MONTEVIDEO.- La Comisión para la Paz, que deberá investigar que pasó con los desaparecidos políticos y cerrar las heridas del pasado, inició hoy lunes sus trabajos a puertas cerradas.
Presidida por monseñor Nicolás Cotugno, arzobispo de Montevideo, la Comisión fue creada a instancias del Presidente Jorge Batlle quien desea sellar la paz entre los uruguayos, definiendo de una vez el tema de los desaparecidos políticos durante la dictadura militar, entre 1973 y 1984.
En Uruguay desaparecieron una treintena de personas luego de ser detenidas, pero organizaciones de familiares aspiran conocer que pasó con los parientes desaparecidos en Argentina, Chile y Paraguay, que superan los 150.
Batlle reveló el jueves, cuando instaló la Comisión, que le han hecho llegar informaciones desde Argentina y, por otro lado, los organismos locales de derechos humanos y de familiares, harán llegar su documentación.
La conformación de la Comisión para la Paz tuvo algunos inconvenientes, en particular, porque la central obrera izquierdista, dividida entre moderados y radicales, discutió si aceptaba o no que su presidente honorario, el octogenario José D'Elía se incorporara, lo que al final aceptó.
Dirigentes sindicales, como Luis Puig establecieron que a través del departamento de derechos humanos de la central obrera harán un seguimiento de lo que actúe la Comisión para la Paz, pero rechazaron que se trate de una comisión paralela.
D'Elía, dijo que estaba dispuesto a trabajar bajo las reglas de juego acordadas de reserva sobre las actuaciones.
Batlle, preocupado, por la eventualidad de filtraciones, abogó por la confidencialidad de las actuaciones y señaló que cada uno de los seis miembros actúan en forma personal y no en representación orgánica de grupos o sectores.
Carlos Ramela es el representante de Batlle, Gonzalo Fernández, un jurista reconocido es asesor del presidente del Frente Amplio izquierdista, Tabaré Vázquez, Claudio Williman, es miembro del partido Nacional, mientras el sacerdote Luis Pérez Aguirre tiene activa participación en organismos de derechos humanos y fue uno de los creadores del Servicio Paz y Justicia.
Batlle ha sostenido una larga serie de reuniones con los mandos militares explicando cuales serán los cometidos de la Comisión para la Paz. Les aseguró que no habrá ningún tipo de revisionismo ni estará en juego la vigencia de una ley por la cual en 1986 se clausuraron los procesos a militares o policías denunciados como violadores de los derechos humanos.
En 1989, esa ley fue sometida a un referéndum que la respaldó con el 52,52% de los votos. En 1986, una ley de amnistía liberó a ex guerrilleros tupamaros y a los presos políticos.
Aquellas medidas se tomaron bajo una llamada Ley de Pacificación Nacional, pero las divisiones sectoriales nunca desaparecieron.
