COTABATO.- Los rebeldes musulmanes, afectados por una serie de derrotas en el campo de batalla, propusieron hoy un cese de fuego al gobierno filipino, pero el jefe de los negociadores del gobierno se negó a discutirlo.
Las conversaciones de paz entre el gobierno y el Frente Islámico Moro de Liberación Nacional se reanudaron ayer, un mes después que los rebeldes se retiraron de las negociaciones para protestar por una ofensiva militar contra sus campamentos en el sur del país.
Moner Bajunaid, negociador interino del frente, dijo que los rebeldes propusieron parar la lucha, que se ha intensificado en las últimas semanas en que las tropas del gobierno han capturado la mayor parte de los campamentos satélites del grupo.
El gobierno se negó a plegarse a un cese de fuego unilateral que declaró el frente, aduciendo que sólo serviría para que los rebeldes se reagrupasen.
"No nos proponemos discutir esto por el momento", dijo el jefe negociador del gobierno Eduardo Batenga. "Les hemos resaltado que el gobierno debe mantener su autoridad para proteger y preservar la integridad de la república".
En Manila, representantes de un grupo pacifista que busca un cese de fuego de 40 días también fueron rechazados por el presidente Joseph Estrada.
"Lamento informarles que pensamos que no podemos aceptar vuestra propuesta", dijo el presidente según Dinky Soliman, miembro del grupo. "Seguiremos implementando la estrategia de las negociaciones desde una posición de fuerza".
El grupo desea dar a los civiles tiempo para retirar sus pertenencias de las casas que se vieron obligados a abandonar, recibir atención médica y cosechar sus cultivos.
La Oficina de Defensa Civil dijo que más de 237.000 personas han sido desplazadas por la lucha.
Batenga dijo que el gobierno insiste en un plazo del 30 de junio fijado por Estrada para completar las negociaciones.
Pero los rebeldes demandan una extensión de 15 días para estudiar un "paquete político" propuesto por el gobierno. Batenga dijo que el paquete incluye la propuesta de enmiendas a la legislación que rige en la región semiautónoma musulmana de Mindanao para que reconozca la ley musulmana "sharia", y para expandir los beneficios económicos, educativos y administrativos para la minoría musulmana.
