Tras un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) con el banco BCI, la empresa deberá pagar a consumidores afectados por cobros indebidos por concepto de gestiones de cobranza judicial, aplicados bajo la figura de supuestos "honorarios judiciales".
El acuerdo, que ya fue aprobado por la justicia, implica que 10.350 consumidores que fueron perjudicados por estos cobros indebidos, entre el 1 de julio de 2020 y el 18 de enero de 2023, día en que comience la etapa de implementación del acuerdo, recibirán una devolución de su dinero que en promedio llega a $620.131, lo que incluye intereses y reajustes.
Esto implica un desembolso para la entidad financiera de más de $7.200 millones.
También la empresa deberá compensar por el costo del reclamo a todos los consumidores que acudieron al Sernac por este tema, entre el 1 de julio de 2020 y el 28 de septiembre de este año, ambas fechas inclusive.
Asimismo, a través de este procedimiento, BCI se comprometió a modificar su conducta y no aplicar a futuro este tipo de cobros ilegales a través de la modificación del contrato de adhesión y anexos respectivos, e informando estos ajustes a los consumidores con contratos vigentes.
El acuerdo establece que BCI deberá realizar una campaña informativa a los consumidores y, luego de ello, se procederá al pago del dinero en la cuenta que el cliente indique. Si el consumidor mantiene alguna deuda morosa con el banco, este descontará aquello de su compensación.
Este PVC se inició luego de que el Sernac detectara, a través de una investigación, que BCI, BICE y Banco de Chile incluían en sus contratos una cláusula donde fijaban anticipadamente el monto de los "honorarios judiciales" y el deber del consumidor de pagarlos con ocasión de la cobranza judicial de los créditos y la celebración de los acuerdos extrajudiciales que les ponían término.
En BCI estos "honorarios" correspondían a un 15% del monto demandado, mientras que en Banco de Chile era entre 10% y 15% del total demandado, más gastos y/o costas judiciales. En el caso del Banco BICE, era el 10% de lo demandado, más los gastos y costas judiciales.
Según el Sernac, la inclusión de estas cláusulas y la aplicación de estos cobros no se ajustaban a lo que establece la Ley del Consumidor y atentaban en contra la buena fe, ya que no obedecen a parámetros objetivos y producían desequilibrio y perjuicio de los consumidores.
Bice y Banco de Chile
El primer acuerdo se alcanzó con el banco Bice que, tras ser informado por parte el Sernac de estos hallazgos, a fines de noviembre de 2021, solicitó el inicio de un PVC, presentando una propuesta de solución, comprometiéndose a restituir el dinero a los 28 consumidores afectados por un monto total de $12 millones aproximadamente, y a ajustar sus contratos de adhesión.
Además de BCI y del Bice, la entidad detectó que Banco de Chile aplicaba este tipo de cobros ilegales. No obstante, dicha entidad financiera no estuvo dispuesta a buscar una solución extrajudicial, por lo que fue demandada colectivamente en febrero de este año 2022.
Actualmente, esta demanda se encuentra en tramitación en los tribunales de justicia y se encuentra disponible un formulario de daño moral, en el que las personas afectadas pueden relatar todo daño sufrido que afecte su integridad física, psíquica o su dignidad. Esta información se recabará y servirá como antecedentes en el juicio.
Respuesta de BCI
Desde BCI, en una declaración, recalcaron que lo que originó el caso fue una "diferencia entre las partes sobre la interpretación de una norma", asegurando que "no se ha producido infracción alguna".
Además, la entidad aseguró que "siempre ha actuado de buena fe" y que "los monstros que serán devueltos corresponden exclusivamente a cargos por gastos de cobranzas judiciales en los que debió incurrir en casos de clientes que incumplieron obligaciones pactadas entre las partes".
"Los clientes contemplados en este PVC serán contactados por BCI para la devolución", cerró.
