LA PAZ.- Ni cocaleros, ni campesinos, ni maestros están conformes con la propuesta del Gobierno boliviano, por lo que el bloqueo de caminos se mantiene inalterable desde que hace 14 días estalló el conflicto.
Además, al panorama caótico se añade el ayuno de reos por la aplicación de la ley del indulto.
Los mediadores del diálogo, la Iglesia católica, defensor del pueblo y asamblea permanente de derechos humanos, pese a los magros resultados, no pierden la esperanza de conciliar a las partes en conflicto y pacificar el país.
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Jesús Juárez, reiteró su pedido para que se flexibilicen las posiciones y se piense en el país, para evitar mayor luto y hambre a la familia boliviana.
La reunión con los productores de coca se realizó en Chimoré, Cochabamba, pero no se obtuvieron resultados, aunque continuarán el martes.
El dirigente cocalero Luis Cutipa informó que están de acuerdo con la decisión del gobierno de no construir tres cuarteles con ayuda estadounidense en esa región.
Pero en el tema de la coca no hay avances, porque insisten en que se les permita tener un "cato" (40 por 40 metros) por familia a alrededor de 40.000 familias.
El Gobierno rechaza esa propuesta, por lo que la iglesia planteó que se constituya una comisión para que en el plazo de 15 días analice el tema, y esa iniciativa será consultada por los cocaleros a sus diferentes sindicatos.
En la ciudad de La Paz, se reúnen los campesinos sin su principal líder, Felipe Quispe, el "Mallku" (cóndor en aymara), con varios ministros en un edificio de la Iglesia Católica. El tema de la tierra, del agua y programas de desarrollo son algunas de las demandas de los trabajadores del agro.
El "Mallku" no asistió porque insiste en que el diálogo debe efectuarse en la población indígena de Achacachi, a unos 90 kilómetros de La Paz.
Los maestros urbanos tampoco aceptan la bonificación de 1.500 bolivianos (alrededor de 240 dólares), a pagarse en dos partes (300 y 1.200 bolivianos, respectivamente) y reclaman el aumento salarial del 50 por ciento, propuesta que el Gobierno rechaza porque el Tesoro General de la Nación no tiene recursos.
Mientras tanto, alrededor 50.000 docentes rurales expresaron su conformidad con el bono, pero condicionan volver a clases si se soluciona el problema campesino, en el marco de un pacto intersindical.
A este panorama se añade una huelga de hambre, que iniciaron el lunes decenas de reos en varias cárceles bolivianas, exigiendo se aplique la Ley del Indulto por el Jubileo 2000, que debía beneficiar a más de 2.300 reclusos menores de 21 y mayores de 60 años.
Dicha ley fue rechazada por el Tribunal Constitucional porque transgrede varios artículos de la Carta Magna, y el Gobierno prometió, para sofocar el ayuno en las cárceles de Chonchocoro de La Paz, Palmasola de Santa Cruz y El Abra de Cochabamba, su inmediata tramitación en el Congreso Nacional.
