En el centro de los cuestionamientos quedó el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, por el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, que fijaba por decreto una nueva causal de cesación del cargo para alcaldes.
En particular, el texto ingresado a la Contraloría General de la República disponía que las municipalidades verificaran los requisitos para designar a sus directores de seguridad municipal y señalaba que, en caso de incurrir en una infracción, esta "dará lugar a una sanción administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley N° 18.883, pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese al cargo".
La redacción concitó la reacción de alcaldes, tanto oficialistas como de oposición, así como cuestionamientos a Guerrero, en tanto la Ley de Seguridad Municipal y su reglamento estaban radicados en la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Del tema se quiso consultar al subsecretario este martes, durante la actividad de la "Fonda Preventiva", en el Paseo Bulnes. Sin embargo, la autoridad se retiró sin dar posibilidad a preguntas de la prensa.
Sí se refirió al asunto el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien informó que "clarificarán" el texto remitido a Contraloría, en tanto da pie a "interpretaciones equívocas".
La controversia llevó, de todos modos, a activar un control de daños liderado por el propio subsecretario. Trascendió que la cartera difundió una minuta entre los jefes comunales, en la que explicaba que el reglamento no establece una nueva causal de cesación del cargo, sino que remite a las causales que ya existen cuando no se cumple un deber jurídico.
Asimismo, desde la cartera se remitieron a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que considera el notable abandono de deberes como una causal de cesación del cargo.
En ese despliegue, Guerrero se reunió este miércoles con representantes de las asociaciones de municipalidades (ACHM, AMUR y Amuch). Tras la cita, informó el retiro del reglamento de Contraloría y la instalación de una mesa de trabajo entre la repartición y las asociaciones para elaborar los siete reglamentos que considera la implementación de la ley.
"Tenemos una convicción que la hemos tenido desde el comienzo: la seguridad se construye entre todos, con los municipios y no sin ellos", aseveró.
Otras controversias
La polémica por el reglamento no es la única que ha rebotado en Guerrero. Hace una semana, el subsecretario enfrentó una situación calificada como una "desautorización" por parte de la oposición, en el marco del debate por el proyecto de Ley Antibarricadas 2.0.
En concreto, Guerrero llegó a un acuerdo en la Comisión de Seguridad de la Cámara para aprobar una indicación que apuntaba a proteger el derecho a manifestación. Sin embargo, esta no fue validada por asesores de la cartera, por lo que finalmente se cayó.
El episodio fue calificado por legisladores como "humillante", "impresentable" y "gravísimo" para el manejo político del Ejecutivo.
Por otro lado, el subsecretario fue señalado por senadores como responsable del traspié de la reforma constitucional de seguridad del Gobierno. Bajo reserva, se comentó que Guerrero fue la autoridad que condujo el diseño de la propuesta y que aprobó su redacción final. Sin embargo, nunca ha quedado clara la autoría del texto.
Este quedó estampado como uno de los principales errores del Gobierno, toda vez que la reforma, que requiere 4/7 de los votos en el Senado, ni siquiera concitó el respaldo de todas las fuerzas oficialistas.
Ahora, el proyecto está en manos de los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Rep), quienes ya descartaron la idea de incorporar un nuevo estado de excepción de seguridad pública y la interceptación telefónica.
Blindaje
En La Moneda, al ser consultados por la situación de Guerrero, son categóricos en su defensa. "Es un gran abogado administrativo", comentan, descartando que haya existido un traspié suyo en la redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal.
Tanto en la sede de Gobierno como en la Subsecretaría de Prevención del Delito insisten en que el texto solo explicitó una causal de cesación del cargo para alcaldes que, aseguran, ya existe en los cuerpos legales vigentes.
La diferencia, dicen en Palacio, fue haber explicitado las causales de cesación del cargo que considera el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en lugar de solo citar la ley, como suele ocurrir en las redacciones de este tipo.
Al margen de ello, voces del ministerio aseveran que Guerrero cuenta con todo el respaldo del ministro Arrau tras el episodio del proyecto Antibarricadas y que incluso se le propuso acompañarse de otros asesores en sus concurrencias al Congreso.
Finalmente, también descartan que Guerrero sea responsable de la reforma constitucional de seguridad, en tanto fue una de las distintas autoridades que participaron en la aprobación del diseño del proyecto. Conocedores de la posición del subsecretario dan cuenta de uno de los comentarios que ha hecho a raíz de la controversia: "Si me hacen un test de ADN, verán que no soy el padre de esa guagua".
