CARACAS.- El líder de la legislatura venezolana y uno de los principales aliados políticos del Presidente Hugo Chávez, Luis Miquilena, se defendió hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia, comparando el manejo de las acusaciones de corrupción en su contra con el trato que recibió cuando fue un preso político.
"Aquello era una acusación honrosa y ahora estoy siendo objeto de una acusación que es deshonrosa", indicó Miquilena, quien fue encarcelado hace medio siglo por oponerse a una dictadura militar, durante una audiencia pública ante el Tribunal Suprema de Justicia.
Miquilena, fue vinculado hoy a varios hechos de corrupción por el fiscal general Javier Elechiguerra, durante una audiencia pública en el Tribunal Supremo de Justicia, en la que solicitó un antejuicio para desaforar al presidente de la Comisión Legislativa.
El proceso iniciado contra Miquilena, de 80 años, ha sido empleado por los críticos del gobierno para atacar a Chávez y debilitar la principal bandera del mandatario que es el combate de la corrupción.
Un grupo de manifestantes se aglomeró hoy frente al Tribunal para expresar su respaldo Miquilena. Una veintena de policías debió tomar las instalaciones para evitar posibles actos de violencia.
Elechiguerra solicitó a los magistrados iniciar una investigación penal contra el legislador por los presuntos delitos de tráfico de influencias, sobregiro presupuestario y suministro de datos falsos en su declaración jurada de bienes.
"Hay que averiguar porque en este país no puede haber ningún privilegiado", dijo.
Entre los casos presentados por el fiscal está el contrato que otorgó el Consejo Nacional Electoral a una empresa Micabú, que era propiedad de Miquilena, para la impresión de un millón de copias de la nueva constitución el año pasado.
También denunció los contratos millonarios que otorgó Miquilena, cuando era ministro de Relaciones Interiores y Justicia entre febrero y mayo de 1999, a una empresa de seguros propiedad de su socio Tobías Carrero.
Por su parte, Miquilena acusó a Elechiguerra de estar cometiendo "un fraude procesal" y "ocultar pruebas", y sostuvo que el fiscal se estaba aferrando "a la fabricación de un delito" para tratar de "deshonrarlo".
El principal colaborador de Chávez admitió que estaba dispuesto a despojarse de su inmunidad si el máximo tribunal determinaba que había elementos para procesarlo.
El Tribunal Supremo de Justicia tiene un plazo de cinco días para emitir un pronunciamiento respeto a la solicitud del fiscal.
