SANTIAGO.- La Justicia aceptó hoy la quiebra de la filial en Chile de la aerolínea peruana Aero Continente, informaron hoy fuentes judiciales.
El pasado 24 de junio, la compañía presentó ante un juzgado civil de Santiago una solicitud formal de quiebra, "ante la imposibilidad concreta de continuar con sus operaciones en Chile", debido a una serie de denuncias "no ajustadas a la ley", dijo el abogado que representa la empresa, Julio Dissi.
El tribunal hizo pública la aceptación de la quiebra a través de un inserto publicado en el Diario Oficial y fijó para el 9 de agosto la junta de acreedores de la compañía, que desde hoy estará a cargo del juez interventor Jorge Mislej.
El pasado 10 de junio, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile revocó la autorización de la aerolínea peruana para operar en el mercado del transporte aéreo chileno.
Según el organismo, la medida se adoptó debido al incumplimiento de la normativa aérea chilena y a problemas de gestión e impago de compromisos por parte de la empresa con el organismo fiscalizador del mercado aéreo.
El 25 de abril, Aero Continente demandó al Estado de Chile por más de 1.000 millones de dólares por los supuestos daños que le causó una acusación de lavado de dinero cursada el año pasado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El CDE acusó a la compañía aérea de asociación ilícita para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, tras lo cual un juez ordenó incautar los bienes de la empresa, y sometió a proceso y encarceló a cuatro de sus directivos.
Sin embargo, la Corte Suprema suspendió días después la acusación al acoger un recurso de amparo en favor de los detenidos, lo que significó su puesta en libertad y la devolución de la aerolínea a sus dueños, aunque la investigación judicial sigue abierta.
La presidenta de Aero Continente, Lupe Zeballos, aseguró el pasado abril que el daño patrimonial causado a la filial de la compañía en Chile supera los 1.000 millones de dólares, aunque advirtió de que serán los tribunales los que determinen el monto de indemnización que exigen.
Durante julio y agosto de 2001, la Justicia ordenó la incautación de la flota de aviones, el cierre de las cuentas bancarias de los directivos y máximos ejecutivos, y la cancelación de todos sus vuelos nacionales e internacionales.
También delegó la administración de la aerolínea al abogado Andrés Chadwick, quien declaró en quiebra la compañía.
El abogado Julio Dissi, quien representa a Aero Continente en Chile, señaló que la actuación de la Justicia en este caso no ha sido competente.
Según el letrado, la ley chilena establece que cualquier empresa que sea investigada por lavado de dinero no está obligada a suspender sus operaciones, como ocurrió con Aero Continente.
"El proceder injustificado de funcionarios del Estado, al hacer efectivo el cierre de Aero Continente antes de que finalizara el proceso penal, valida nuestra demanda", dijo Dissi.
Sin embargo, la presidenta del CDE, Clara Szczaranski, señaló que la demanda de Aero Continente contiene errores, pues no se puede demandar al Estado por fallos del Poder Judicial.
En mayo de este año, la línea aérea tenía una participación de mercado en Chile del 5 por ciento, 11 puntos menos que los que tenía antes de julio de 2001.
