Expertos califican la situación como una "crisis sanitaria", ante los diversos síntomas que han dejado entrever el oscuro escenario financiero que están atravesando las isapres.
El último anuncio que sacudió a la industria fue el quiebre entre la isapre Cruz Blanca y Clínica Indisa. El centro de atención médica comunicó que la aseguradora ha decidido no cumplir su contrato relacionado con el reajuste por inflación. Por ende, los afiliados deberán cancelar directamente en Indisa las prestaciones y luego, solicitar el reembolso.
Además de que miles de afiliados tendrán que pagar desde sus bolsillos para atenderse,
expertos advierten un futuro poco auspicio de no tomar medidas oportunamente. Demoras en los reembolsos y rechazo de licencias médicas pueden ser uno de los próximos indicios de un colapso del sistema.
Hoy las isapres están esperando la respuesta de la Superintendencia de Salud respecto al último fallo de la Corte Suprema sobre cómo se van a recalcular los contratos de los planes sobre la base de la tabla única de factores, clave para el futuro de un sistema privado de salud que ya se encuentra difuso por la intención del Gobierno de avanzar a un sistema único.
"La decisión que adopten determinará si continúan o no las isapres y, con esto, las coberturas que han elegido, de acuerdo con sus necesidades, más de tres millones de afiliados", manifestó la Asociación de Isapres a través de un comunicado. "Los plazos apremian y no se evidencia que el Gobierno esté ponderando el peligro de una crisis sanitaria de esta magnitud", afirmó.
El mensaje fue reiterado por el presidente de la agrupación, Gonzalo Simón en un conversatorio este jueves en la Universidad Autónoma. "Este problema tiene solución, y a nuestro parecer no es difícil, pero depende de qué es lo que hará el Gobierno en el corto plazo", dijo.
Asimismo hizo un llamado a la Superintendencia de Salud a "terminar con la incertidumbre".
Cabe recordar que en diciembre, el máximo tribunal dispuso de seis meses para que la Superintendencia de Salud se manifestara. Plazo que las aseguradoras consideraron excesivo, atendiendo a la gravedad de la situación y solicitaron celeridad a la entidad.
Ante este reclamo, el superintendente de Salud, Victor Torres, argumentó que "no falta celeridad por desidia sino que porque debemos actuar con prudencia y racionalidad".
"Tengo plena consciencia de la situación, estamos moderando la mejor forma de la aplicación", agregó.
En esa línea, aseguró que la Superintendencia no utilizará los seis meses dispuestos por la Corte Suprema para estudiar la manera de implementación, y adelantó que anuncio será "antes de junio", sin entregar una fecha concreta.
En medio de ello, diversos actores han manifestado su preocupación por el futuro de las aseguradores y analizado cuáles son las posibles soluciones al problema. Entre ellos, un puñado de ex superintendentes de Salud.
Manuel Inostroza, Patricio Fernández y Héctor Sanchez, se reunieron en un conversatorio de la Universidad Autónoma - moderado por la ex ministra Karla Rubilar quien hoy es académica y jefa de la unidad de salud pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la casa de estudios - para entregar su visión sobre el futuro de las aseguradores.
"El no dar una concreta vía de solución que al menos entregue ciertos criterios de que esto se va a resolver, intranquiliza y deja más preocupados a la población que hoy está sufriendo la falta de cobertura".
Manuel Inostroza
Frente a más de cien personas,
las ex autoridades - de diversos sectores políticos - manifestaron sus preocupaciones y emplazaron al Gobierno ha adoptar medidas con urgencia.
Manuel Inostroza, superintendente de Salud durante el primer Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet criticó que Torres no manifestara explícitamente cuándo se conocerá el mecanismo ordenado por la Corte Suprema. "No tranquilizan sus plazos (...) los 300 mil enfermos que tiene el sistema privado de salud tienen que están muy desilusionados", dijo.
"El no dar una concreta vía de solución que al menos entregue ciertos criterios de que esto se va a resolver, intranquiliza y deja más preocupados a la población que hoy está sufriendo la falta de cobertura", sostuvo.
Por su parte, Patricio Fernández, superintendente de Salud durante el segundo período del ex presidente Sebastián Piñera llamó a transparentar la posición del Ejecutivo. "Este sistema, para este Gobierno, está terminado", indicó.
Argumentó que "hay mesas de trabajo del Ministerio de Salud con las isapres que no se reúnen hace mucho tiempo, por ese lado no hay intención de ninguna inciativa legislativa para mejorar".
Asimismo, expuso que "el Gobierno ha dado muestras de que lo va hacer es fortalecer el seguro público para afrontar la gran cantidad de personas que eventualmente pueden quedar sin la isapre, pero eso claramente no es una solución".
Finalmente, dijo que "hay que reconocer que estamos en una situación terminal que el Gobierno no tiene el ánimo de avanzar en una transición permitiendo el funcionamiento de las isapres".
También, Héctor Sánchez, quien encabezó la Superintendencia de Isapres entre 1990 y 1903 bajo la administración del ex presidente Patricio Aylwin - institución que en 2005 pasó a ser la Superintendencia de Salud - aseguró que al Gobierno le "falta urgencia".
"Hay que cuidar son las millones de personas que están en el sistema y que caerían en una situación de falencia brutal si es que no se resuelve el problema", postuló.
Propuesta parlamentaria del fondo "E"
¿Qué pasará con las personas adeheridas a las isapres en caso de que la quiebra llegue para alguna de ellas? Si bien varias voces han advertido la compleja situación de las aseguradoras, el futuro de qué pasará en un peor escenario aún es incierto.
Esta duda llevó al diputado Tomas Lagomarsino a presentar un proyecto de ley que tiene por objetivo dar la garantía a los actuales beneficiarios de que, ante la quiebra de una isapre, será el Estado quien asuma la responsabilidad de otorgar los beneficios contratados, sin deterioro de coberturas ni cambios sustanciales en las condiciones contratadas, a través de un régimen especial de Fonasa.
Si bien el congresista calificó el régimen especial como "grupo E" aclaró que "en ningún caso tiene similitudes prácticas con los grupos tradicionales de Fonasa (A,B,C y D), la inciativa no fue respaldada por los ex superintendentes de salud.
Por su parte, Inostroza dijo que la propuesta "tiene varios problemas".
Agumentó que "podría tener un problema constitucional porque generaría una discriminación a las personas que vendrían de isapres versus las personas que están en otros grupos, quiénes no podrían optar a este plan especifico".
En segundo lugar, aseguró que es un proyecto que "parte desfinanciado".
"No sé si el ministro de Hacienda, quien está luchando por una reforma tributaria y una reforma de pensiones, tiene $300 mil millones hoy para hacerse cargo de los afiliados de isapres. Creo que es inviable está iniciativa", putualizó.
Por su parte, Sanchez dijo que "el plan tiene dos grandes problemas. Uno, no es sustentable, no permite resolver los problemas, porque vas a depender de un Fonasa que hoy administra un plan con dos modalidades y con tres aranceles a un Fonasa que va a administrar 56.200 planes. Eso es inviable".
Además, advirtió que significaría un aumento en el gasto fiscal importante. También sostuvo que "el proyecto que presenta el diputado Lagomarsino, a mi juicio, es inconstitucional porque genera un gasto fiscal".
En el caso de que el Gobierno lo llegue a presentar, Sanchez dijo que sería "un plan para alcanzar la estatización del sistema de salud".
