¿Cuánto costaría implementar -en caso de aprobarse en el Plebiscito- la propuesta de Nueva Constitución? Ésta fue la interrogante en torno a la cual un grupo de destacados economistas desarrolló por varios meses un estudio, con el fin de aportar a la decisión informada de la ciudadanía de cara al referéndum del 4 de septiembre.
Se trata de un documento -elaborado por los economistas
Rodrigo Valdés, Claudia Martínez, Guillermo Larraín, Andrea Betancour, Rodrigo Vergara y Gabriel Ugarte- cuyo foco principal de análisis fue el precio involucrado en el cumplimiento de cada disposición del texto como gasto directo.
Esto permitió distinguir tres clases diferentes de gasto, como el gasto anual recurrente directo de satisfacer el mandato, los gastos recurrentes en administración estatal, y los gastos no recurrentes por ajustes de stock que, por una sola vez, son necesarios para cumplir ciertos estándares. Todo con el fin de ilustrar en cifras el impacto que tendría sobre el Fisco la propuesta de Carta Fundamental.
De lo anterior surgieron 29 áreas temáticas con su respectivo costo, supuestos y gasto, que dieron origen al estudio "Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de Nueva Constitución" que, en concreto, define dos escenarios posibles: uno de ellos, de menor gasto, alcanza a 8,9% del PIB, equivalente a US$25.210 millones, que se descomponen en 7,1% del PIB de costos en régimen y 1,8% del PIB de costos por ajuste de stock en diez años.
Este último valor corresponde a un costo total por ajuste de stock de 18% del PIB.
El segundo, de mayor gasto, alcanza el 14,2% del PIB, equivalente a US$40.109 millones, el costo en régimen y el ajuste de stock en diez años corresponden a un 11,4% y 2,7%, respectivamente, con un costo total de ajuste de stock de 27,2% del PIB. En tanto, que el gasto administrativo corresponde a 1,8% del PIB.
El informe, además compara el volumen de gasto con otros procesos constitucionales y ubica la proyección en torno a lo que vivieron países como Colombia (24,1%), España (25,4%) y Ecuador (38,7%).
Además, en ambos escenarios se señala que
el área de mayor gasto es Protección Social, coincidiendo con los Derechos Fundamentales de la propuesta constitucional que incluye materias como vivienda, seguridad social, erradicación de la violencia contra la mujer, interculturalidad y plurilingüismo, pueblos indígenas, derecho a la tierra, entre otros.
Lo anterior involucra en torno a la mitad del costo incremental en ambos casos, alcanzando un 4,48% del PIB y 7,25% del PIB. Le sigue Salud, con 1,89% del PIB en el escenario más bajo y 2,75% del PIB en el alto; Educación, con 0,81% del PIB y 1,40% del PIB, respectivamente; Servicios Generales (0,67% del PIB y 0,94% del PIB); Orden Público y Seguridad (0,29% del PIB y 0,53% del PIB), y la lista continúa.
¿Mucho o poco gasto?
Desde la perspectiva de Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, "el análisis del costo fiscal asociado a la propuesta constitucional me parece muy bien abordado, conteniendo las distintas aristas en materia de derechos que se abordan y una mirada a la experiencia de otros países".
No obstante, aseguró que "el resultado es tremendamente preocupante. El monto calculado definitivamente no es financiable, por lo que llevaría a presiones fiscales difíciles de manejar", agregando que "la reforma tributaria propuesta por el Gobierno no financia ni la mitad de lo requerido, aun siendo tremendamente agresiva y con impactos relevantes en el crecimiento".
"Se deduce, por tanto, que el gasto fiscal comprometido es ciertamente excesivo. Llevaría a un tamaño superlativo del Estado, con los consecuentes impactos en burocracia, falta de agilidad y menor dinamismo económico", acotó.
Y aseguró que "lidiar con ello será especialmente complejo, aun a través de una implementación gradual. En consecuencia pone en riesgo la responsabilidad fiscal como eje de desarrollo, comprometiendo las mejoras que aspiramos en bienestar social".
En tanto, Carlos Smith, docente investigador del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, dijo "la verdad es que esto es una locura, dicho con todos sus letras, porque hoy día el presupuesto del Fisco es un poco menos US$70 mil millones, y esto significa agregarle US$45 mil millones más. Claro, en un plazo de diez años, pero es pasar a representar más o menos el 20% del PIB al 35% del PIB, de un PIB que no crece, de una economía que hace bastante años viene creciendo muy poco".
"Nadie podría esperar, leyendo el texto de la Constitución si es que se aprobara, mirando este informe de costos que podrían estar asociados, que esto simplemente se vaya a hacer de un día para otro (...). Se va a requerir mucho más tiempo, porque los recursos no están, no van a estar"
David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales
"Consideremos que se está generando una reforma tributaria tremenda, la más grande nunca vista, y que pretende recaudar 4,2%. Aquí estamos hablando de entre 9 y 14%, entonces, la verdad es que es muchísimo, es un gasto que como país no podemos abordar. Podríamos abordarlo con deuda, pero eso sabemos lo que implica desde el punto de vista de los efectos negativos que eso trae para el futuro, podemos cruzar la cordillera y mirar lo que significan ese tipo de cosas", acotó.
Y apuntó: "haría una mirada de lo que pasó en Colombia, que cuando se dieron cuenta de que no podrían solventar lo que la Constitución decía, tuvieron que empezar a ajustarlo".
Destacó que "se produjeron un montón de cosas que también está en la propuesta de nueva Constitución de que cada región tiene esta capacidad de endeudarse. Uno le podría poner límites a ciertas cosas, pero la verdad es que a la larga, si no se puede pagar, el que va a terminar pagando es el estado central, y de nuevo, tenemos muchos ejemplos en la región que pueden demostrar lo que termina pasando con ese tipo de políticas".
Para David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales,"el volumen de recursos asociados es cuantioso y nosotros deberíamos estar pensando que algo de esta naturaleza no es simple de lograr, y que es fundamental manejar las expectativas, y deberíamos estar hablando mucho sobre la progresividad, o la gradualidad".
"Nadie podría esperar, leyendo el texto de la Constitución si es que se aprobara, mirando este informe de costos que podrían estar asociados, que esto simplemente se vaya a hacer de un día para otro", advirtió, recalcando que
"se va a requerir mucho más tiempo, porque los recursos no están, no van a estar", explicó, en entrevista con
EmolTV.
"Para que obtengamos esos recursos se va a requerir tener una economía que esté creciendo, entonces también ahí hay que tener cuidado. Hay que recuperar un crecimiento económico de mediano plazo, que ha sido más bien bajo en la última década, porque el crecimiento económico es lo único que nos va a asegurar tener un piso mínimo por el cual vamos a poder tener una agenda que va en esa dirección", sostuvo el economista.
