Acusaciones de corrupción en sus filas, exfuncionarios condenados por vínculos con narcotraficantes y la bullada salida de la subdirectora de Inteligencia, son parte de los episodios que han marcado este complejo 2026 para la Policía de Investigaciones (PDI).
En las últimas semanas, tres de sus miembros fueron detenidos por su implicancia en una red dedicada al secuestro extorsivo de ciudadanos chinos, montando un falso cuartel para trasladar y mantener a sus víctimas. En esta causa también se indaga la participación de otros cinco detectives.
A lo anterior, se suma la renuncia del prefecto inspector
Patricio Barrios Medina, jefe de la Región Policial de Atacama, luego de que su domicilio fuera allanado en el marco de una indagatoria que lleva a cabo el Ministerio Público por hechos investigados en 2024 y que hasta hoy se mantienen en reserva.
Detectives investigados
En enero, en el contexto de una larga investigación que busca esclarecer la desaparición en Limache de María Ercira Contreras, dos funcionarios de la PDI fueron citados a declarar por el Ministerio Público en calidad de imputados. Son acusados de supuesta obstrucción ante la justicia e irregularidades en la cadena de custodia de las cámaras de seguridad del fundo donde desapareció la adulta mayor.
En abril, cuatro funcionarios fueron detenidos tras una investigación de la Fiscalía de Calama por presuntos delitos de corrupción durante procedimientos policiales en las regiones del Biobío y Antofagasta. Se les acusa por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, robo con intimidación y obstrucción a la investigación.
La semana pasada, tres funcionarios de la PDI fueron detenidos en el marco de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía Supraterritorial por una supuesta red de secuestros extorsivos contra ciudadanos chinos en Chile. Se trata del comisario Pablo Gajardo Romo, inspector Rodrigo Navarrete y el asistente policial Sebastián Gajardo Rojas.
También, se indaga la participación de otros funcionarios de la PDI que integran la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana y uno del Laboratorio de Criminalística de la PDI.
La acusación del subcomisario Silva
La noche del martes 7 de julio, el subcomisario Rodrigo Silva, con más de 11 años de servicio en la Policía de Investigaciones, llegó hasta un edificio de oficinas de Las Condes, ubicado en Las Tranqueras con Pedro Gamboa, para denunciar una supuesta red de corrupción al interior de la Policía de Investigaciones.
"Por favor ayúdenme. Los ratis son todos PDI...ayúdenme por favor. Llamen a Carabineros. Ayuda, me van a matar. Por favor. Créanme, soy inocente (sic)", se logra escuchar en un registro divulgado en redes sociales. Y continúa: "Van a simular un enfrentamiento. Boté todas mis municiones, mis cargadores, mi arma está desarmada.
Si me matan, van a plantar una pistola como siempre han hecho. Por favor, llamen a Carabineros. Subcomisario Silva, inocente".
La Fiscalía Metropolitana Oriente concurrió al lugar, donde el persecutor Felipe Sepúlveda conversó con el subcomisario. Tras la entrega de antecedentes, se determinó abrir una investigación, cuyos antecedentes se mantienen en reserva.
Funcionarios condenados
En mayo, el Tribunal de Garantía de Temuco condenó a dos funcionarios de la PDI que fueron detenidos en el marco de la Operación Imperio, donde se desarticuló una organización que cometió millonarios delitos económicos, entre ellos, lavado de activos.
Estos fueron identificados como Juan Carrasco Hernández y Wladimir Cáceres, quienes fueron hallados culpables por diversos delitos económicos y de corrupción. El primero avisó a una agrupación que era investigada por el Ministerio Público y la PDI, además de elaborar partes falsos para cobrar seguros de las compañías y defraudarlas, obteniendo dinero de los clientes y además quedándose ellos con los vehículos para venderlos de diversa forma.
En agosto, el Juzgado de Garantía de Arica dictó sentencias condenatorias en contra de exoficiales de la PDI por su participación en una red de apoyo a una organización dedicada al tráfico de ketamina. Se trata del ex subcomisario Leoncio Fernando Oporto Duhart, integrante de la Brigada Investigadora de Robos Oriente, y de Claudio Rafael Soland Marchant, quien perteneció a la Brigada Investigadora de Asaltos.
Según la investigación, Oporto utilizó su clave institucional para acceder al sistema informático denominado BRAIN, desde un computador ubicado en la comuna de La Reina. Realizó consultas sobre órdenes de detención vigentes de quienes fueron sindicados como los líderes de la banda conocida como "Los Kussy Boys", Felipe Orellana Sánchez y Khrishna Vega Ramírez, informando el resultado a través de canales de mensajería.
En tanto, Solans -identificado como "Tío Rafa"- solicitó la información a Oporto con el fin de alertar a los narcotraficantes sobre la persecución penal en su contra.
Ambos aceptaron ir a un procedimiento abreviado, recibiendo sentencias condenatorias.
La salida de altos mandos
En marzo, con la llegada del gobierno de José Antonio Kast, la prefecta general Consuelo Peña, la primera mujer en alcanzar el tercer rango más alto de la institución y reconocida por su trayectoria en la lucha contra el crimen organizado, fue pasada a retiro pese a que meses antes fue ratificada en su cargo para este año.
Según trascendió, la entonces ministra de Seguridad,
Trinidad Steinert, habría solicitado la salida de Peña, cuya relación se habría deteriorado en medio de la investigación contra el Clan Chen en Tarapacá, donde la ahora exsecretaria de Estado ejerció como fiscal regional.
Conocedores de esa indagatoria en el norte aseguraron que la reubicación de funcionarios de la PDI con quienes Steinert trabajaba en Tarapacá molestó a la en ese entonces fiscal regional. La decisión de este movimiento provino de Peña y, según versiones cercanas al procedimiento, se debió a que los policías se los "venía observando" internamente por el sistema de inteligencia de la institución.
Por otro lado, esta semana el prefecto inspector y jefe policial en la Región de Atacama, Patricio Barrios Medina, dejó su cargo tras solicitar su baja de la institución. Esta determinación la tomó en medio de una investigación de carácter reservado que desarrolla la Fiscalía Metropolitana Occidente en su contra por hechos ocurrido en 2024 en Puente Alto.
Un equipo del Ministerio Público ingresó a la oficina de Barrios Medina, incautando equipos tecnológicos.
