MADRID.- La Justicia continúa hoy con los interrogatorios de los 41 detenidos relacionados con la red de blanqueo de dinero desarticulada en España, en la que están implicadas organizaciones mafiosas internacionales y en cuya investigación intervienen jueces de siete países.
Según citan hoy diversos medios locales, magistrados de Alemania, Francia, Holanda, el Reino Unido, Rusia, Estados Unidos y Canadá colaboran en la investigación de esta red criminal, la mayor que operaba en Europa.
El juez de la localidad mediterránea de Marbella, encargado del caso, decretó el domingo el ingreso en prisión preventiva de cuatro de los detenidos, mientras se espera la llegada de fiscales de varios países para colaborar en los interrogatorios.
A la cabeza de la trama figura un despacho jurídico marbellí, "Del Valle Abogados", dirigido por el chileno Fernando del Valle Vergara, un prestigioso letrado, de 57 años, asentado en España desde finales de los setenta.
Fuentes cercanas a la defensa de dos de los arrestados informaron de que una de las personas contra las que se dirige la orden de encarcelamiento es un ciudadano ruso y otra es una ucraniana con pasaporte español.
Las fuentes no precisaron la nacionalidad de los otros dos encarcelados hasta el momento ni las identidades de ninguno de los cuatro.
Si se sabe que entre los 41 detenidos figuran ciudadanos españoles, marroquíes, franceses, finlandeses, rusos y ucranianos.
En sus investigaciones, la Policía española constató "numerosas conexiones" entre el despacho de abogados de Marbella y al menos nueve grupos del crimen organizado internacional.
Sobre Fernando del Valle, de momento se desconoce su situación procesal, aunque los letrados que intervienen en el caso refirieron que está a disposición del juez, incomunicado, a la espera de prestar declaración hoy, lunes.
Centro de operaciones en Marbella
El centro de operaciones de esta red se ubicaba en Marbella, el principal centro veraniego de la Costa del Sol, donde estaba el citado bufete, a través del que se canalizaban las operaciones fraudulentas.
Según fuentes de la investigación, la red ha blanqueado casi 300 millones de dólares, parte de ellos procedentes de desvíos ilegales de la petrolera rusa Yukos, que ha negado su implicación en esta trama.
"Seguimos insistiendo en que Yukos no tiene nada que ver con el escándalo de Marbella", dijo a EFE hoy desde Moscú, Igor Fokin, portavoz de la compañía.
La trama desarticulada con un operativo policial denominado "Operación Ballena" está considerada la más importante de Europa.
A través del despacho de abogados de Marbella operaba una maraña de centenares de sociedades con conexiones en varios países y que se dedicaban a invertir en la Costa de Sol, una de las zonas que más desarrollo urbanístico ha experimentado en España en las últimas décadas.
Este bufete, relacionado con una firma que operaba en Holanda, mantenía conexiones con numerosos grupos criminales radicados en España o el extranjero relacionados con actividades delictivas graves.
Entre estas actividades ilegales, la Policía española incluye el tráfico de drogas, homicidios, tenencia ilícita de armas, prostitución, secuestros, "ajustes de cuentas", estafas internacionales, evasión de impuestos y fraudes bursátiles, entre otras.
En declaraciones a una emisora de radio, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dijo hoy que esta operación policial es "la punta del iceberg" y recordó su departamento nombró a un fiscal especial antimafia en la Costa del Sol porque tenían la constancia de que en España se había instalado el "monstruo de la mafia internacional".
Señaló que en este tipo de organizaciones delictivas, llegar a los "cerebros" es lo mas difícil, aunque dijo que en esta operación "se han alcanzado niveles altos de responsabilidad" y manifestó que la cooperación internacional es fundamental para luchar contra estas mafias.
Al servicio de las organizaciones delictivas, según la Policía española, se había creado una importantísima y compleja trama de sociedades mercantiles que, a través del sistema financiero internacional, había formado una red de blanqueo de capitales y un sistema de defraudación masiva a la Hacienda pública.
Esos fondos se canalizaban a través de paraísos fiscales o en países que ejercen un escaso control fiscal.
En la "Operación Ballena han participado", durante más de diez meses, 300 agentes de diferentes unidades de la Policía española.
Además de en España, en Holanda se han realizado registros en las ciudades de La Haya y Harlem, mientras las autoridades españolas mantienen contactos con las rusas para esclarecer las vinculaciones de grupos y empresas de ese país con estos delitos.
