BUENOS AIRES.- El vicepresidente Carlos "chacho" Alvarez, en su condición de titular del Senado, pidió hoy a la justicia federal que investigue denuncias de que se habrían pagado sobornos a miembros de la cámara alta para hacer aprobar hace cuatro meses la controversial reforma laboral.
Alvarez concurrió hoy temprano al edificio de los tribunales federales y dijo a la prensa que "hay hechos de suficiente magnitud y envergadura" como para pedir la intervención de los jueces.
"Soy presidente del Senado y tengo la obligación de presentarme a la justicia", agregó.
Alvarez es quien impulsa con más vigor el esclarecimiento de denuncias de que legisladores de la oposición peronista, que tienen mayoría en el Senado, habrían recibido "gratificaciones" de funcionarios gubernamentales no identificados.
El escándalo surgió a partir de artículos publicados por el columnista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, dando cuenta de informes que le llegaron sobre el cobro de sobornos para aprobar la ley laboral, muy resistida por los sindicatos obreros.
El Presidente Fernando de la Rúa en un comienzo desestimó como infundadas las denuncias y dijo confiar en la honorabilidad de los senadores peronistas.
Sin embargo, ayer pidió a sus ministros y funcionarios que se pusieran a disposición de cualquier investigación. Las principales sospechas recaen en el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y en Fernando de Santibañes, un ex banquero a cargo de la secretaría de inteligencia del estado (Side). Esa dependencia maneja cuantiosos fondos, por los que no tiene que rendir cuenta.
Flamarique declaró hoy a la prensa que cuenta con toda la confianza del Presidente y que "aquí no se ha pagado ninguna coima".
Los senadores peronistas Antonio Cafiero y Jorge Villaverde, que habían planteado cuestiones de privilegio alegando sospechar que algunos de sus colegas habían sido sobornados, rehusaron confirmarlo públicamente.
Durante toda la jornada de ayer hubo reuniones en el Senado, sin que se llegara a ninguna conclusión y mientras cundía la impresión de que el supuesto escándalo político quedará finalmente sin esclarecer.
La investigación judicial pedida por el vicepresidente se sumará a la emprendida por la Oficina Anticorrupción del gobierno y a averiguaciones que realice el propio Senado.
Una encuesta difundida hoy por el matutino Página 12 indicó que un 80% de personas consultadas, cree en la veracidad de las denuncias.
El ex presidente Raúl Alfonsín comentó anoche que las sospechas de soborno "son absolutamente falsas, pero la gente las cree".
