no tiene nada que ver con la necesidad de fortalecer a los municipios en su rol preventivo, que era la idea matriz de la Ley de Seguridad Municipal".
Para la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (IND), "las reglas deben ser claras y respetar la Constitución. No podemos permitir que una decisión administrativa termine afectando la voluntad de los vecinos que eligieron a su alcalde".
"Espero que el Gobierno corrija este aspecto del reglamento para avanzar y concentrarnos en lo importante, que es la seguridad de nuestros vecinos", acotó.
A través de una declaración pública, el director de la Asociación Chilena de Municipalidades, liderada por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (IND), manifestó su "sorpresa" con la norma, pues "nunca fue socializada con las asociaciones de municipios ni con los propios jefes y jefas comunales".
Además, aseguraron que "reviste claros elementos de ilegalidad, en la medida que una causal de cese de una autoridad elegida democráticamente no puede establecerse por la vía de un reglamento".
Por ello, solicitaron que "se retrotraiga la presentación de este reglamento y se elimine dicha cláusula" para trabajar una propuesta con el municipalismo.
