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Deuda pública podría llegar al 140% del PIB: La polémica entre Banco Central y Gobierno español por sistema de pensiones

La entidad advirtió que, de no introducir mecanismos automáticos que adapten algunos parámetros a los cambios demográficos y económicos, el gasto en el sistema público previsional constituye la mayor amenaza para el Fisco.

20 de Mayo de 2022 | 08:01 | Por Ignacia Munita C., Emol
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EFE.
El envejecimiento de la población española es un problema que lleva años agudizándose, y es altamente probable que en los próximos años esta situación genere tensiones en el sistema previsional.

Así lo advirtió el Banco de España en la última edición de su Informe Anual publicado esta semana, en el cual la institución señala que la evolución del gasto del sistema público de pensiones constituye la principal amenaza de futuro para las cuentas públicas, y alerta que, en ausencia de medidas para contener los costos, o generar nuevos ingresos, este puede llevar al Fisco a un nivel de deterioro sin precedentes.

En cifras, las proyecciones del banco apuntan a que, mientras no se ejecuten acciones que contribuyan a sustentar los altos costos de la reforma impulsada por el Gobierno, el déficit podría anclarse de forma estructural en niveles cercanos al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), con lo cual la deuda pública podría elevarse hasta el 140% del PIB.

Esto, considerando que el número de jubilados en la nación europea ha aumentado en un millón durante la última década, hasta alcanzar los 10 millones. De hecho, según la a Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de España, en los próximos treinta años la cifra crecerá en cerca de siete millones hasta situarse en 16,45.

Lo anterior ha implicado que el gasto anual en pensiones se multiplique por tres en los últimos veinticinco años, pasando de alrededor de 45 mil millones en 1996 a más de 150 mil en 2021.

Ante este escenario, el Banco de España entregó varias recomendaciones para hacer frente a los incrementos de gasto en pensiones que se originarán por el envejecimiento de la población, y entre ellas considera que "podría ser conveniente valorar la introducción de mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas".

Si bien no precisa qué herramientas serían las más apropiadas, destaca que podría ser de utilidad la modificación de la edad de jubilación o de la cuantía de las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida.

También entrarían dentro de esta clasificación el factor de revalorización de las pensiones que limitaba su incremento a una horquilla en función del saneamiento de las cuentas del sistema, el cual fue sustituido por la revalorización automática de las pensiones según la inflación media anual.

Con esta sugerencia sobre la conveniencia de incluir mecanismos automáticos de ajuste, el banco defiende el modelo que fue derogado y sustituido recientemente por la reforma impulsada por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España.

Por otra parte, la entidad subraya que, de acuerdo con las estimaciones de la AIReF, reveladas en su Informe sobre el envejecimiento de la Comisión Europea, la derogación de los factores de revalorización y sostenibilidad suponen que el gasto en pensiones crecerá entre 4,1 y 4,3% del PIB entre 2019 y 2050.

Según los cálculos, la mayoría de dicho incremento –entre el 55 y 65% de la alza adicional del gasto- se debería a la actualización de las pensiones con el IPC anual, otro 20% correspondería a la eliminación del factor sostenibilidad, y el resto –entre un 15 y 25%- estaría asociado al aumento natural por la evolución demográfica y macroeconómica.

Asimismo, el análisis llama la atención sobre el diseño de los incentivos fiscales al ahorro privado a los planes complementarios desarrollado por el Ejecutivo en el marco de su reforma, y plantea que pese a la utilidad de los planes colectivos que se busca fomentar, los aportes a los planes de previsión social –individuales, de empleo y asociados- cayeron más de un 30% en 2021.

Y atribuye este retroceso a la disminución de los incentivos fiscales a los planes individuales en favor de los planes colectivos de empleo, que pese a la mejora de su tratamiento fiscal, apenas variaron.

En respuesta a estos cuestionamientos, el ministro Escrivá indicó que el informe del Banco de España adolece de consistencia técnica y no aporta al debate sobre prensiones. "El banco no ha hecho ningún análisis nuevo sobre las medidas que se han adoptado ya o sobre las que se van a adoptar y están formuladas de manera genérica y las referencias cuantitativas se refieren a un informe de cuando aún estaba en la Airef. Esos son los mimbres del estudio", subrayó.

"Hay una falta de sofisticación en el análisis del Banco de España sobre las pensiones", dijo la autoridad, que también se manifestó sorprendido por la defensa que la institución hace de la reinstauración de un mecanismo similar al ya derogado Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013.

"Podría ser conveniente valorar la introducción de mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas"

Banco de España
El Factor de Sostenibilidad era el mecanismo de ajuste a largo plazo del sistema público de pensiones instaurado en la reforma de 2013, cuyo objetivo principal era garantizar que la prestación inicial de los jubilados respondiera a la esperanza de vida vigente en cada momento para garantizar un cierto equilibrio intergeneracional, de modo que la inadecuación de la edad legal de jubilación a la esperanza de vida no se tradujera en una mayor prestación relativa de jubilación.

Igualmente, garantizaba que la pensión inicial recibida por los beneficiarios se recortara si la edad legal de jubilación no se incrementaba con arreglo a la mejora de la esperanza de vida.

En ese sentido, Escriva asegura que el Mecanismo de Equidad es una versión más sofisticada del Factor de Sostenibilidad. La medida, que parte de una subida de cotizaciones a trabajadores y empresas del 0,6% durante un periodo inicial de diez años, y que podría llegar a acumular hasta 25.000 millones de euros extra al final del periodo en Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

En concreto, el secretario de Estado sostuvo que este nuevo mecanismo es una medida "sofisticada", consistente en una "función de reacción" y "en una regla de decisión", aunque no automática.

Recordó además que, en función de las proyecciones de gasto de Europa cada tres años, si hacia 2030 se produce una brecha con respecto a las previsiones, es cuando deben tomarse decisiones, ya sea sobre los ingresos, los gastos o ambos.

"No tiene sentido hacer una regla automática a diez años vista (...). Sabemos mucho de reglas, fui presidente de la Airef durante seis años, era el responsable del cumplimiento de las reglas fiscales en España. Por tanto, que me hablen a mí de reglas. Las reglas automáticas no funcionan en ningún sitio", enfatizó el ministro.
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