El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló ayer contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa —por revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación— y los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas, Samuel Donoso y el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber —por delitos de soborno—, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades y hechos de corrupción vinculados con nombramientos en el Poder Judicial.
Tanto Hermosilla como Vargas y Yáber se encuentran formalizados; Ulloa y Donoso solo están indagados, por ahora. En el caso de este último, el libelo aborda las gestiones en que habría participado en torno al nombramiento de Ulloa como ministro del tribunal de alzada capitalino.
Se describe en la acción penal el objetivo funcional de las supuestas gestiones para "asegurar el nombramiento de Antonio Ulloa en una plaza estratégicamente relevante para sus propios intereses".
Este medio contactó a la defensa de Hermosilla, pero no tuvo respuesta. El abogado Donoso, en tanto, descartó a "El Mercurio" las afirmaciones de la querella: "Jamás he proporcionado un beneficio al señor Ulloa, ni menos le he formulado la solicitud de alguna retribución".
Agregó que "es una infamia pretender lo contrario, una vez que conozca la querella ejerceré los derechos que me correspondan. Esta interpretación del delito de soborno es de un tremendo abuso. Llama la atención que las fiscales que investigan este caso sean las mismas con las que litigue tres años el caso SQM, y las mismas a las que tengo denunciadas administrativamente por filtraciones en el caso de la Senadora (Camila) Flores".
No se trataba de "vínculos ocasionales"
Uno de los ejes de la acción penal, en que se pide la declaración de Donoso, está en los grados de amistad y cercanía entre los querellados que habrían coordinado distintas acciones cuestionadas, como la promoción para el nombramiento de Ulloa.
"Se advierte la existencia de una red de relaciones personales, profesionales y de confianza que vinculaba al entonces ministro Antonio Ulloa Márquez con los abogados querellados Luis Hermosilla Osorio, Mario Vargas Cociña y Samuel Donoso Boassi, así como también con otros abogados del mismo círculo de confianza y que, conforme avance la investigación del Ministerio Público, este interviniente valorará ejercer en su contra las acciones penales respectivas, ampliando la actual querella", detalla el organismo de defensa estatal.
Estas gestiones —agrega— constituirían un beneficio de naturaleza no económica dentro de una trama de influencias en nombramientos judiciales y otros. "Dicha red no se limitaba a vínculos ocasionales o protocolares, sino que se proyectaba en ámbitos de amistad, coordinación, intercambio de información, gestiones relativas a nombramientos y resoluciones judiciales a dictarse y cercanía social".
Y que "el nivel de maniobras y conductas realizadas que se describen en la presente querella llega a niveles significativos, cubriendo diferentes nombramientos judiciales, generando necesarios efectos en la actuación posterior de los favorecidos, quienes debieron, a fin de salir del círculo de agradecimiento, inhabilitarse protegiendo la imparcialidad judicial a la que están obligados, lo que no hicieron".
La acción recoge, además, antecedentes sobre la relación entre los indagados y menciona que "existía entre Hermosilla y Donoso una relación de confianza profesional particularmente estrecha, al punto de que fungían muchas veces como un verdadero equipo jurídico. Ello se advierte, por ejemplo, en asuntos vinculados al expresidente Sebastián Piñera y al gobierno, donde ambos aparecen coordinando estrategias, repartiendo roles y actuando de manera conjunta".
Antecedentes examinados durante el proceso seguido contra Ulloa consignaron que este intervino sin abstenerse en causas en las que actuaban Hermosilla y Donoso, pese a la cercanía que mantenía con ambos.
En particular, entre los casos revisados aparece un litigio entre Jorge y Daniel Yarur, en el que Hermosilla y Donoso actuaban como abogados y Ulloa participó en decisiones judiciales sin transparentar previamente su vínculo con ellos.
Es en ese marco que se describe la génesis del nombramiento de Ulloa. Explican que ya en 2020 "comienza a configurarse una verdadera relación de coordinación entre Mario Vargas, Luis Hermosilla y Antonio Ulloa, orientada a favorecer a este último en su postulación al cargo de ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Al efecto, y según se advierte de las conversaciones, Mario Vargas fue quien articuló los encuentros entre Ulloa y Hermosilla, desarrollando activamente el vínculo entre ambos, integrándolos dentro de una dinámica de coordinación e intereses compartidos".
Indican que "Vargas actuó como un verdadero gestor de este acercamiento, promoviendo el nexo entre Ulloa y Hermosilla y facilitando su consolidación en un contexto funcional a la obtención de un resultado determinado: asegurar el nombramiento de Antonio Ulloa en una plaza estratégicamente relevante para sus propios intereses".
La querella presentada por el CDE se suma así a las distintas aristas abiertas a partir de las investigaciones derivadas del denominado caso Audio.
