El informe de la Contraloría General de la República que detectó a 485 funcionarios públicos suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos generó cuestionamientos entre parlamentarios de distintos sectores, quienes apuntaron principalmente a la extensión de estos procedimientos, al pago de remuneraciones durante las suspensiones y a la necesidad de determinar eventuales responsabilidades.
De acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25, elaborado a partir de antecedentes correspondientes al período entre enero de 2020 y marzo de 2026, 13 funcionarios llevaban más de cuatro años suspendidos, mientras que otros 17 acumulaban entre tres y cuatro años en esa condición. A ellos se suman 44 casos con entre dos y tres años de suspensión y otros 147 que llevaban entre uno y dos años.
El organismo fiscalizador estimó además que solo las remuneraciones pagadas a los 10 funcionarios con los períodos de suspensión más prolongados representan un costo de $671.426.189 para el Fisco. El caso de mayor duración corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), con una suspensión estimada de cuatro años y siete meses, seguido por casos del SLEP Santiago Centro y SLEP Atacama.
A raíz de los hallazgos, la Contraloría determinó que los 30 sumarios en que existen funcionarios suspendidos por más de tres años pasarán a ser tramitados por el propio organismo fiscalizador.
Además, instruyó a las entidades que mantienen suspensiones superiores a un año a informar el estado de los procesos, justificar su continuidad o adoptar medidas para acelerar su término, junto con iniciar procedimientos para determinar eventuales responsabilidades por las demoras. La situación generó diversas reacciones en el Congreso.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que la suspensión preventiva de funcionarios durante un sumario está contemplada en la legislación vigente y puede implicar que continúen recibiendo una parte o la totalidad de sus remuneraciones mientras se mantiene la relación laboral.
"La verdad es que la forma en que se llevan adelante los procesos disciplinarios en la Administración Pública están en la ley, y por lo tanto la posibilidad de que para una forma ágil, o sea, voy de nuevo, la forma en que se sustancen los procesos disciplinarios en la Administración Pública está regulada en la ley, y por lo tanto la ley permite que funcionarios que están siendo investigados muchas veces por la gravedad de los hechos que son objetos de la investigación administrativa puedan quedar suspendidos, lo que significa que mientras no cese la relación laboral, esa relación importa muchas veces que se siga pagando el sueldo o una fracción de él. Esa es una realidad que existe en la Administración Pública porque la ley lo permite. Esa es la razón por la cual, una de las razones por la cual el Presidente de la República ha convocado a una comisión que tiene por objeto estudiar la forma de mejorar nuestro empleo público, y por lo tanto esta situación, que si bien es cierto, es difícil de entender, tiene una explicación en la propia ley".
En esa línea, Pavez explicó que los fiscales a cargo de los sumarios pueden adoptar distintas medidas cautelares durante las investigaciones, entre ellas la suspensión del funcionario. "Los fiscales a medida que investigan los sumarios pueden tomar distintas medidas cautelares, una de las cuales es suspender al trabajador, o al funcionario en este caso, con cargo a que una fracción de la remuneración se le siga pagando. Eso es ley hoy día, lo que corresponde es aplicar la ley cuando el fiscal del sumario administrativo se lo estima. Por eso es fundamental que avance la comisión que el Presidente convocó en materia de mejorar el empleo público, donde se tienen que abordar esta y otras materias también", sostuvo.
Sin embargo, el subsecretario reconoció que la extensión de estos procedimientos no es una situación deseable y planteó la necesidad de agilizar su cierre. "Estas son circunstancias que, si bien es cierto, no son deseables, se producen con ocasión de las formas que tenemos nuestro Estado actualmente. Hay circunstancias respecto a licencias médicas, hay circunstancias respecto a sumarios que no se han podido cerrar, debiendo haberse cerrado, que van generando como efecto esta anomia en nuestro sistema administrativo".
"Lo que es fundamental es que los sumarios se terminen, y por eso es que es muy importante que la Contraloría tenga las herramientas para poder ordenar a la Administración Pública que vaya cerrando los sumarios que están teniendo. A nosotros nos parece que es perfectamente cuestionable que existan sumarios que duren mucho tiempo", afirmó.
Finalmente, Pavez sostuvo que "lo iimportante es que nosotros tenemos que revisar las formas que esos sumarios están sustanciando, sobre todo los más antiguos, para que se cierren. Es por eso que cada gente de servicio tiene que tomar los debidos resguardos para que la situación no se extienda en el tiempo. Y por lo tanto, acogemos el llamado de la Contraloría a poder revisar esta situación, y por supuesto como Gobierno las vamos a revisar".
Reacciones de los parlamentarios
Desde Republicanos, la diputada Javiera Rodríguez sostuvo que "esto es exactamente el tipo de malgasto que tenemos que cortar de raíz. No puede ser que existan funcionarios suspendidos durante años, recibiendo su sueldo con plata de todos los chilenos, mientras los sumarios duermen en un escritorio. Si Contraloría detectó casos que llevan más de cuatro años y cientos de millones de pesos comprometidos, aquí no basta con apurar los procesos: hay que establecer quién permitió que esto ocurriera y exigir responsabilidades".
En la misma línea, el diputado Francisco Orrego (RN) calificó la situación como "una burla impresentable para todas las familias de Chile" y cuestionó que funcionarios puedan permanecer cuatro o cinco años suspendidos recibiendo sus remuneraciones. "Atravesamos una profunda estrechez fiscal, la plata no alcanza y nos exigen cuidar cada peso, por lo que es inaceptable malgastar los recursos de los chilenos y chilenas en burocracia y desidia", afirmó.
Desde el PDG, la diputada Lilian Betancurt apuntó al funcionamiento de los mecanismos de control interno. "Que existan 485 funcionarios suspendidos que siguen recibiendo remuneraciones, algunos incluso por más de cuatro años, demuestra que los mecanismos de control interno no están funcionando como corresponde. Aquí, claramente, se le pasó gato por liebre al propio sistema y los plazos legales terminaron convirtiéndose en letra muerta. Esto afecta la probidad, la eficiencia del Estado y la confianza de la ciudadanía. Vamos a exigir respuestas y revisar los mecanismos legislativos necesarios para establecer límites claros y evitar que estas suspensiones se prolonguen indefinidamente", sostuvo.
El diputado Erich Grohs (PNL), en tanto, cuestionó el gasto asociado a estas situaciones y planteó una crítica más amplia al funcionamiento del aparato estatal. "Tener a casi 500 funcionarios de brazos cruzados, recibiendo sueldos millonarios pagados con los impuestos de los chilenos, es lisa y llanamente un robo. Mientras los emprendedores y la clase media se rompen el lomo trabajando para llegar a fin de mes, el Estado financia vacaciones pagadas de cuatro años. Esto demuestra que la burocracia estatal no tiene ningún incentivo para ser eficiente porque juega con la plata ajena. No necesitamos más sumarios eternos, necesitamos reducir el tamaño del Estado y cortar el gasto inútil ahora ya", afirmó.
También hubo reparos desde sectores de la oposición. El diputado Jaime Araya (IND-PPD) calificó como "francamente escandalosa" la demora en la tramitación de los sumarios y sostuvo que uno de los desafíos es "poner a punto los procedimientos para establecer responsabilidad de funcionarios públicos".
A su juicio, "no es posible que gente que está siendo investigada por algún tipo de infracción a la normativa legal, esté recibiendo su sueldo y tenga prácticamente vacaciones pagadas por cuanto han sido suspendidas sus funciones". Araya planteó que corresponde acelerar los procesos, evaluar la continuidad del pago de remuneraciones cuando proceda y cerrar los sumarios, poniendo especial atención en municipios, ministerios y servicios públicos.
El senador Juan Luis Castro (PS) también cuestionó que una medida concebida como provisoria termine extendiéndose durante años. "Este reporte de Contraloría demuestra algo muy grave, que es que aquellas personas sumariadas y que quedaron suspendidas, o sea, no pueden volver a su puesto de trabajo, pero se les paga, porque no hay condena, resulta que de algo provisorio termina siendo algo crónico. Gente que tiene más de 4 años sin ir a trabajar, porque está suspendida, pero se le paga todos los meses como corresponde y resulta que no hay fallo. O sea, esta burocracia dentro del aparato público es inaceptable", sostuvo.
Castro además puso el foco en el costo fiscal de las demoras: "porque más en el resto solo en 10 casos supera los 670 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una costra dentro del sistema que impide resolver rápido un sumario y no como se observa que termina en la indulgencia, que termina en nada y con un gasto del Estado exponencial. Esto es inaceptable y es un nuevo acierto de la Contraloría que ahora debe regresar al Ministerio de Hacienda y a todo el aparato público".
Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri (AH) abordó el informe desde una perspectiva de gestión estatal y valoró las medidas anunciadas por el organismo fiscalizador. "Estamos frente a un problema de gestión y de funcionamiento del Estado cuando investigaciones administrativas se extienden durante meses o año, sin una resolución", sostuvo. Agregó que "Valoramos que Contraloría haya respondido y se haga cargo de una situación que no puede seguir normalizándose. Pero esto va mucho más allá del caso particular del SERNAC: estamos frente a un problema de gestión y de funcionamiento del Estado cuando investigaciones administrativas se extienden durante meses, incluso cerca de un año, sin una resolución".
Gazmuri enfatizó además que la Ley Karin requiere procedimientos oportunos y eficaces. "No podemos tener investigaciones eternas, servicios funcionando con suplencias indefinidas y, al mismo tiempo, recursos públicos comprometidos durante todo ese período sin que exista una definición", afirmó. A su juicio, la intervención de Contraloría "abre una oportunidad para que se esclarezcan las responsabilidades, se revise lo que corresponda respecto de las remuneraciones y, sobre todo, se corrijan las falencias que permiten que este tipo de situaciones se prolonguen".
