BUENOS AIRES.- El presidente Fernando de la Rúa, confrontado con un escándalo de sobornos a cambio de votos legislativos que ha sacudido a las altas esferas políticas en Argentina, prometió el sábado perseguir a los culpables, tanto de la oposición como dentro del gobierno.
La crisis política de mayor envergadura en Argentina en varios años ha puesto dramáticamente a prueba la promesa electoral de De la Rúa de reprimir la corrupción, que imperó durante los 10 años de mandato del presidente peronista Carlos Menem.
El magistrado federal Carlos Liporaci ha pedido al Senado que despoje de su inmunidad parlamentaria a ocho de sus miembros, siete de ellos de la oposición peronista, para que pueda enjuiciárseles en relación con los presuntos sobornos pagados para que aprobasen leyes laborales auspiciadas por el gobierno.
Pero Liporaci dice también que está convencido de que los fondos para los sobornos provinieron del gobierno de la centroizquierdista Alianza.
El ministro del Trabajo, Alberto Flamarique, y el jefe del servicio secreto, Fernando de Santibañes, se han visto obligados a negar, públicamente, el pago de cualquier suma ilícita y De la Rúa dice que cree en ambos.
Uno de los peronistas más influyentes del país, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, instó a De la Rúa a perseguir tanto a los legisladores como a los funcionarios del gobierno culpables de corrupción.
LIDER PERONISTA DICE QUE CORRUPTOS SON "ASESINOS"
"Si hay funcionarios del estado nacional que pagaron con dinero público el soborno, son asesinos, porque están utilizando el dinero que habría que utilizar para comprar vacunas, medicamentos o para dar planes de trabajo, para comprar una ley", dijo Ruckauf, al visitar la residencia oficial de De la Rúa para suscribir un acuerdo fiscal.
El político peronista pidió al gobernante asir un bisturí para erradicar la corrupción de las instituciones nacionales.
"No me va a temblar la mano para llegar hasta el hueso y sancionar a cualquiera que aparezca con responsabilidad", respondió el presidente.
Argentina ha presenciado varios escándalos de corrupción a lo largo de los años, pero pocos han sacudido a las instituciones nacionales como este, que comenzó con acusaciones anónimas de sobornos a cambio de la aprobación, en abril, de una crucial legislación laboral diseñada para facilitar a las empresas las contrataciones o despidos laborales.
El vicepresidente Carlos Alvarez, un izquierdista que aboga tenazmente contra la corrupción y poco querido por los peronistas y hasta por muchos de sus colegas en el gobierno, exigió una investigación.
Un senador peronista de alto rango dio entonces a un juez los nombres de tres de sus colegas a quienes él creía vinculados al caso y, según se informó, un senador confesó a un periódico nacional que había aceptado sobornos.
El Senado celebrará el martes una sesión especial, en la que se espera acceda al pedido del juez de despojar a los ocho senadores de su fuero parlamentario. Tres de los ocho ya han manifestado que acceden voluntariamente al desafuero.
