BUENOS AIRES.- Ataques contra unos 200 omnibuses del transporte público y cortes de rutas fueron este miércoles el prólogo a una huelga general de 36 horas convocada para mañana por los sindicatos, en protesta por las medidas económicas del gobierno del Presidente de la Rúa.
Las autoridades dijeron que se trataba de actividades de "intimidación" contra los conductores para evitar que este jueves se presenten a trabajar, y anunciaron que reforzarán las medidas de seguridad.
El jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, dijo que se aumentará en una "cantidad muy importante" los efectivos para "contener y evitar cualquier tipo de disturbio" en terminales de ómnibus, avenidas y principales accesos a esta ciudad.
El ministro del Interior, Federico Storani, dijo esta noche que las fuerzas de seguridad estarán en "estado de alerta y movilización" para garantizar la libre circulación de vehículos. El funcionario denunció que, además de los ataques contra ómnibus, se produjeron numerosas "amenazas" y especialmente en el interior del país.
Storani no descartó la posibilidad de que el paro sea declarado ilegal, lo que pemitiría a las empresas descontar salarios a los que se adhieran. Desde el interior del país se informó que habrá movilizaciones y cortes de rutas por decisión de las delegaciones regionales sindicales y de desocupados que, desde hace varios meses, ya están bloqueando carreteras en reclamo de puestos de trabajo.
Este será el tercer paro general que harán los sindicatos contra el gobierno del Presidente Fernando de la Rúa, que el 10 de diciembre cumplirá un año en el poder. La medida de fuerza tiene el apoyo de 12 diputados oficialistas.
De la Rúa dijo a la prensa, antes de asistir a una ceremonia oficial, que la medida de fuerza es "inverosímil y sin sentido". En diálogo con la prensa anoche, el Presidente dijo que los motivos invocados por las dos fracciones en que está dividida la Confederación General del Trabajo (CGT), de orientación peronista, y la izquierdista Central de Trabajadores Argentinos (CTA), le resultan "incomprensibles" y que responden a intereses de la dirigencia sindical.
Los sindicatos acusaron al gobierno de implementar medidas de ajuste económico por imposición del Fondo Monetario Internacional, tales como el congelamiento presupuestario recientemente acordado por De la Rúa con las provincias por cinco años.
