El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, condenó el nuevo caso de colusión que destapó la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que involucra a Brink’s, Prosegur, Loomis, que son las principales empresas de transportes de valores que operan en Chile.
"Yo lamento realmente que haya vuelto a ocurrir un caso así, después de todos los dolores que causaron los casos anteriores, esto le hace daño al sistema empresarial sin ninguna duda y le hace daño a la sociedad", indicó a Radio Cooperativa.
El líder del gran empresariado sostuvo que "espero que la modificación de la ley de libre competencia, hecha el año 2016, demuestre que se pueda aplicar el máximo rigor con las máximas penas".
Al ser consultado si respalda pena de cárcel para los ejecutivos denunciados, que precisamente contempla la nueva ley, Sutil dijo "por supuesto, si la legislación lo permite y los méritos de los hechos así lo consideran, los tribunales y los jueces, se tiene que aplicar de esa manera".
Por su parte, el ministro de Economía, Lucas Palacios, destacó en Radio Concierto que "este es el primer caso que se ve posterior a la ley que se aprobó en 2016, y esta colusión habría ocurrido entre 2017 y 2018, dado los antecedentes que entregó la delatora compensada".
"La nueva ley aplica para colusiones posteriores a la promulgación de la ley, que fue 2016, y este sería el primer caso cuyos ejecutivos, podrían llegar a la cárcel. Entonces cómo sigue el proceso y a cuánto asciende la pena de cárcel, actualmente está de tres años y un día a 10 años, lo que hace es que la Fiscalía Nacional Económica notifica a las personas que habían cometido estos ilícitos, hay varios que están fuera de Chile. Luego está el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y probablemente habrá alguna apelación, que termina en la Corte Suprema, entonces viene la querella penal de la FNE en contra de las personas naturales".
El ministro valoró que "aquí hay dos elementos, primero está la multa que está exigiendo a Brink's, Prosegur y Loomis, que son los que manejan el mercado, y también hay multas a las personas, que también es nuevo. Hay algo muy importante, esta ley es muy positiva, la figura de la delación compensada ha resultado en el mundo entero ser la apropiada para poder desbaratar estos carteles, porque sino es muy difícil comprobar el acuerdo (entre los coludidos).
Ayer la Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó que presentó el 7 de octubre ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión contra las tres principales empresas de transporte de valores que operan en el país y contra seis de sus principales ejecutivos, por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.
Tras los cambios en 2016 al régimen de multas, la FNE pidió al TDLC que aplique a los requeridos sanciones a beneficio fiscal que totalizan 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$63,4 millones.
Las mayores multas fueron solicitadas para Brink’s unos US$30,5 millones, y para Prosegur unos US$ 25,8 millones. Estos montos son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en casos de colusión.
Mientras que para Loomis, la FNE solicitó una sanción económica de unos US$ 6,4 millones.
