El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna Lozano, propuso ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados ampliar a todo el personal policial la obligación de presentar declaraciones de intereses y patrimonio.
La instancia parlamentaria había citado a las autoridades para recabar antecedentes sobre eventuales casos de corrupción que afectarían a exfuncionarios y funcionarios de instituciones policiales, situación que ha sido difundida por distintos medios de comunicación.
En ese contexto, Cerna reconoció el complejo momento que enfrenta la institución y sostuvo que "no puedo eludir que estamos en un momento que nos ha golpeado como institución. Estamos dolidos. Hemos detectado y enfrentado con determinación, a través de nuestras propias investigaciones internas, que personas que juraron servir al país, están siendo investigados por delitos graves, traicionando la doctrina institucional y quebrantando el mandato legal que prometimos defender. Nuestra postura ha sido y seguirá siendo categórica: Tolerancia Cero porque quien delinque no representa a la PDI y se sitúa en la vereda opuesta a nuestra misión. Sobre ellos caerá y debe caer todo el rigor de la ley".
El director general agregó que "el verdadero rostro de la PDI no lo definen unos pocos que se corrompieron; lo definen los más de 13 mil hombres y mujeres que día y noche, con lealtad y rectitud, entregan su vida por la seguridad y la justicia en Chile. Ese es el testimonio institucional que la ciudadanía valora y respeta, tal como lo confirman todos los estudios de opinión que nos destacan por confianza y credibilidad".
Cerna también detalló una serie de medidas adoptadas desde que asumió el mando en marzo de 2024, entre ellas la creación de Brigadas Investigadoras de Lavados de Activos, la Jefatura Nacional de Control Normativo y Administrativo y el Departamento de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento. También mencionó el nuevo Código de Integridad Policial, procedimientos aleatorios de detección de consumo de drogas y mecanismos para recibir denuncias por maltrato y acoso.
"La PDI es la primera institución policial de América en implementar un sistema de compliance policial. Aunque no existe una obligación legal específica que nos imponga hacerlo, decidimos incorporar esta metodología para fortalecer la estructura de control interno y la integridad institucional", destacó.
Propuesta para modificar la Ley 20.880
En materia legislativa, Cerna planteó "modificar la Ley N° 20.880 para extender la obligación de presentar declaraciones de intereses y patrimonio a todo el personal policial, con exigencias más intensas o diferenciadas para quienes desempeñen cargos de mayor sensibilidad".
La propuesta contempla incluir cuentas bancarias en el extranjero, productos financieros, activos digitales y criptoactivos, patrimonio administrado por interpuestas personas y variaciones patrimoniales significativas. La obligación alcanzaría al personal que ejerza funciones operativas, investigativas, de inteligencia, fiscalización o contratación, además de quienes tengan a su cargo la custodia de evidencias.
Asimismo, planteó que las declaraciones se presenten al ingresar a la institución, anualmente, al asumir o dejar una función crítica, al ascender a determinados grados y al término de la carrera, además de contemplar declaraciones extraordinarias ante alertas patrimoniales fundadas.
Finalmente, propuso un anexo reservado con información financiera detallada y que los órganos de control puedan verificar electrónicamente las declaraciones mediante interconexión con la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, los Conservadores de Bienes Raíces, el Registro Civil y la Tesorería General de la República.
