Cada vez más son los países que exigen a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que suspenda las protecciones de las patentes de las vacunas contra el covid- 19, con el fin de aumentar su producción. Una petición que ha sido criticada por los laboratorios.
Esta propuesta, cuyo debate comenzó este lunes en el Consejo General de la institución, el cual se extiende hasta hoy,fue presentada en octubre pasado por Sudáfrica e India, y cuenta con el apoyo de decenas de países en vías desarrollo y desfavorecidos. No obstante, la iniciativa está lejos de tener consenso.
A grandes rasgos, el texto propone acordar una derogación temporal a algunas de las obligaciones incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), con el objetivo de lograr que cualquier país pueda producir las vacunas sin preocuparse de las patentes.
La revocación también implicaría "los diseños y modelos industriales, los derechos de autor y la protección de las informaciones no divulgadas", y duraría hasta que se logre una "vacunación ampliamente extendida a nivel mundial y que la mayoría de la población mundial esté inmunizada".
Países a favor
Los países que apoyan la medida, con el respaldo de diversas organizaciones no gubernamentales, como Médicos Sin Fronteras (MSF), consideran que su aprobación facilitaría el acceso a productos médicos, los cuales, por cierto, son necesarios en todos los países desfavorecidos.
"Las herramientas y tecnologías médicas contra el covid-19 deberían ser bienes públicos mundiales, exentos de las barreras impuestas por las patentes", sostuvo el doctor Sidney Wong, codirector de la campaña de acceso a las medicinas de MSF.
La idea ha sido bien recibida por diversas autoridades, entre ellas la nueva directora general de la OMC, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, quien debutó este lunes y en su primer discurso expuso "debemos concentrarnos en trabajar con las empresas para abrir y otorgar licencias a plantas de producción más viables ahora en mercados emergentes y países en desarrollo", y agregó que también se requieren transferencias tecnológicas.
Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también acogió la iniciativa, un gesto altamente simbólico.
Países en contra
Para Thomas Cueni, presidente de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (IFPMA), la propuesta de "suprimir las patentes o imponer una suspensión no produciría ni una sola dosis de la vacuna de más. Se trata sobre todo de una cuestión de experiencia", apuntó.
En general, los principales opositores de la medida son Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Suiza, donde se encuentran las sedes de varios gigantes farmacéuticos, así como otras naciones altamente desarrolladas, como Noruega, Japón, Australia y el Reino Unido.
El argumento principal de este grupo está relacionado con el esfuerzo financiero que han efectuado los diversos laboratorios en el avance de la inmunización, y consideran que son los que mejor pueden fabricar las cantidades necesarias.
Además, según ellos, las normas actuales en materia de propiedad intelectual prevén la posibilidad de acordar "licencias obligatorias", previstas específicamente para las situaciones de emergencia.
En efecto, las reglas de la OMC incluyen la entrega de una "licencia obligatoria" que permita a los gobiernos otorgar a ciertas empresas, que no sean las titulares de la patente, la autorización de fabricar el producto, siempre y cuando se respeten los procedimientos y condiciones establecidos.
Por lo mismo, los países que impulsan la iniciativa estiman que el proceso para obtener una licencia obligatoria es muy complicado y tiene demasiadas condiciones, ya que cada pedido se tiene que tratar caso por caso.
Bajo este contexto, con el fin de evitar una querella, Ngozi Okonjo-Iweala solicitó utilizar las "flexibilidades" del sistema actual, e incitó a recurrir a los acuerdos de "licencia voluntaria", como hizo AstraZeneca con el Instituto Serum de India.
El ejemplo del sida
A finales de los años 1990, los antirretrovirales transformaron los tratamientos contra el sida. Las triterapias comenzaron a salvar millones de vidas, pero su precio era inalcanzable para la mayoría de las personas.
Hasta principios de los años 2000, no se firmaron acuerdos y compromisos para reducir los valores y facilitar el acceso a la fabricación y distribución de medicamentos antirretrovirales para los países de escasos recursos.
Un año después, luego de arduas negociaciones, la conferencia ministerial de la OMC en Doha aceptó una flexibilización en la protección de las patentes de los grupos farmacéuticos, que otorgaba a los países en crisis sanitaria el derecho a fabricar medicamentos genéricos más baratos.
Sin embargo, la declaración de Doha estaba incompleta sobre un punto esencial, relacionado con los problemas de los países menos desarrollados que no contaban con la capacidad de producción y así recurrir a este mecanismo de forma eficaz.
Finalmente fue en el año 2005 que se ratificó un acuerdo temporal, que permitió introducir una exoneración al derecho de propiedad intelectual que autorizaba a los países pobres afectados por enfermedades graves infecciosas –como paludismo, tuberculosis y sida- importar medicamentos genéricos en caso de que ellos no pudiesen fabricarlos.
