LIMA.- El diálogo auspiciado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para superar la crisis política que afronta Perú, continúa entampado al fracasar una reunión convocada con el objeto de analizar los temas más candentes del proceso de redemocratización del país.
"La reunión que había sido convocada ha sido pospuesta para un momento más adecuado, a solicitud del gobierno y de varios de los partidos de la oposición", dijo a los periodistas el ex canciller dominicano Eduardo Latorre, representante permanente de la OEA en Lima.
Latorre dijo que el diálogo entre el gobierno y la oposición política, auspiciado por la OEA, se reiniciaría "mañana jueves o pasado mañana ... por ahí".
El legislador Jorge del Castillo, secretario general del Partido Aprista Peruano, dijo a la AP que la oposición no reanudará las conversaciones mientras el gobierno del Presidente Alberto Fujimori no se comprometa, por escrito, a cumplir los acuerdos de la mesa de diálogo.
El diálogo se entrampó el viernes cuando el congreso, controlado por gobiernistas, violando un acuerdo aprobó sorpresiva e inconsultamente extender hasta el 31 de octubre la legislatura que debió concluir el domingo, con lo cual dejó sin efecto el comienzo de la segunda legislatura que debía comenzar el lunes.
Esta maniobra inesperada del oficialismo despertó en la oposición temores de que Fujimori no entregará el poder el 28 de julio del 2001 como anunció en septiembre, cuando se desencadenó la crisis con la difusión de un video que muestra al entonces asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos presuntamente sobornando con 15.000 dólares al congresista opositor Alberto Kouri para pasarse al oficialismo, como en efecto ocurrió.
Legisladores de la oposición dijeron que aparentemente la primera legislatura fue prorrogada para aprobar "leyes sorpresa", y denunciaron que el gobierno pretende implantar la impunidad para militares implicados en violaciones de derechos humanos durante la lucha antisubersiva en lo que va del gobierno de Fujimori.
El canciller Fernando de Trazegnies planteó recientemente incluir en la Constitución una disposición transitoria para perdonar los asesinatos cometidos por militares, durante la lucha contra la subversión, como el de 9 alumnos y un profesor de la universidad La Cantuta, y de quince vendedores de helados en un barrio céntrico de Lima, entre otros casos.
Esta propuesta, que aun no ha sido formalizada, podría ser aprobada en la legislatura actual y ratificada en la siguiente, que comenzaría el 2 de noviembre y finalizaría el 15 de diciembre.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, principal organización peruana del ramo, dijo que la demanda del gobierno de un pacto de impunidad para los delitos cometidos por militares durante estos años, a cambio de una transición a la democracia, "es éticamente inaceptable y políticamente contraproducente".
El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Luis Bambarén, dijo ayer que "la impunidad corrompe las fibras morales de la sociedad y convierte en cómplices a los responsables de velar por la verdad y la justicia...la impunidad es degradante".
El Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, a su vez dijo que "no puedo admitir que se hayan cometido delitos de narcotráfico desde las fuerzas armadas y que en consecuencia haya que perdonarlas. De ninguna manera puede pedirse la impunidad".
