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Renta universal de emergencia: Las millonarias cifras y propuestas lanzadas en medio del debate en el Congreso

Desde la oposición pretenden ir más allá de la propuesta del Gobierno, que busca ampliar el IFE al 100% del Registro Social de Hogares.

07 de Mayo de 2021 | 08:00 | Por Tomás Molina J., Emol
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El Mercurio
Continúan las negociaciones por "mínimos comunes" entre el Ejecutivo y el Congreso, y si bien los puntos en discusión son varios, el principal foco de atención está puesto en cómo evolucionarán las ayudas que el Estado entregará a las familias para hacer frente a la pandemia.

La propuesta del Gobierno consiste en aumentar la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) del actual 80% al 100% del Registro Social de Hogares (RSH), siendo 6.969.015 los hogares del país que lo integran, abarcando a un total de 14.831.944 personas.

Esto, implicaría que el gasto fiscal por el IFE subiría de US$1.830 millones -considerando la cobertura del 80% del RSH- a más de US$2.050 millones mensuales, contemplando un desembolso hasta junio de US$6.000 millones.

Sin embargo, desde la oposición si bien han valorado la idea, apuntan a fortalecer aún más las ayudas, ya sea ampliando la cobertura o aumentando el monto que entrega el IFE -que es de $100 mil mensuales por integrante del hogar-, con el fin de empujar una renta básica universal de emergencia.

El miércoles la Sala de la Cámara de Diputados dio cuenta de un proyecto de reforma constitucional de la oposición que había sido anunciado en días previos y que busca consagrar esta renta universal.

La propuesta busca que todos los hogares que integran el RSH reciban un aporte monetario equivalente a la línea de la pobreza que corresponda a su número de integrantes. Actualmente, la línea de la pobreza para los hogares unipersonales es de $176.201 y va decreciendo a medida que aumentan el núcleo familiar. Para un hogar de cuatro personas es de $464.996 y para los hogares con 10 miembros su valor es de $883.096.

En ese sentido, la moción es similar a que el IFE llegue al 100% del RSH, pero considerando un monto mayor a los $100 mil per cápita del IFE. "La gran diferencia es que el Gobierno está planteando el mismo IFE de $100 mil y nosotros queremos que esto vaya más allá de la línea de la pobreza", dijo a El Mercurio uno de los autores de la moción, el diputado Matías Walker (DC).

El aporte se entregaría de forma mensual, por el tiempo que se encuentre vigente la alerta sanitaria por el covid-19 y sería una prestación universal, es decir, disponible para todas las familias chilenas sin importar el nivel socioeconómico al que pertenezcan. No obstante, precisa la reforma, quien no desee percibir el beneficio podrá abstenerse de solicitar su ingreso en el RSH.

También se establece que el gasto que genere la renta universal se hará con cargo al fondo Covid, y lo que falte se financiaría con transferencias de la partida presupuestaria del Tesoro Público. "Entiendo que la propuesta del Gobierno cuesta US$2.000 millones mensuales y la de la oposición US$2.800 millones. Esto, porque nosotros queremos que sea sobre la línea de la pobreza", detalló Walker.

Que llegue al 90% de la población

Asimismo, en medio de las conversaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para acordar "mínimos comunes", entre los parlamentarios de oposición también se ha levantado la idea de que la renta básica universal llegue al 90% de la población nacional: a más de 17 millones de personas, sin precisar aún si el monto a entregar sería el mismo que contempla el IFE o acorde a la línea de la pobreza.

Según estimaciones del economista Rodrigo Troncoso de Libertad y Desarrollo (LyD), y considerando un aporte sobre la línea de la pobreza, esto tendría un costo por tres meses de US$13 mil millones, esto es más de US$4 mil millones por mes. "Es un monto grande, más del doble de lo que propone el Gobierno".

Mientras que el economista ligado a la oposición y ex tesorero General de la República, Hernán Frigolett, comentó que de mantener el aporte de $100 mil planteado por IFE y llegando al 90% de la población total, el costo fiscal sería de US$2.450 millones mensuales. Entre meses llegaría a US$7.350 millones.

Otra propuesta fue emanada desde la Fundación Sol hace algunos días, planteando una cobertura del 94% de la población (18.489.239 personas) y un aporte promedio por hogar de $537 mil. Lo anterior, tendría un costo fiscal de US$6.433 millones mensuales y de US$19.298 millones en tres meses.

La fundación subrayó que se trata de un gasto "relevante", el cual podría ser financiado echando mano de los Fondos Soberanos, mayor endeudamiento fiscal y mayor recaudación impositiva mediante medidas como la eliminación de exenciones tributarias, un impuesto a los denominados "súper ricos" del país y aumentando la carga impositiva a las grandes empresas, como el proyecto de royalty minero que se está discutiendo en el Congreso.

La propuesta de Narváez y Rincón

Las precandidatas presidenciales Paula Narvaéz (PS) y Ximena Rincón (DC), hace algunas semanas realizaron una declaración pública conjunta en la que urgieron al Gobierno adoptar medidas para otorgar una Renta Básica Universal de Emergencia a cada familia del país por un monto mínimo de $600 mil mensuales hasta diciembre de 2021 y que se lleven a cabo modificaciones tributarias para garantizar su financiamiento.

Eso sí, hasta hoy no han entregado mayores detalles de la idea, ni tampoco cuánto podría costar, aunque igualmente algunas voces han realizado sus estimaciones.

Según dijo a Emol el precandidato presidencial de Evópoli. y ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, la propuesta de Narváez y Rincón es "una fantasía", la cual plantea "gastarse US$40 mil millones en ocho meses. Ese es el equivalente a cuatro años completos del presupuesto nacional para Salud, es el equivalente a vender Codelco y gastárselo en ocho meses. Es un espejismo, es un volador luces y no podemos seguir jugando con las expectativas de las personas, ellas saben que eso no es posible".

Por el contrario, el también ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, comentó hace unos días en EmolTV que lo propuesto por las aspirantes a La Moneda "no es una cosa del otro mundo", y la explicó así: "Tú no puedes vivir, en una familia de cuatro personas, con menos de $600 mil. Entonces, pongamos $100 mil por persona y, dependiendo de si falta o no para los $600 mil, pongamos hasta $200 mil más".

"Esa es la propuesta", afirmó, y aseguró que "no es mucho más" que lo que ha hecho al Gobierno hasta ahora -en referencia al IFE-, "serán unos US$600 millones más". Además, negó que lo planteado por Narváez y Rincón sea algo completamente universal. "Obviamente que a las personas del décimo decil de la (encuesta) Casen no les corresponde, y por supuesto que a una familia de dos personas no les vas a dar $600 mil, es proporcional al tamaño de la familia".

"Por lo que he sabido, la propuesta concreta es esta, y si no es esa, es la que propondría yo", manifestó Eyzaguirre.

Una renta universal permanente

Por su parte, el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) Michael Jorratt, expuso ayer a EmolTV que habría que evaluar si este una renta básica de emergencia sería solo por el contexto de la pandemia o apuntar a "algo más permanente".

"Ahí la verdad no tengo cifras de cuánto puede costar eso, pero sí me parece importante pensar en una renta básica universal que asegure un ingreso mínimo para todas las familias, y en la medida de que eso sea durante la emergencia, hay maneras de financiarlo, que no necesariamente requieren recurrir a incrementar impuestos para eso, porque tenemos las alternativas del endeudamiento", añadió.

Y si uno piensa en que esta renta universal se extenderá en el largo plazo, "ahí todas estas fuentes van a ser importantes, la eliminación de exenciones, evasión, el royalty".

Por otra parte, y con el fin de aportar en la discusión, Libertad y Desarrollo confeccionó en abril un documento bajo el supuesto de querer instalar un Ingreso Básico Universal (IBU) permanente en Chile, con miras a acabar con la pobreza o entregar un nivel mínimo de ingresos a todos los habitantes del país, lo que implicaría "necesariamente" un alto costo fiscal.

"Si se quisiera beneficiar a toda la población en Chile con un IBU equivalente a la línea de la pobreza, este beneficio tendría un costo fiscal anual superior a los US$57,6 mil millones", señaló el documento. Esto es más de lo que se estima significará la suma de los tres retiros desde los fondos de pensiones juntos y es 40 veces el gasto 2019 en subsidios por vulnerabilidad o bien, dos veces el gasto social total, que incluye el financiamiento público de la educación, pensiones, programas de salud, empleo, vivienda, etc.

"Por su parte, si se limita el IBU a los mayores de edad y menores de 64 años, y se disminuye el monto a la línea de la pobreza extrema, el costo fiscal seguiría siendo tremendamente elevado, rozando los US$ 25 mil millones. En ambos casos es claro que el gasto público que un programa como éste demandaría sería prohibitivo, oscilando entre un 8% y 19% del PIB", agregó LyD.
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