LAGO AGRIO, Ecuador.- La violencia que se registra en el amazónico departamento colombiano de Putumayo, donde guerrilleros y paramilitares no se cansan de dispararse, comenzó a dejar víctimas ecuatorianas, al tiempo que amenaza con provocar problemas sociales por la presencia de desplazados en Ecuador.
Entre las víctimas ecuatorianas se encuentra Germán Zúñiga, un chofer municipal, herido de bala en un hombro mientras que conducía a periodistas de un telenoticiero ecuatoriano en el lado colombiano, infirmó a la AFP Máximo Abad, alcalde de Lago Agrio, capital de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Putumayo.
Zúñiga colaboraba con en equipo de reporteros que cubría la situación en la zona limítrofe con Colombia, donde hace nueve días fueron secuestrados por desconocidos armados dos franceses, seis estadounidenses, un argentino y un chileno vinculados con actividades petroleras.
Los franceses aparecieron el pasado lunes sanos y salvos, tras lograr escapar de sus captores, mientras un helicóptero civil en el cual habían sido plagiados fue encontrado vacío un día después del hecho en la misma jungla amazónica.
Abad explicó que los periodistas decidieron por su cuenta traspasar el último jueves la frontera y que llegaron hasta La Dorada, uno de los escenarios donde combaten por el control del área cocalera -en Putumayo hay unas 50.000 hectáreas cultivadas- las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha).
Añadió que según versiones de los reporteros, cuando regresaban de La Dorada, a 28 km de la línea limítrofe, hombres armados les detuvieron, les decomisaron el material de prensa y los atacaron a balazos.
Abad dijo que Zúñiga había recibido un balazo en el hombro izquierdo, que había sido intervenido quirúrgicamente y que se recuperaba en un hospital de Lago Agrio, a 30 km de la frontera.
"Esperemos que estos incidentes no se produzcan en nuestro territorio. Que los efectos del Plan Colombia, al manifestarse con el éxodo de colombianos en calidad de refugiados a nuestro país, no generen consecuencias sociales graves, que no las deseamos jamás", dijo el alcalde de Lago Agrio.
El Plan Colombia, impulsado por el gobierno de Bogotá para enfrentar al narcotráfico -que tiene un costo estimado de 7.500 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos hace un aporte de 1.300 millones de dólares- será aplicado próximamente en la zona de Putumayo, que produce el 50% de la hoja de coca colombiana.
Las guerrillas colombianas rechazan el Plan Colombia, pues consideran que ello implicará un involucramiento militar de Estados Unidos en el conflicto colombiano.
"El hecho nos preocupa, nos conmueve. El Ecuador todavía tiene una relativa paz. Hay un ambiente de calma a pesar de las situaciones de orden político y económico", añadió Abad.
La violencia desatada por los enfrentamientos en Putumayo ha desencadenado una ola migratoria de colombianos a territorio ecuatoriano por varios puntos, uno de ellos Sucumbíos, que tiene unos 250 km de frontera en la selva.
Sin embargo, no hay cifras consolidadas de refugiados y desplazados colombianos a territorio ecuatoriano. El alcalde dijo a la AFP que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) mantenía en reserva el número de colombianos que estaba socorriendo en la región de Sucumbíos.
"Se ha constatado que hay de 40 a 50 personas en calidad de refugiados, a quienes se los atiende de manera imprevista", señaló la autoridad municipal y agregó que "hay un flujo notable de colombianos que no han recibido el calificativo de refugiados".
Estimó que en las últimas siete semanas habían entrado cerca de 2.000 colombianos por el lado de Sucumbíos y que la mayoría se han quedado en Lago Agrio y otros poblados de la misma provincia, además de desplazarse más hacia el interior del país, incluso para hacer un "puente" dirigido a otros sectores de Colombia.
Sin embargo, puntualizó que la ciudad petrolera de Lago Agrio no goza de los servicios básicos y que "está empezando a sentir los efectos de carácter social, además de económico, por la presencia de los desplazados colombianos".
"Corremos riesgos muy graves de problemas sanitarios", recalcó el alcalde, quien dijo conocer que el ACNUR cuenta con recursos para atender a los inmigrantes colombianos sólo por unos seis meses.
