El viernes vence el plazo para que el gobierno presente el proyecto de ley de Presupuestos de 2023. Y, previo a ello, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió sobre los riesgos macroeconómicos de comprometer gastos con cargo a la reforma tributaria antes de que los mayores ingresos esperados se materialicen.
El CFA presentó hoy su iforme semestral ante la comisión especial mixta de Presupuestos del Congreso, el organismo público indicó que "eventuales incumplimientos de la senda de convergencia de las finanzas públicas, podrían traducirse en una baja adicional en la calificación crediticia de Chile; persistencia de altas tasas de interés; un mayor costo de endeudamiento para el gobierno, las empresas y las personas, y alzas sustantivas de la deuda bruta".
Para ejemplificar lo anterior, las simulaciones elaboradas por el Consejo que preside Jorge Rodríguez, señalan que si el déficit estructural se mantiene constante en su valor promedio de los últimos 10 años -es decir, 2% del PIB-, la deuda bruta sobrepasaría su nivel prudente -de 45% del PIB- desde 2027 en adelante.
En el caso particular de que el proyecto de reforma tributaria en trámite, que, de acuerdo a estimaciones de Hacienda, apunta a recaudar ingresos por 3,6% del PIB en régimen, la entidad plantea que si dicha meta se cumple en solo un 80% de lo esperado, la deuda bruta "superaría el nivel prudente" a partir de 2030.
"Si se diera el caso de comprometer gasto por el total de la recaudación esperada, pero ella resultase menor, se generarían dinámicas de deuda crecientes en el largo plazo. Por ejemplo, acorde al modelo de sostenibilidad fiscal del CFA, si la recaudación anual fuese un 80% menor a lo esperado y no se ajustase el gasto correspondiente, la deuda bruta superaría el nivel prudente a partir de 2030", enfatizó Rodríguez,
De concretarse el escenario planteado, la deuda bruta se ubicaría en 45,5% del Producto hacia 2030, desde el cerca de 35% que se ubica actualmente. En la década posterior llegaría a 53,5%; para luego empinarse a 63,7% en 2050; a 77,8% en 2060; y cerrar en 96,4% en 2070.
Lo anterior llevaría el gasto por intereses de la deuda que paga el sector público a duplicarse, pasando de un equivalente de 2,5% del PIB a 5,6% en 2070.
A la vez, el CFA sugiere "profundizar los esfuerzos para lograr mayor eficiencia y transparencia en el gasto público, buscando espacios de reasignación sustantivos, lo que debiera basarse en las evaluaciones que realiza la Dipres y otros organismos, y apoyarse en la búsqueda de amplios consensos desde un punto de vista técnico y político".
Otras advertencias
En su informe, el Consejo valoró el "esfuerzo de convergencia fiscal" que se ha realizado este año, a través del retiro de las medidas fiscales extraordinarias implementadas en 2020-21 para enfrentar la pandemia
"Lo anterior, contribuye a enfrentar los desequilibrios macroeconómicos en materia de déficit estructural, endeudamiento público, inflación, déficit en cuenta corriente y riesgo país. Así, el CFA recalca en su documento la importancia de afianzar la convergencia fiscal en los años siguientes", señala el reporte.
"Si se diera el caso de comprometer gasto por el total de la recaudación esperada, pero ella resultase menor, se generarían dinámicas de deuda crecientes en el largo plazo. Por ejemplo, acorde al modelo de sostenibilidad fiscal del CFA, si la recaudación anual fuese un 80% menor a lo esperado y no se ajustase el gasto correspondiente, la deuda bruta superaría el nivel prudente a partir de 2030"
Jorge Rodríguez, presidente del CFA
Al respecto, Rodríguez afirmó que "siendo este un paso importante, es fundamental mantener el esfuerzo de consolidación en pro de asegurar la meta de déficit estructural fijada para 2026 (0,3% del PIB), y evitar que la deuda supere el nivel prudente de 45% del PIB".
Además, el Consejo señala que "si bien en el escenario base del CFA que se asume como el más probable- no se supera la deuda prudente, existen riesgos importantes donde las probabilidades de insolvencia para las finanzas públicas dejan de ser bajas".
Dichos riesgos están asociados a sendas de convergencia para el Balance Estructural con déficits persistentes y elevados, tales como los que se han observado, en promedio, durante los últimos 10 años; comprometer gastos permanentes sin contar con ingresos igualmente permanentes para su financiamiento; una ralentización del crecimiento tendencial de la economía, y condiciones externas más adversas, como una caída del precio del cobre por sobre lo esperado.
El organismo agrega también un análisis sobre la meta de déficit estructural, de 2,6% del PIB para 2023, planteada por la Dipres en su último Informe de Finanzas Públicas. Sobre este punto, el Consejo recalca que esa cifra implicaría un aumento superior a 2 puntos porcentuales del PIB respecto del déficit con el que se estima que se culminará este 2022.
En este sentido, la entidad menciona que esto "implicaría un retroceso en la convergencia fiscal del próximo año", por lo que se "haría imprescindible para la sostenibilidad fiscal que el Ministerio de Hacienda ratifique retomar la senda de consolidación desde 2024 en adelante, para llegar a un déficit estructural de 0,3% del PIB en 2026".
