BUENOS AIRES.- Altos funcionarios del gobierno argentino dijeron que los fondos presuntamente usados para pagar sobornos a senadores habrían salido de recursos estatales, según informa hoy lunes0 el diario "La Nación".
"Sólo en medios empresariales se señaló que los supuestos sobornos podrían haber salido de recursos privados", escribe el prestigioso columnista Joaquín Morales Solá, quien el mes pasado detalló tal hipótesis en uno de sus artículos.
Luego de la nota en ese sentido que se publicó hace algunos días, "un importante dirigente peronista aconsejó que el periodismo sacara la mirada de tal hipótesis. 'Fueron fondos estatales', aseveró, enigmático, sin dar mayores precisiones", relata el cronista, que ya a finales de junio fue el primero en publicar artículos que insinuaban los supuestos sobornos, cuando el caso no había salido aún a la luz pública.
Desde hace unas tres semanas, Argentina atraviesa una grave crisis político-institucional, a partir de una serie de versiones que indican que altos funcionarios del gobierno que encabeza Fernando de la Rúa habrían propiciado el pago de presuntos sobornos a legisladores del opositor Partido Justicialista (PJ, peronista) y de la oficialista Alianza, para favorecer la aprobación de la ley de reforma laboral en la Cámara Alta.
Dos funcionarios del gobierno señalados como presuntos mediadores del pago de esas "coimas" son el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y el titular de la Secretaría de Intenligencia del Estado (SIDE), Fernando de Santibañes.
"La Nación" se pregunta hoy si será posible que se hayan utilizado, "sin que quedaran huellas", fondos estatales para el pago de los presuntos sobornos.
El organismo que dispone de mayor cantidad de fondos reservados (sobre los que no deben rendirse cuentas) es la SIDE.
A través de su titular, De Santibañes, la SIDE presentó en el Parlamento una serie de informes y gráficos sobre la administración de sus gastos reservados durante los nueve meses que lleva en el poder la actual administración de gobierno.
Sin embargo, según el matutino, funcionarios de la SIDE dijeron que esos informes contienen sólo la contabilidad oficial del organismo y que le es posible al gobierno conseguir fondos reservados mediante otras maniobras presupuestarias. "La condición es que la cantidad de esos recursos no sea muy grande".
Según explicaron los funcionarios, entre dos y cuatro millones de dólares es una cantidad que puede "pasar inadvertida" para las dependencias del Ministerio de Economía.
Sin embargo, aún no se ha determinado cuál es el monto que supuestamente se repartió entre los senadores para comprar la ley de reforma laboral.
El artículo indica que, según rumores y a partir de un anónimo que circuló en el Senado, la cifra podría oscilar entre dos millones y diez millones de dólares.
"Si fueron diez millones de dólares, entonces sí debió haber un mix (una mezcla): la mitad de los fondos pudieron ser estatales, y privados la otra mitad", dijeron los funcionarios que cita sin identificar el cronista de "La Nación".
El juez federal Carlos Liporaci, quien lleva adelante la investigación sobre los presuntos sobornos, citó hoy a declarar sobre el movimiento de los fondos reservados al secretario de Hacienda, Mario Vicens.
Liporaci aceleró la causa al admitir, el viernes pasado, que contaba con suficientes indicios que le permitían "aseverar" que, efectivamente se habían repartido sobornos en el Senado para que se aprobara la ley de reforma laboral.
El magistrado pidió también al Congreso el desafuero de ocho senadores (siete del PJ y uno de la Alianza), bajo sospecha de haber cobrado las presuntas "coimas", y no se descarta que pueda solicitar que se despoje de sus fueros a más legisladores.
Aún no se ha determinado cuántos y cuáles senadores habrían cobrado "coimas", ni se ha establecido cuánto y quién pago los presuntos sobornos.
El escándalo de presuntos sobornos ha sido señalado como la mayor crisis institucional que atraviesa Argentina desde el retorno de la democracia en 1983.
