Este miércoles el Gobierno sufrió un duro golpe: la reforma tributaria, considerada como la columna vertebral de la actual administración, fue rechazada en su idea de legislar por la Cámara de Diputadas y Diputados. Dicho resultado, totalmente inesperado hasta el día de hoy, se resolvió por 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, en una elección que requería quórum de mayoría simple.
Con esto la discusión de la iniciativa se cierra por un año, salvo que el Ejecutivo intente enviarla al Senado, donde tendría que conseguir un apoyo de dos tercios para que nuevamente sea revisada por los diputados. Así, el primer portavoz de La Moneda en lamentar la decisión fue el ministro de Hacienda,
Mario Marcel, pues se trata de la peor derrota política que ha sufrido el jefe de la billetera fiscal en toda su gestión.
"La ideología se impuso sobre el pragmatismo, se impuso sobre el diálogo", dijo el secretario de Estado, quien anunció que el Ejecutivo no insistirá para reponer el proyecto en el Senado. "De esta manera se rechazó la idea de que exista una reforma cuyos recursos fueran a financiar el aumento de la PGU, la reducción de las listas de espera en los hospitales o el aumento para la salud primaria", advirtió.
"Eso es lo que se votó en contra, eso es lo que se rechazó y junto con eso se rechazó cada uno de los componentes del proyecto. Por lo tanto, esta votación es una mala noticia para los pensionados, para la inversión y la productividad", agregó.
Sus principales nudos
Desde el inicio de su debate, ocho meses atrás, la ambiciosa propuesta -con la que se buscaba recaudar 3,6% del PIB en régimen- ha sido motivo de reparos. Por ejemplo, a mediados de octubre del año pasado, en una columna publicada por El Mercurio, el economista y profesor titular de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebbel, sostuvo que "de aprobarse como ley -la reforma tributaria- constituiría la cirugía más radical realizada a nuestro sistema tributario. La propuesta eleva a niveles extremos los impuestos a los ingresos del capital que pagan las empresas y las personas".
Además de mencionar que el proyecto incluye muchas medidas que son "inequitativas e ineficientes", recalcó que "el Congreso debe rechazar esta propuesta en su formulación actual (incluidas las indicaciones), porque su aprobación destruiría un pilar central del desarrollo de Chile".
Uno de los principales nudos y que generó roces con la oposición fue el impuesto al patrimonio. De hecho, el diputado Jaime Naranjo (PS), quien preside la comisión de Hacienda de la Cámara, comentó a este medio a mediados de octubre del año pasado -cuando recién comenzaba su debate en particular en la instancia- que "en vez de sumarse -la derecha- para atacar a los que eluden y evaden, pareciera ser que no quisieran atacar de raíz este acto ilícito, y le están buscando las cinco patas al gato para no tener una política más drástica en estos actos ilegales".
"La ideología se impuso sobre el pragmatismo, se impuso sobre el diálogo"
Mario Marcel, ministro de Hacienda
Postura que compartió el diputado del Partido Liberal,
Vlado Mirosevic, quien manifestó por la misma fecha que "los principales nudos estarán en los
tributos al patrimonio, a las utilidades retenidas y la limitación al uso de pérdidas de arrastre, entre otras".
Según el diputado Guillermo Ramírez (UDI), "el fin de esta reforma es recaudar 4 puntos del PIB, lo cual es imposible y va más allá que la reforma del ministro Arenas; y lo hace con instrumentos que destruyen la inversión en Chile", resaltando que dicha iniciativa "fue la que puso fin a los 30 años de progreso económico en Chile".
Cabe mencionar que la reforma planeaba un tributo a la riqueza con una recaudación proyectada de 0,5% del PIB. Se trata de un gravamen que ha sido derogado por la mayoría de los países que alguna vez lo suscribieron por la baja colecta, los altos costos asociados a su implementación y las distorsiones económicas que produce.
El RN Fran Sauerbaum en ese entonces mencionaba que "hay serios problemas con seguir gravando y recargando los impuestos corporativos, particularmente, las utilidades retenidas, que van a desalentar el ahorro y la inversión, y obviamente eso va a traer menos capacidad para poder fomentar la nuevas fuentes de trabajo".
Aparte de eso, Sauerbaum recalcó que "nuestras diferencias están en la afectación que va a tener la pequeña empresa, perdiendo beneficios tributarios, como el no uso de las pérdidas tributarias, de la depreciación acelerada, del término de la Ley 21.256, que los tiene cotizando al 10%
Otro de los temas que generó debate en la comisión de Hacienda fue la figura del denunciante anónimo, por lo que el Ejecutivo debió realizar ajustes que apuntaban a evitar que existieran denuncias falsas. Con todo, la oposición lo rechazó.
A fines del año pasado, Vicente Furnaro, abogado tributario y socio de Tax Defense, indicó a Emol que los aspectos que levantaban más alertas hasta ese entonces eran "el denunciante anónimo tributario, el término de la franquicia de devolución anticipada del IVA en materia de rentas residenciales, el impuesto a las utilidades retenidas y la falta de normas de incentivo duro a la inversión como la mantención de una depreciación acelerada, son algunos ejemplos que me parecen claramente apuntando en una dirección contraria a la inversión, generación de valor y política pro empleo, elementos clave para lo que se nos viene".
