LIMA.- Los militares peruanos negaron este domingo ejercer presiones sobre el gobierno de Alberto Fujimori en busca de impunidad, sin embargo consideraron que las leyes de amnistía en su favor resultan insuficientes.
Los ministerios de Defensa y del Interior respondieron así, en un comunicado, a la oposición que los acusó de chantajear al gobierno para lograr leyes de amnistía que libren a los militares denunciados de cometer abusos durante la peor época de la violencia guerrillera (1980-1992).
El comunicado informó que, según expertos, esas leyes "resultan insuficientes para garantizar que sus efectivos no sean víctimas de represalias que pretenden desatar algunas instituciones resentidas por la lucha antisubversiva".
La violencia rebelde dejó en Perú unos 30.000 muertos y más de 25.000 dólares en pérdidas materiales. La ley de amnistía más criticada fue aprobada en 1996, poco después que varios militares fueron condenados por el secuestro, tortura y asesinato de nueve estudiantes universitarios y un profesor.
El delito, cometido en Lima en 1992, quedó impune y los oficiales salieron libres y sin cargos. El tema de la amnistía atascó el viernes el diálogo entre el gobierno y la oposición peruanos, que pidió un plazo para que se vote en el Congreso el recorte definitivo del mandato de Fujimori y la definición de la fecha de las elecciones generales.
Los oficialistas respondieron que el recorte del mandato presidencial sólo puede aprobarse dentro de un paquete de normas que llamaron de "reconciliación nacional" -leyes de amnistía a militares- y para reformar las entidades electorales.
Las fuerzas armadas aclararon que si bien están prohibidas de participar en asuntos políticos, no están impedidos de expresar su preocupación "ante las reticencias de algunos sectores a la implementación de una genuina política global de reconciliación".
Sin embargo, los opositores creen que el propósito real de los militares es lograr la impunidad para el ex asesor del gobierno Vladimiro Montesinos, quien busca asilo político en Panamá tras involucrarse en un presunto caso de corrupción, y que además está acusado de violar derechos humanos en Perú.
"Imputación que rechazamos tajantemente y que queda desmentida porque los excesos (de algunos efectivos) han sido objeto de sanciones de ley", agregó el comunicado militar.
Montesinos desató una crisis en Perú, luego que un legislador de oposición difundió en septiembre una videocinta que mostró al ex asesor de los servicios de inteligencia en un presunto soborno de un parlamentario para afiliarlo al oficialismo.
Fujimori se vio obligado entonces a anunciar elecciones anticipadas, en las que no participará, y el recorte de su mandato de cinco a un año, hasta el 28 de julio del 2001.
El ex asesor fue la mano derecha del presidente y se le acusa de haber dirigido escuadrones de la muerte, torturas, espionaje telefónico y hostigamientos durante la década que estuvo al mando de los servicios secretos.
Apodado "Rasputín", Montesinos -un ex capitán expulsado del Ejército por vender información secreta- sustentó parte de su poder al colocar en la cúpula castrense a sus amigos de promoción militar.
