El proyecto impulsado por el Gobierno que busca implementar una solución "tripartita" que establece, entre otras cosas, un subsidio a las personas más vulnerables que han acumulado deudas de agua y luz durante la pandemia en el marco de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos, cruzó este miércoles su primera valla legislativa.
La idea del Ejecutivo es concretar una solución a esta problemática y así no extender por un año más la ley de Servicios Básicos -como aprobó la Cámara de Diputados hace unos días y la cual nació en 2020 para ayudar a las familias a hacer frente a la crisis-, argumentando que aquello profundizaría el problema ya que se acumularía una mayor cantidad de deuda.
Así, tras una rápida tramitación y tras un acuerdo entre el Ejecutivo y senadores
la comisión de Economía de la Cámara Alta aprobó y despachó a Sala la iniciativa.
En el detalle, el proyecto apunta a regular las deudas sanitarias y eléctricas contraídas entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 por los usuarios residenciales, los hospitales, hogares de larga estadía de adultos mayores, bomberos, micro empresas, entre otros.
Los beneficiarios serían aquellos definidos por consumo, considerando como vulnerables a aquellos con un consumo eléctrico promedio de hasta 250 Kw y en caso de consumo de agua, el límite sería de 15 m3 mensuales.
Así, quienes estén en ese universo, el beneficio contempla que los usuarios podrán pagar sus deudas en 48 cuotas mensuales, donde el valor de estas no podrá superar el 15% del cobro asociado al consumo promedio. Y el saldo de la deuda que no se pague en esas 48 cuotas, se extinguirá y quedará a cargo de las empresas.
Además, se entregarán subsidios fiscales por 48 meses correspondiente a la cuota del 15%. Los subsidio serán descontados mensualmente por las empresas sanitarias y eléctricas a sus respectivos clientes. Hecho el descuento, las empresas deberán acreditar mensualmente ante las superintendencias correspondientes los montos descontados y después, vía Tesorería General de la República, se reponen los recursos a las empresas.
Estos subsidios, según el proyecto, permitirán pagar la deuda correspondiente al 75% de los clientes de electricidad y del 71% de los clientes de servicios sanitarios.
"Creemos que es una buena iniciativa que se hace cargo de la situación compleja que están viviendo muchas familias como motivo de las cuentas pendientes en materia de electricidad y agua potable".
Álvaro Elizalde
De acuerdo con los cálculos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), la medida tendría un costo fiscal en cuatro años de $83.568 millones
(alrededor de US$100 millones).
"Esperamos que el Senado y el Congreso nacional despache y apruebe este proyecto también con mucha celeridad", comentó tras la votación el presidente de la comisión de Economía, senador Álvaro Elizalde (PS). "Esta es una iniciativa que se hace cargo de la situación de un número importante de familias que se acogieron al beneficio de la ley que prohibió el corte de suministro y permitió repactar el pago en cuotas, pero que hoy día tiene una deuda acumulada significativa y no están en condiciones de enfrentar".
"Aquí, en primer lugar, va a haber una repactación automática por 48 meses y la cuota que se va a pagar todos lo meses no va a poder exceder más de un 15% del promedio de las cuentas de luz y agua durante 2021. Es decir, las personas que se acojan a esta ley que va a ser automática en la mayoría de los casos, su cuenta no va a poder aumentar en más de un 15% de la cuenta promedio hasta en un plazo máximo de 48 cuotas", añadió.
Además, destacó que "el Ejecutivo presentó una moción que se hace cargo de la deuda a través de un subsidio, por tanto, hay una contribución del Estado a las familias que más lo necesitan, de manera tal que no se va a seguir acumulando la deuda".
"Creemos que es una buena iniciativa que se hace cargo de la situación compleja que están viviendo muchas familias como motivo de las cuentas pendientes en materia de electricidad y agua potable", zanjó.
