Una serie de reuniones ha liderado el Gobierno para abordar la crisis financiera de las isapres, sector que advierte un eventual colapso y se encuentra a la espera de que se defina la fórmula con la que se implementará el fallo de la Corte Suprema que les ordenó aplicar la tabla de factores dictada en 2019 y restituir los cobros extra a sus afiliados.
Y este lunes se conocieron los principales lineamientos del proyecto que prepara el Ejecutivo para evitar que la aseguradoras caigan en insolvencia. Producto de ello, ex autoridades de Salud entregan a Emol un análisis en cuanto al período conocido -hasta el momento- para hacer efectiva las devoluciones de cobros excesivos a sus cotizantes.
Según ha trascendido, la ley corta en la que trabaja el Ministerio de Salud propone que los seguros de salud privados devuelvan los cobros en exceso que han hecho a sus afiliados, monto que se acercaría a los US$1.400 millones, en un plazo de 24 meses.
Junto a ello, la iniciativa contempla mejorar la protección financiera de Fonasa mediante seguros voluntarios de copago.
Sin embargo, la titular de la cartera de Salud asistió a la comisión de Salud del Senado, en donde aseguró que las cifras y plazos entregados serían "estimativas". Además, afirmó que el objetivo es alcanzar el "equilibrio financiero del sistema" y adelantó que la aplicación del fallo se podría realizar de forma "gradual".
Opinión de expertos
"Si nosotros cumplimos (el fallo) en el momento cero, se produce una crisis financiera, lo que nosotros mencionamos, en el análisis de la superintendencia, (...) lleva a que en cuatro meses se afecten los indicadores de las isapres, no dijimos que llegaran a la quiebra", explicó el proyecto Aguilera en la sesión en la comisión de Salud del Senado.
Y agregó que "podemos otorgar un plazo para que converjan a un equilibrio financiero, y eso vemos que requiere unas medidas que sí podemos obligar en una ley corta".
El ex ministro de Salud Álvaro Erazo plantea que un período -de 24 o más meses- apunta a una dirección "adecuada". "El Estado está obligado a hacer cumplir la sentencia, sin desmedro de que acá ha corrido harta agua bajo el puente desde el punto de vista de las posibilidades legislativas, y también de las controversias jurídicas que se podrían haber resuelto de manera anticipada", dijo.
"Esta es una medida de contingencia que, de alguna manera, pretende sobrellevar la situación de endeudamiento en que se encuentran las isapres y debiera ser considerado aquello. Pero lo más oportuno hubiera sido haber actuado previamente con consenso", precisó el otrora líder de la cartera de Salud del gobierno de Michelle Bachelet.
"Si quieren que las isapres puedan devolver los montos adeudados, no pueden quebrar"
Ex ministro de Salud, Osvaldo Artaza
El ex jefe de la cartera sanitaria Osvaldo Artaza explicó que el plazo de tiempo debe ser consecuencia en el Congreso en función del cumplimiento de la ley. "Si quieren que las isapres puedan devolver los montos adeudados, no pueden quebrar", deslizó Artaza.
Sobre lo mismo, profundizó diciendo que "para que las isapres puedan cumplir con la ley y no dejen desprotegidas a las personas, va a haber que darles el plazo suficiente y así que no entren en insostenibilidad", dijo el también decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas.
En ese sentido, insistió en que el vencimiento de la fecha límite debe ser consensuado entre los actores a razón de "buscar el equilibrio" entre la insostenibilidad del sistema de seguros privados y la devolución del dinero.
El ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, indicó que "si se aplica una devolución de montos, como los que se ha hablado tanto por la isapres como por algunos expertos, claramente generaría una situación de crisis del sistema y solamente se postergaría por el plazo que entregue esta interpretación de la Superintendencia".
Por lo mismo, una extensión de 24 meses para concretar la devolución del dinero cobrado en exceso a sus cotizantes, según explicó, produciría que los seguros de salud privados "no van a poder asumir en ese plazo el pagar esa cantidad de dinero. Por lo tanto, vamos a tener un sistema que va a caer en una situación de insolvencia, independiente lo que se resuelva en materia de garantías". Y agregó que ello "es una noticia catastrófica para el sistema".
El ex subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, en tanto, indicó que "a pesar de la intención de que no ocurran quiebras de isapres, sí van a suceder", advirtió.
Con todo, destacó que, como plantea el proyecto, Fonasa debe ser robustecido, "porque tendrá que hacerse cargo de un número importante de personas que van a terminar pasando desde el sistema de isapres a Fonasa", dijo.
"No da viabilidad"
A través de un comunicado de prensa, la Asociación de Isapres lanzó duras críticas a los lineamientos de la propuesta del Gobierno. De estos, "han trascendido cifras de eventuales devoluciones. Dichos montos equivalen a la utilidad total reportada por el sistema isapres en 33 años y son cuatro veces mayores al patrimonio de todo el sector, es decir, son de una magnitud que obliga a cuestionar su sentido de realidad y que deben alertar sobre sus implicancias", acusaron.
En ese sentido, agregaron que "lo presentado no da viabilidad a las Isapres; al revés, sería la lápida del sector".
Por ello, "como proyecto carece de toda factibilidad financiera y genera expectativas desmedidas sobre supuestos 'cobros indebidos', cuya calificación resulta impropia y tajantemente rechazamos, pues la operación del sector cumple cabalmente los procedimientos instruidos, regulados y fiscalizados por los órganos estatales", escribieron.
Asimismo, alegan que la propuesta que el Gobierno presente al Congreso "debe ser factible", ya que "lo que nos convoca es cumplir el mandato de la Corte Suprema, custodiando las coberturas de tres millones de beneficiarios y la estabilidad de la red privada de salud, que atiende a 10 millones de chilenos cada año".
"No tiene sentido alguno debatir sobre plazos de una propuesta, si ésta implica una inviabilidad operacional total al quebrantar el equilibrio financiero del sistema", añadieron.
Sobre el plazo límite otorgado por el tribunal, indicaron que "lo que corresponde ahora es comprometernos con la salud de los chilenos y encauzar el debate hacia soluciones reales. Estamos disponibles para trabajar con ese objetivo, sobre la base de propuestas viables que permitan cumplir con los planes de sus afiliados, entre ellos, cientos de miles de pacientes aquejados por enfermedades graves, crónicas y GES, que resultarían gravemente perjudicados con el término de sus coberturas", concluyeron.
