Sala de la Cámara aprueba en general proyecto que busca adelantar al 2025 el fin de las plantas a carbón

La iniciativa fue respaldada por 145 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, con lo cual volverá a la Comisión de Medio Ambiente para ser discutida en particular.

27 de Octubre de 2020 | 14:30 | Redactado por Patricia Marchetti M., Emol

Foto referencial, Sala de la Cámara de Diputados.

Aton
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que busca prohibir la instalación y funcionamiento de las centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, y adelantar el cierre de todas aquellas plantas con menos de treinta años de antigüedad para el 31 de diciembre de 2025.

Así, por 145 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa legal que consta de dos artículos, volverá a la Comisión de Medio Ambiente para su discusión en particular.


El texto consta de un artículo único permanente, mediante el cual se propone "prohibir la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctricas a carbón en todo el territorio nacional". Y de un artículo transitorio, mediante el cual establece "una norma de vigencia para aquellas plantas con menos de treinta años de antigüedad, para el 31 de diciembre de 2025".

El debate en la Sala estuvo marcado por la importancia de terminar con este tipo de plantas en el país y lo dañino que es para la salud su operación. Por otro lado, diputados del oficialismo coincidieron con que se trata del camino correcto, pero destacaron que el Gobierno ya tiene fijada una hoja de ruta que contempla la descarbonización de la matriz energética para 2040 y que Chile logre ser carbono neutral para 2050.

De acuerdo a la presentación del proyecto, la cual fue hecha por el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social), "en Chile hay 28 centrales termoeléctricas a carbón en operación con una potencia instalada de 5.529 MW, ubicadas en diversas comunas, encontrándose concentradas principalmente en Iquique, Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Curicó, Hualpén y Coronel".


"En el ámbito de la salud de las personas, se producen efectos muy nocivos, con externalidades negativas en los suelos y agua donde se encuentran instaladas centrales termoeléctricas. Ello se refleja en que en todas las comunas mencionadas, se supera la norma de calidad del aire, que ha conducido a declararlas zonas saturadas de contaminantes atmosféricos y sometidas a Planes de Descontaminación".

La visión del Gobierno

En su etapa previa, en la Comisión de Medio Ambiente, la ministra de esa cartea, Carolina Schmidt, dijo ver con buenos ojos el fondo de la propuesta, es decir, la eliminación del uso del carbón para la generación de energía. Sin embargo, expuso una diferencia de perspectiva en el tema, ya que estima que, de aprobarse la iniciativa, tal y como fue presentada, generaría una serie de externalidades que van desde aspectos energéticos a económicos.

"Es importante legislar conociendo todas las variables porque la idea es que sea un beneficio para el medioambiente, pero también para las personas. Es decir, que no sea más cara la energía", planteó la titular de Medio Ambiente.

14 mil puestos de trabajo ser perderían si se adelanta la fecha de la descarbonizacón a 2025, según el Gobierno

Asimismo, sostuvo que hay "un tema de costos que no es menor": "Todo proceso de descarbonización debe considerar diversas realidades, ya que, por ejemplo, en el sur de Chile, la gente ocupa leña e incluso verde, porque no tienen recursos. El llamado es a trabajar juntos y de buena forma para avanzar de manera coordinada en el cambio energético que queremos impulsar para nuestro país"

Por su parte, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, dijo que, en general, están de acuerdo en los objetivos, ya que es vital la descarbonización y remplazar las centrales a carbón. "No hay diferencias de opinión, sino en cómo se logra ese propósit", agregó, explicando que el proyecto tiene cinco problemas graves.

Así, detalló que con el adelanto del fin de las termoeléctricas a carbón se perderían más de 14 mil puestos de trabajo; habría un alto riesgo de racionamiento eléctrico; alza de cuentas de la luz; riesgo altísimo de demandas contra el Estado; y vicios de constitucionalidad.
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