BOGOTA.- La Fiscalía General de Colombia ordenó el arresto de un presunto extorsionista de la delincuencia común como primer implicado en el atentado con el collar bomba que a mediados del pasado mayo mató a una hacendada y a un artificiero policial, informaron hoy en Bogotá portavoces de la entidad judicial.
El individuo fue identificado como José Miguel Suárez y había sido convocado por la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía en la capital colombiana a ofrecer una declaración acerca de esta acción terrorista, que causó conmoción en el país y el exterior.
Fuentes judiciales explicaron a los periodistas que los fiscales que llevan el caso alegaron pruebas que implican a Suárez como uno de los presuntos responsables del crimen, que los investigadores han atribuido a una banda de la delincuencia común.
El individuo había sido privado de la libertad como sospechoso hace tres semanas por efectivos del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía para que compareciera en una diligencia de indagatoria.
Los portavoces dijeron que una vez que los responsables del proceso terminaron el interrogatorio e hicieron algunas confrontaciones decidieron vincular a Suárez con la causa criminal que se derivó del atentado y bajo los cargos de homicidio con agravantes, lesiones personas, tenencia ilegal de explosivos y asociación para la delincuencia.
El presunto extorsionista fue alcanzado con una orden de arresto sin derecho a fianza, agregaron las autoridades judiciales.
Según los resultados preliminares de la investigación, una banda de la delincuencia común fue la autora del atentado con un collar explosivo que el pasado 15 de mayo causó la muerte de la hacendada Elvia Cortés de Pachón y a un artificiero policial que intentaba desactivar la bomba.
Un suboficial del Ejército y dos soldados también resultaron heridos por la deflagración que tuvo lugar en una zona rural de Chiquinquirá, población del centro del país y donde residía la víctima.
El collar bomba fue una represalia de los extorsionistas a la negativa de la familia de la señora Cortés de Pachón a pagar quince millones de pesos (unos 7.500 dólares) que le eran exigidos.
Las autoridades militares y policiales atribuyeron en un primer momento este atentado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que siempre lo rechazaron.
La supuesta responsabilidad de la organización guerrillera llevó al presidente Andrés Pastrana a suspender una audiencia pública internacional del proceso de paz que mantiene con las FARC y que debía celebrarse del 29 al 30 de mayo en la zona de distensión del sur del país.
En respuesta, el más antiguo y numeroso grupo rebelde del país declaró en suspenso la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación, pero una rectificación oficial permitió superar esta crisis hace dos semanas.
