Desde que en marzo de 2020 el coronavirus se instaló en el país cada cierto tiempo el debate en torno a la conveniencia de fijar precios a bienes o servicios esenciales resurge.
Se trata de una discusión que no solo se ha dado en Chile, sino que en todo el mundo. Y es que uno de los tantos efectos socioeconómicos que trajo el covid-19 ha sido el aumento en el precio de algunos productos considerados de primera necesidad, debido, entre otras cosas, a los mayores costos y dificultades para producir a raíz de la situación sanitaria en el globo y las medidas de confinamiento.
De esta forma, las complejidades para la producción se traspasan a valores más altos para el consumidor final, lo que termina golpeando los bolsillos de las personas, ya resentidos por la crisis. Por eso, para algunas voces, una política para fijar precios a ciertos productos podría inyectar alivio a las familias, mientras que otras aseguran que una medida de ese tipo solo agudizaría el problema
La discusión se dio con fuerza el año pasado, imponiéndose la visión del Gobierno y del general de los expertos respecto a que congelar precios era una mala idea, ya que se traduciría en escasez e invocaría al mercado negro. Y ahora el debate reflotó, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la semana pasada un proyecto de resolución presentado por la bancada PPD para solicitar al Presidente Sebastián Piñera que use las facultades que le entrega el estado de excepción constitucional y fije y estabilice precios de los productos de consumo básico para las familias.
Sin embargo, según señaló en entrevista con Emol la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, la postura del Ejecutivo se mantiene. "No estamos de acuerdo con el proyecto", recalcó. "Creemos que no soluciona el problema. Que las personas puedan acceder a alimentos a menor precio no es lo que ocurre".
"No es lo que ocurre no solamente por lo que uno ve en los libros de economía, que uno puede decir que esa es mucha teoría, pero no en la práctica, pero la verdad es que nosotros tenemos muchos estudios -yo vengo de Odepa, que es la oficina de estudios de políticas agrarias- donde se han analizado muchísimos casos en el mundo después de la crisis alimentaria en 2007, o medidas que se han aplicado en esta línea, como en Argentina o Perú", añadió.
Así, afirmó que una política de ese tipo genera el impacto contrario a lo que se busca. "Muchas veces cuando se fijan precios, se hacen por debajo de los costos de algunos productores, y al final los productores no pueden producir. Eso provoca un desabastecimiento, o sea, disminuye el stock de productos, con lo que finalmente sube el precio, y como no puede subir en el mercado formal, se crean los mercados informales o negros", dijo la secretaria de Estado.
"En el mercado negro sube el precio y finalmente las personas terminan accediendo a los alimentos a mayor precio", la ministra.
Asimismo, agregó las dificultades operativas que tendría una medida así. "Es muy difícil fijar el precio", ya que, por ejemplo, en el caso de la agricultura, se deben tomar en cuenta los efectos estacionales. "Fijar un precio del tomate en enero donde está la mayor cantidad de producción es muy distintos a hacerlo en junio, cuando los tomates vienen de invernaderos donde los costos son más altos", sumado al factor transporte, ya que es "distinto cuando el tomate es producido en Arica a cuando este tomate tú lo quieres llevar a Puerto Montt. Los costos van mucho más allá de solo producir".
"Señales de fijación de precios pueden hacer, por ejemplo, que una persona no produzca la próxima temporada por que el precio puede estar debajo de sus costos, y eso es un ruido que innecesariamente trae alzas de precios al sistema".
María Emilia Undurraga
Dicho eso, advirtió que la cadena de abastecimiento de alimentos "reacciona frente a distintas señales,
y señales de fijación de precios pueden hacer, por ejemplo, que una persona no produzca la próxima temporada por que el precio puede estar debajo de sus costos, y eso es un ruido que innecesariamente trae alzas de precios al sistema".
"Siempre finalmente hay alguien que tiene que fijar ese precio, y ese punto de fijación de precios no está exento de problemáticas como presiones para que se fije en un nivel o en otro. Entonces se crea todo un sistema que, en vez de traer transparencia y tranquilidad para poder adaptarnos a esos precios, genera mayor presión, mayor escasez y alzas de precios en el mediano plazo", acotó.
"Por eso creemos que la línea del apoyo va más en la parte productiva, de fomento a la producción como lo que hace Indap. Y en la línea de política social, creemos que el Gobierno tiene que apoyar los ingresos de las familias para acceder a esos alimentos. Eso sería más eficiente", manifestó Undurraga.
Con todo, comentó que actualmente "los precios están tensionados a nivel mundial", y que están trabajando con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) para analizar distintos programas de apoyo para acceder a alimentos, pero recalcó que la seguridad alimentaria debe tomar en cuenta "stock y precios. Desvincular los precios del stock es un error que podemos pagarlo muy caro como país".
"¿Han aumentado algunos precios de algunos alimentos? Sí, han aumentado", dijo, producto de factores climáticos, estacionales y propios de la pandemia, y enfatizó en que la forma de hacerse cargo de este problema es con apoyo monetario a las familias.
