Indemnización por años de servicio: Expertos analizan los cambios que estudia el Gobierno

Las modificaciones buscan actualizar las medidas que están contempladas actualmente en el Código Laboral chileno.

12 de Febrero de 2019 | 11:27 | Por José Joaquín Durán, Emol
El Mercurio
SANTIAGO.- En enero de este año, el Presidente Sebastián Piñera, por parte del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, recibió más de 50 propuestas para modernizar el mercado laboral entre las cuales están contemplados cambios en la indemnización por años de servicio.

La modificación busca desarrollar una alternativa al actual sistema, que significaría un pago para todo evento al empleado desvinculado, incluso cuando la persona haya trabajado menos de un año en la empresa. Con esta modalidad el trabajador recibiría el equivalente a medio sueldo por cada año (actualmente es un sueldo por año pero solo para despido del trabajador por necesidades de la empresa), con un tope de 11 años, según El Mercurio.


Para financiar la modernización, los empleadores depositarían en una cuenta individual a nombre del trabajador el equivalente a 4,11% de su remuneración bruta mensual, para el seguro de cesantía.

El economista David Bravo señaló a Emol que el nuevo enfoque, a diferencia del que entrega las condiciones actuales, "puede representar mejores oportunidades que un beneficio que es usado escasamente y que dista de estar protegido".

Lo anterior se debe a que "la gran mayoría de los términos de contrato se producen por renuncias, término del plazo o razones sin derecho a indemnización", agregó el economista.

En relación con la entrega de medio salario, el socio del estudio de abogados Uribe, Hübner y Cía., Marcelo Soto, señaló a Emol que la medida "tiene que tener un cierto equilibrio, que no sea un costo excesivo que finalmente afecte al mercado del trabajo, en términos de creación de empleo y de creación de salarios".

El académico de la Facultad de Derecho de la USS, Karl Sievers, dijo a Emol que "en ningún caso está contemplado que se pueda despedir a alguien porque simplemente no sirve para lo que está contratada. Entonces, por eso los empleadores siempre están invocando, en esos casos, la causal dirigida a la empresa", como, por ejemplo, necesidad de la compañía.

El Gobierno propondría que el nuevo sistema se aplique para los nuevos contratos que se firmen después de la entrada en vigencia de la ley, siempre y cuando exista acuerdo entre ambas partes. En síntesis, si el empleador o el trabajador se oponen, el acuerdo estaría regido por el sistema actual.

El complejo panorama político

En noviembre del año pasado, ya habían surgido críticas al respecto, por lo mismo, las interrogantes surgieron rápidamente, en torno a las posibilidades que tiene esta normativa, porque el clima político no apuntaría a que sea aprobada.

4,11%porcentaje que tendría que poner el empleador para el trabajador

En esta línea, Sievers dijo que "desgraciadamente no creo que salga, porque aquí hay tremendas cuestiones políticas metidas entre medio, soy súper escéptico de que la reforma tenga un buen término".

Asimismo, Soto comentó que "este es un tema que atrinchera. Genera una ideologización del debate, entonces claro, hay que ver bien el momento. Hay que ver si es que la oportunidad de agregar otro debate es priorizable".

El debate en torno a los temas laborales, según Marcelo Soto, en cuanto a los salarios y del mercado del trabajo, "tiene dos puntos de vistas, un punto de vista al pasado, o al futuro".


"El punto de vista del pasado es seguir pensando que cualquier norma inclusiva, que adapte a los trabajadores a sus necesidades directas, es precarizar o si más bien eso es modernizar. Modelo rígido o modelo flexible. El punto de vista mío es que esto moderniza", añadió Soto.

En relación con la interrogante de a quiénes beneficia esta nueva medida, los especialistas apuntan a que en gran medida es un avance para las Pymes.

La razón de lo anterior es que "todo el mundo piensa, cuando habla en derecho del trabajo, en Walmart, en Cencosud y en grandes empresas, pero la realidad nacional es que el 70% es micro y pequeña empresa, después vienen las medianas y luego, un porcentaje muchísimo menor, es de grandes empresas", comentó Sievers.

El costo actual para las Pymes es que "a ese micro y pequeño empresario, si lo hacen pagar 5 o 7 millones de pesos en indemnizaciones, lo quiebras. No tiene como pagar", acotó el abogado.
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