Este martes la Cámara de Diputados despachó el proyecto de portabilidad financiera, ingresado a fines de 2019 por el Ministerio de Hacienda. Con esto, la iniciativa quedó lista para convertirse en ley, y una vez promulgada, inyectará mayor competencia en el sector y permitirá reducir tiempo y costo a las personas naturales y pymes que busquen cambiar de proveedor de productos o servicios financieros.
La medida, según explicaron desde Hacienda, crea un formato "estándar" que permite comparar la totalidad de costos intereses y comisiones que cobran las diversas instituciones financieras por determinados productos, ya sean cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, créditos hipotecarios, de consumo o automotrices.
Así, se le facilitará la tarea al cliente a la hora de comprar las alternativas que ofrece el mercado. Con esta ley, además, será el proveedor, y no el cliente, el que realice todas las gestiones para concretar el cambio de institución financiera, tal como ocurre con la portabilidad en telefonía móvil.
Adicionalmente, con la normativa, señaló la cartera, bajarán los costos y demoras de refinanciamiento de créditos con garantía real, como los hipotecarios."La ley permitirá traspasar la garantía desde un acreedor a otro de manera fácil y simple, abaratando el costo de refinanciar en 60% y disminuyendo el tiempo en trámites en 40%".
"Por último, se regula y transparenta el proceso de portabilidad, especificando los pasos a seguir, plazos, formalidades e información a entregar, de manera que los clientes puedan decidir si portarse o no a una nueva institución financiera, conociendo de antemano los plazos, etapas y el funcionamiento del proceso, con lo cual se fortalece la protección del consumidor financiero", agregó.
Las entidades financieras que están consideras en esta nueva normativa son bancos, compañías de seguros, agentes administradores de mutuos hipotecarios, cooperativas, cajas de compensación, instituciones que coloquen fondos de manera masiva como empresas que otorgan créditos automotrices, emisores de tarjetas y otras entidades fiscalizadas por la CMF.
Todos los productos financieros serán objetos de portabilidad, aunque en el caso de los créditos hipotecarios habrá "condiciones especiales", indicó el ministerio.
Según los datos del Ejecutivo, alrededor del 97% de la población adulta del país se verá beneficiada con esta ley, es decir, más de 13 millones 600 mil personas. También el 97% de las pequeñas empresas (189.372) y el 94% de las microempresas (653.042).
