La ola inflacionaria que recorre el mundo está obligando a los gobiernos a actuar para atenuar la drástica caída en el poder adquisitivo de las familias, y Chile no es la excepción.
Junto a una potente alza al salario mínimo -el mayor en 25 años-, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció ayer un mecanismo de compensación ante la brusca subida que están registrando los precios de los alimentos.
Chile ya bordea una inflación del 10% y el alza del costo de la vida se ha ido posicionando como una de las mayores preocupaciones de la población. Por eso, el tema de entregar ayudas para enfrentar la escalada de precios hace varios días que estaba dando vueltas en la agenda del Gobierno.
Tras un exitoso periodo de negociaciones entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), las partes acordaron una propuesta de proyecto -que deberá ser aprobado por el Congreso- de reajuste al sueldo mínimo, con el que se buscará un alza de $30 mil en mayo y otra de $20 mil en agosto, para llegar a los $400 mil.
Junto con ello, se pactó la creación de un Observatorio del Valor al Público de la Canasta Básica de Alimentos, donde las empresas deberán registrar su precios, lo que permitirá calcular un subsidio que el Estado entregará mensualmente entre mayo y diciembre a las familias de menores ingresos para hacer frente a la inflación.
El beneficio se otorgará a causantes de Asignación Familiar o de Subsidio Único Familiar (SUF). En el primer mes (mayo), este bono equivaldrá a $6.410 por carga familiar. Es decir, si en un hogar hay cuatro personas que reciben la bonificación por el SUF reajustado, se sumarán $25.640 al subsidio, por lo que en total percibirá un monto de $88.028.
Según cálculos del Gobierno, este complemento llegará a alrededor de 1 millón 600 mil hogares, lo que equivale a unas tres millones de personas.
De esta forma, el Gobierno acogió la petición de la CUT de una "canasta básica protegida", para la cual proponía tres mecanismos: eliminar o reducir el IVA a los principales productos que consumen las familias, establecer un control de precios o entregar subsidios. Finalmente la administración Boric optó por esto último.
Para Alejandro Vicondoa, economista y académico de la U. Católica, "el anuncio del gobierno va a contribuir a aminorar los efectos de la inflación sobre las familias con menores recursos, más expuestas a la creciente inflación", además valoró la focalización de la medida, "lo cual es recomendado para este tipo de políticas".
"Considero que esta alternativa es mejor que las opciones que se planteaban de reducir el IVA o controlar los precios ya que, por un lado, están focalizadas y su impacto fiscal es menor y, por el otro, no distorsionan los precios", agregó.
A su juicio, una eventual fijación de precios induciría "fuertes distorsiones en el contexto de inflación actual y puede generar desabastecimiento de productos", mientras que una baja generalizada del IVA "tampoco es recomendada ya que, por un lado, alcanzaría a hogares de ingresos altos que no necesitan los efectos de esta p
En tanto, Rafael Sánchez, director del magíster en Políticas Públicas de la U. Diego Portales, señaló que "dado que la inflación actual debería ser de carácter transitorio es razonable que el Gobierno apoye a las familias", añadiendo que "el mecanismo de ayuda, que es por carga para todos los que están en el SUF, me parece bien". Sin embargo, acotó que "me preocupa el corte discreto que tiene, porque esto es a las personas que están en el 60% más vulnerable. Yo habría hecho quizás una asignación que fuera decayendo más gradual, no tan discreto".
"Pero, aparte de eso, en general el mecanismo de ayuda me parece razonable, me preocupa más el incremento fuerte del salario mínimo. Creo que es un incremento bastante fuerte en muy poco tiempo y con una economía que está recién empezando a salir del tema de la pandemia. El mercado laboral está medio débil todavía", agregó.
Rodrigo Montero, decano de la facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma, sostuvo que "el mecanismo por el cual ha decantado el Ejecutivo es el más eficiente y que menos distorsiones genera".
"Se habían mencionado otros mecanismos como rebajas del IVA o subsidiar los precios de algunos bienes que forman parte de la canasta básica de alimentos. El problema de estos mecanismos alternativos es que no resuelven el problema. Por ejemplo, las rebajas de IVA muchas veces no se traspasan a menores precios para los consumidores, y si así fuese, termina beneficiando a segmentos de la población no están más necesitados. Los subsidios a los precios de algunos bienes comparten la falencia recién mencionada: benefician a toda la población, y no permite focalizar los recursos", expuso.
En esa línea, valoró que se esté pensando en destinar los recursos al "segmento de la población más vulnerables", aunque también comentó que "tal vez se podría haber hecho un mayor énfasis en aquellos segmentos de menores ingresos mirando más de cerca el Registro Social de Hogares, porque vemos que para el caso de los asalariados -al menos para parte de ellos- hay una doble ayuda: aumento del salario mínimo y un aumento en la asignación familiar".
La experiencia internacional
Son varios los países que han tomado medidas para paliar los efectos de la inflación, incluso dentro de la región. Brasil, por ejemplo, ha implementado importantes bajas en los aranceles de las importaciones. De hecho, a fines de marzo el Presidente Jair Bolsonaro definió suspender hasta diciembre el impuesto para importar etanol -y así aliviar el precio de los combustibles- y seis alimentos de la canasta básica: café molido, azúcar, aceite de soja, margarina, queso y fideos.
A su vez, la semana pasada Argentina anunció un bono único para los grupos más afectados por la inflación -que en ese país supera el 50%-, que se otorgará a independientes, informales y jubilados con la pensión mínima. La ayuda equivale a unos US$90.
El Parlamento de Uruguay, por su parte, hace algunas semanas aprobó un proyecto que elimina por 30 días el IVA a productos como el pan blanco y las pastas. Medida que se complementó con el acuerdo del Gobierno y empresas para mantener el precio de algunos cortes de carne y huevos, además de analizar la eliminación temporal de tributos que gravan las importaciones de algunos productos como el aceite.
En México el Gobierno decidió en marzo entregar un subsidio adicional para paliar el alza del precio de los combustibles, bajo un mecanismo similar a como opera el Mepco en Chile. Además, el Mandatario Andrés López Obrador anticipó que anunciará un paquete de incentivos a la industria para incrementar la producción de alimentos y analiza imponer precios máximos a los alimentos de la canasta básica.
En Perú, el país de la región donde la escalada inflacionaria, por ahora, ha generado un mayor descontento social con intensas protestas en las calles, la administración de Pedro Castillo suspendió un impuesto para algunos tipos de combustibles y también para el diésel, mientras que en El Salvador los precios de las bencinas se congelaron y también se eliminará el IVA para los productos de la canasta básica.
En países europeos también han ido al rescate por la inflación. Francia, por ejemplo, desde octubre pasado que mes a mes entrega el denominado "subsidio de inflación" de 100 euros (casi US$110) a cerca de 38 millones de franceses, además mantendrá durante 2022 el denominado "escudo de tarifas" que congela los precios del gas y limita los de la electricidad.
El Presidente de Polonia, Mateusz Morawiecki, anunció hace algunas semanas una histórica rebaja de impuestos y un plan que incluye subsidios a los hogares para enfrentar el alza de los precios de combustibles y energía, así como rebajas del IVA y la eliminación de este para los alimentos.
