El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
El Mercurio/ Archivo.
El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se refirió este viernes al impacto que tendría la ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia, señalando que poner este tema en una legislación "puede terminar siendo un motivo de demanda contra el Estado".
Desde el Ejecutivo han señalado que comparten el fondo de la preocupación que originó esta iniciativa, recordando que dichas materias fueron abordadas el pasado 27 de marzo, cuando el Presidente Sebastián Piñera, anunció una serie de acuerdos con empresas de servicios básicos e Internet para ayudar a los usuarios durante la crisis sanitaria.
"Esto es algo que ya está funcionando desde hace dos meses, ya hay decenas de miles de familias que ya han utilizado este beneficio para la luz, para el gas, para las telecomunicaciones, para el agua y está totalmente disponible independiente de la ley. Los beneficios de la ley y de lo que se está otorgando mucho antes de que haya ninguna ley, son básicamente los mismos y los beneficiarios son muy parecidos, la ley innova en pequeños grupos de personas, incluye algún beneficio adicional que además las empresas, a medida que se ha ido discutiendo esto en el Congreso han aumentado sus beneficios de manera tal de igualarlos", afirmó el ministro Moreno en entrevista con Radio Concierto.
En esa línea, Moreno recalcó que "la discusión no es si las personas van a recibir el beneficio o no, la discusión que existe en este punto es que el proyecto de ley que fue aprobado y en el cual el Presidente está tomando la decisión de hacer un veto respecto de algunos puntos que no tiene que ver con los beneficios, no van a cambiar en nada los beneficios, sino que tiene que ver con que esto señala que esto se hace sin ninguna compensación (...) Si lo establecemos por ley eso puede terminar siendo un motivo de demanda contra el Estado de Chile".
En ese contexto, el titular del MOP explicó que lo que se está "haciendo es poner un problema público, la falta de capacidad para poder pagar el agua u otras cosas de un grupo importante de personas, en determinadas empresas o personas, que tendrían que hacerse cargo de eso, en este caso de postergar el pago y eso se tiene que hacer con compensación de acuerdo a la ley, a la Constitución de Chile y el Estado de Derecho".
"Lo que tenemos que tener cuidado es que esto no se transforme en algo que después pueda dañar el patrimonio de los propios chilenos. De lo que se trata es que esto siga estando en el marco de una cosa voluntaria de las compañías que lo pagan con su propio patrimonio y es un aporte a sus clientes en un momento que lo requieren", concluyó Moreno.
La próxima semana vence el plazo para que el Mandatario decida si vetará o promulgará finalmente la iniciativa.
